Universalidad y accesibilidad al sistema sanitario

Uno de los principios esenciales en un sistema sanitario gratuito como el nuestro es el de su universalidad, todos los ciudadanos españoles (antes solo los asegurados y ahora incluso los no españoles, como los inmigrantes irregulares) tiene derecho de acceso al mismo. La accesibilidad por definición está unida al derecho de universalidad.  De nada vale un teórico principio de universalidad, si los residentes en zonas rurales inasequibles, las personas marginadas carentes de recursos materiales o pocos estudios o sin relaciones, los residentes en residencias de mayores que en caso de crisis como la que hemos sufrido esta primavera a las que se negó el acceso a los hospitales o las personas mayores que viven en soledad abandonadas en sus casas,  no tienen fácil acceso al sistema sanitario.

El caso más relevante (por su cuantía numérica) de falta de accesibilidad al sistema sanitario son las listas de espera. Las listas de espera que afectan a las personas mayores (tradicionalmente son los más afectados por las mismas) no son solo las sanitarias, quirúrgicas y clínicas, sino también las sociosanitarias relacionadas con la Ley de Dependencia.

El impacto que más impresiona en las listas de Dependencia es el los 47.201 fallecidos en las listas de espera, pendientes de recibir cuidados en los 10 primeros meses de este fatídico año. De ellos, más de 17.000 estaban pendientes de valorar y más de 29.000, ya valorados, estaban a la espera de recibir la ayuda que les correspondía. La lista general de espera ha descendido, pero no porque mejore la atención concedida, sino desgraciadamente por el aumento de los fallecimientos como causa principal a consecuencia directa de la infección por la Covid-19 o la indirecta por falta de asistencia a sus enfermedades crónicas.

Hemos criticado en repetidas ocasiones la falta de voluntad política de resolución de las escandalosas listas de espera sanitarias, uno de los principales problemas de nuestra sanidad. La pandemia simplemente reafirma este problema básico. En junio 2020 la lista de espera quirúrgica era de 691.508 personas, cerca del 3% más que en el mismo periodo del año anterior. Pero, contra lo que se temía,  su número ha bajado en relación con diciembre 2019 (la cifra era 705.000) debido sin duda al aplazamiento de citas o por el miedo de los pacientes al contagio en los hospitales, no porque el sistema sea más efectivo. El problema fundamental de la abultada lista de espera actual no ha sido la Covid-19, sino el ya tradicional retraso del funcionamiento operativo de la sanidad española.

El tiempo medio de espera es de 115 días con un abanico entre 269 en Castilla la Mancha y 42 en Madrid, y con 16% de pacientes esperando más de 6 meses la intervención. Algo inadmisible.

Pero a este tiempo de espera hay que añadirle el de la primer consulta al especialista que en Junio ha crecido también hasta 115 días con la mitad de los pacientes esperando una consulta más de dos meses y un abanico de espera de 158 días en Cataluña y 32 en La Rioja.

Si a estos tiempos se les suma el tiempo de realización de la analítica que solicitará el especialista y su segunda consulta, vemos que el tiempo agregado para una operación es absolutamente insoportable para el ciudadano medio en una operación no urgente o esencial para la vida, que naturalmente tendrán prioridad absoluta.

Un 20 % de la población con recursos suficientes o seguro privado de salud escaparán de estas situaciones, lo que indirectamente hace mejorar los tiempos de espera del sufrido ciudadano medio. Este sufrido ciudadano es el que nos preocupa y especialmente el que en la práctica queda descolgado del sistema, porque el sistema le es pobremente accesible.

Un sistema pobremente accesible no es un pleno sistema universal.

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Eduardo Rodríguez Rovira es Presidente de Honor de CEOMA y Fundación Edad&Vida