¿Por qué la pensión pública será insuficiente?

Artículo de Juan Ángel Lafuente (@JALafuent), Catedrático de Finanzas y Contabilidad de la Universitat Jaume I (@UJIuniversitat), y Director de la Cátedra Ciutat de Castelló

Desde 2011, estamos asistiendo de forma creciente a la discusión acerca de la sostenibilidad del sistema de pensiones público. Escribo además este artículo en un contexto de tormenta perfecta para las arcas del Estado, donde la pandemia del Covid-19 ha provocado un incremento del gasto público muy sustancial con objeto de recuperar la economía lo antes posible, combinado con una caída dramática de recaudación provocada por el confinamiento en el estado de alarma. El panorama es de una caída estimada por el Fondo Monetario Internacional de nuestro Producto Interior Bruto de casi el 13%. Ello ha abierto un debate adicional de corto plazo sobre el próximo incremento anual de las pensiones, pero en este artículo quiero más bien centrarme en el medio y largo plazo puesto que la recesión será muy fuerte, pero a priori poco duradera.

Un sistema de pensiones es una forma de reparto de recursos entre generaciones en el que las cotizaciones de los ocupados sirven para financiar las prestaciones que reciben los pensionistas actuales. Es por tanto un sistema basado en la solidaridad intergeneracional, donde las cotizaciones actuales financian las prestaciones de los trabajadores ya retirados que están de alta en el régimen de pensionistas. Si bien el bloque más importante de las pensiones corresponde a las pensiones por jubilación, recordemos que también hay pensiones por incapacidad permanente, orfandad, viudedad y favor familiar.

Una vez dentro del sistema de pensiones, el trabajador dispone de una prestación mensual de carácter vitalicio cuya cuantía depende de las bases por las que ha cotizado en la última etapa de su vida laboral. Y aquí aparece un primer elemento fundamental con relación a la sostenibilidad del sistema. El derecho consolidado es vitalicio, es decir tiene derecho a cobrarlo hasta que fallezca. Y si bien, el gasto de cada pensión para el Estado tiene una duración indefinida, lo que es evidente es que la esperanza de vida es sistemáticamente creciente en nuestro país. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística, desde 1975 a 2019 la esperanza de vida al nacer se ha incrementado aproximadamente en diez años, tanto para hombres como para mujeres. En particular, hemos pasado de 70,56 a 80,87 en los hombres y de 76,30 a 86,22 en las mujeres.

Si tenemos en cuenta que la edad actual de jubilación es de 65 años y 10 meses para los que tengan menos de 37 años cotizados (65 para los que superan dichos 37 años de cotización) la expectativa actual es que la duración estimada de una pensión por jubilación es de 15 años para los hombres y 20 para las mujeres, aproximadamente. Y no sólo eso. La previsión para el futuro es sistemáticamente al alza ,como se muestra en el gráfico a continuación con datos del Instituto Nacional de Estadística.

Por tanto, un primer elemento que afecta negativamente a la sostenibilidad es la duración de las pensiones. Ahora duran mucho más y la previsión es que su duración siga incrementándose.

Un segundo elemento tiene que ver con las cantidades consolidadas de prestación y las fuentes de ingresos que alimentan el sistema. La base de cotización para los ocupados es la remuneración mensual bruta, incluyendo el prorrateo de las pagas extra y su cuantía determina cuánto se debe aportar mensualmente a la Seguridad Social y por tanto de incorporar ingresos al sistema. Por pura lógica, debería existir un equilibrio entre las bases de los que están cercanos a la jubilación y los trabajadores nuevos y más jóvenes que entran a formar parte de los ocupados. Sin embargo, el gráfico que he elaborado a continuación con datos de la Seguridad Social pone de manifiesto el déficit entre las bases cotizadas en las colas de edad de la distribución.

Es decir, se necesitan cada vez más trabajadores jóvenes cotizantes por cada pensionista nuevo. O, dicho de otra forma, los derechos consolidados de los pensionistas más jóvenes son cada vez mayores lo que introduce un incremento sistemático del gasto en el sistema. El siguiente gráfico muestra la evolución de las pensiones medias de altas y bajas y el lector podrá comprobar el patrón de la brecha, que es insostenible en el largo plazo.

Si no queda convencido de la amenaza que acecha al sistema, el siguiente gráfico insiste sobre esta cuestión elaborando los datos anteriores. Podemos calcular para cada mes la diferencia acumulada en los últimos doce meses entre el producto de las altas y las bajas multiplicadas por su pensión, lo que refleja el coste adicional de recursos requerido por el sistema de forma dinámica. Observamos una tendencia creciente desde 2005 hasta prácticamente la actualidad. Desafortunadamente, la situación dramática experimentada a raíz de la pandemia, que ha producido un shock inesperado de fallecimientos concentrado en personas de elevada edad, nos revela que, si no somos capaces de incrementar los recursos que alimentan el sistema de pensiones, el único alivio puede aparecer en una reducción del gasto. Pero repito, es dramático el tener que observar este aspecto así.

 

De todo lo anterior quiero transmitir el mensaje claro de que, o bien de una vez por todas se lleva a cabo una revisión estructural del sistema con el objeto de incrementar los ingresos, o el sistema colapsará. Cuando hablo de colapso me refiero a una reducción significativa de la pensión. Y aquí cierro enlazando con el título de este artículo. Porque si las pensiones actuales fuesen muy altas, quizás sería posible absorber un efecto negativo en el futuro. De acuerdo con los datos de la Seguridad Social, la pensión media por jubilación es de actual es de 1.161,88 euros, siendo la mínima en Extremadura (962,72 euros) y la máxima en el País Vasco (1.429,39 euros). A modo de referencia adicional, en la Comunidad de Madrid se sitúa en 1.359,58 euros.

Juzguen ustedes ahora, teniendo en cuenta la variabilidad que existe en el coste de la vida entre las grandes ciudades como Madrid y Barcelona, no sólo si ahora resulta suficiente, sino si lo sería en un futuro después de un recorte substancial cuando se convierta en jubilado. Para los que en un futuro lo serán, mi recomendación es generar, en la medida de sus posibilidades, un ahorro complementario como medida de cobertura.

De hecho, el histórico acuerdo de la UE para la creación del Fondo de Recuperación tras la pandemia, en el que España recibirá 140.000 millones de euros, requiere de un Plan Nacional de Reformas. Y las sugerencias de Bruselas para el reequilibrio que precisa la Seguridad Social apuntan, entre otros aspectos, no sólo al posible recorte de prestaciones, sino también al peligro que supone el actualizar las pensiones de acuerdo a la evolución pasada del IPC.