El Estado, el baluarte ante la crisis económica

Desde comienzos de 2020, la economía mundial ha visto caer todas las piezas de su engranaje por el coronavirus. Los Estados están siendo, durante estas semanas de confinamiento y de desescalada, el único baluarte de contención para evitar el hundimiento total de la economía.

Los Gobiernos se están viendo forzados a asumir un papel activo, porque la crisis está causando un enorme daño en las empresas, los autónomos y los trabajadores y habría sido inimaginable que los Estados no hubiesen dado un paso al frente para tratar de ayudar y limitar el daño económico, apoyando los empleos tanto como sea posible y salvaguardando las industrias clave. 

A diferencia de otras crisis, en esta están arreciando las voces desde todo el espectro ideológico que piden más protagonismo a los Estados, y los Gobiernos se están dando prisa en ampliar sus competencias y darle un peso mucho mayor en servicios esenciales y en ayudar a quienes se quedan en paro. Muchos países tendrán que apoyar o nacionalizar parte de sus economías, como pronto veremos con sectores como las aerolíneas o la automoción. 

Con el consumo hundido, los estados han tenido que dar un paso al frente como último recurso para evitar que la recesión derive en una gigantesca depresión como la ocurrida en 1929. Ni siquiera, quienes han renegado siempre del papel del Estado en la economía, y quienes han mostrado una mayor alergia impositiva y han sacado su fusta contra lo público cada vez que han podido, niegan hoy la necesidad de dar un paso al frente para evitar que la recesión mute en una gran depresión prolongada en el tiempo. 

Es un claro recordatorio a los escépticos de un sector público fuerte de que esta crisis no puede ser manejada únicamente por el sector privado o la caridad, y como en una guerra no podemos dejar al sector privado la responsabilidad de la batalla. 

Hasta el FMI, nada sospechoso de heterodoxo pese al viraje social de los últimos años, tiene claro que si algo ha cambiado en esta crisis es el papel de los Estados, y así hace mes y medio, cuatro economistas del Fondo decían "la emergencia justifica una mayor intervención del sector público mientras persistan las circunstancias excepcionales". En otras palabras, vienen a decir que no se trata de sustituir al mercado, sino de lo contrario, es decir, garantizar el normal funcionamiento de este cuando pase esta hecatombe. 

La imprescindible presencia de los gobiernos obligará a asumir una ingente cantidad de deuda pública, que se sumará a la acumulada en la última crisis financiera y de deuda soberana. La prioridad sigue siendo amortiguar un golpe económico de dimensiones desconocidas. 

Es la hora de los estados.

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Juan Manuel Sánchez Quinzá-Torroja, profesor titular del departamento de Economía y de la Universidad Senior de la UDC.