En los Presupuestos Generales del Estado, el aumento del gasto social, ¿es buena noticia?

Según palabras de la ministra de Hacienda, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, viene a “fortalecer el estado de bienestar”. Bien es cierto que cualquier aumento de las partidas de gasto correspondientes a Pensiones, Sanidad, Dependencia y Educación son bienvenidas, pero si este aumento de gasto, no viene acompañado de una reestructuración de los distintos sistemas de garantía, me temo, que la sociedad civil no vamos a ver reflejado en nuestro día a día tal “esfuerzo” presupuestario. 

Tenemos encima de la mesa varias cuestiones, que puede hacer volar por los aires las distintas redes de seguridad que conocemos y caracterizan a nuestro país, si estas no son abordadas con urgencia.

Por un lado el desafío demográfico. Del año 1960 al 2020, la población mayor de 65 años ha aumentado en un 14,7% y las previsiones del Instituto Nacional de Estadística para el año 2050, refleja que la población mayor de 65 años aumente hasta el 31,4% de la población de nuestro país. Esta cuestión junto con la falta de nacimientos, hace que la pirámide de población, se esté transformando peligrosamente. Esto, sin lugar a dudas va a tener unas consecuencias económicas para España. Pudiendo poner en riesgo el Estado de Bienestar tal y como lo conocemos.

Por otro lado, el reto de la cronicidad. En sanidad, la conversión, gracias a los avances de la ciencia, de patologías tradicionalmente agudas a crónicas, hace necesario el abordaje de una transformación del sistema sanitario nacional. Este es un sistema diseñado para atender cuestiones agudas, especialmente en los centros hospitalarios, mientras cada vez más son atendidas las patologías crónicas, que desgraciadamente, van a acompañar al paciente durante toda su vida. Este desajuste provoca una falta de optimización de recursos, alejando en ocasiones el servicio de las necesidades reales de las personas.

Y por último, la dependencia, Ley cuya financiación no ha cumplido ningún gobierno nacional con respecto a la parte que debían transferir a las CCAA, que son las que tienen las competencias en esta materia. Lo que provoca la infrafinanciación del sistema. A modo de ejemplo, indicar la falta de revisión de precios de algunas prestaciones desde hace 15 años. La dependencia, es un sistema que está sobre pasado desde el 2010, ya que el documento en el que se basaron para realizar la memoria económica de la “Ley de Dependencia”, reflejaba una previsión de número de personas atendidas para el año 2020, que se alcanzó en el año 2010. Este error de cálculo, es agravado, entre otras cuestiones, por el aumento del número de personas dependientes en nuestro país, debido, tal y como comentaba anteriormente, el reto de la cronicidad.

La sostenibilidad del Estado de Bienestar tal y como lo conocemos, está sin dudas en peligro. Para enmendar esta situación, hace falta una estrategia conjunta y una gran pacto social. Pero claro, para eso hace falta altura de miras, perspectiva y poco “ombligismo”. Cuestiones que desgraciadamente no están de moda. Dejemos de gastar más y gastemos mejor.