Garantías constitucionales: la seguridad jurídica

Llevado de una sensación lastimosa que percibo de parte de muchas personas que conozco y de mi personal impresión sobre la temperatura de la opinión pública española, contada por medio de los canales informativos más representativos, he querido repasar con mesura el texto de nuestra Constitución de 1978.

Hube de detenerme ya en el Título Preliminar, pues sentí un primer cosquilleo en su artículo 2. Pero opté por continuar hasta el número 9 y pararme en las garantías de su apartado 3 y dejar aquí algunas reflexiones sobre su debilitada efectividad.

Escribo de memoria y no entraré a cuestionar asuntos concretos de la vida pública, dispuestos o ejecutados por la Administración en general y sus representantes en particular. Solo trasladaré unas impresiones que, tengo para mí, trastocan lo esperable indubitadamente del respeto a la Constitución Española. 

Particulares y empresas, nacionales y extranjeros con residencia o intereses económicos aquí, corporaciones internacionales de diferente calibre, origen y diversidad de intenciones contractuales, se quejan de falta de seguridad jurídica para justificar no quedarse o no venir, ni practicar sus negocios en España.

Se especula, que la defensa de la ley, su dictado y aplicación, es o puede adolecer de legitimidad al no ejercerse con honestidad ni tener la equidad esperable de sus actores. Y se cuestiona con la presión y la fuerza la propia acción judicial y policial, si estos proceden a cumplir con su respeto. 

Resulta habitual que la crítica política se esté convirtiendo en una crónica del disparate y el insulto que incluye denostación de la judicatura. Son reiterados los desencuentros arbitrarios y a veces falaces entre los poderes que conforman el Estado Democrático de Derecho.

La propia Constitución está demasiadas veces puesta en duda y es utilizada como fuerza de poder interpretativo de lo funcional, lo que conviene a unos, en despecho de lo sustantivo, que sostienen otros, entre los propios órganos de su defensa y gestión. 

Es notoriamente imperfecta la composición del propio Tribunal de Garantías, al adolecer de una elección equitativamente jurídica y considerarse politizada por depender de acuerdos políticos que orillan asumir los principios fundamentales democráticos.

También nuestra sujeción a las normas, directivas, reglamentos y acuerdos con la Unión Europea y sentencias de sus Tribunales, se ve controvertida, sea en la adaptación, debida acogida o por dilaciones de su aplicación.

Y en el día a día de Juzgados y Comisarias, o de sus actos ejecutivos, los funcionarios de Justicia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Policías Locales, no pueden ejercer sus funciones de acuerdo con la ley, impelidos con broncas y acosos organizados socialmente y sostenidos con pasividad, si no indolencia, política.

La población general, clama por disponer de una seguridad ciudadana efectiva, disuasoria, mediante la cual la calidad de la vida pacífica de personas cuente con verdaderas protecciones de su derecho a la vida, su empleo, su negocio y su residencia, frente a descaradas y perniciosas acciones de maleantes, abusadores y delincuentes confesos reiterativos, nacionales y llegados de fuera.

Muchos creemos que esa sensación negativa de crisis de libertad personal, por resumirme en este derecho natural primario, resultará difícil de reconducir, pero algo -¿alguien?- habrá que hacer, para no renunciar a recuperar la clase de vida que pudimos conseguir y disfrutar y merece la pena, mejor, es imprescindible, volver a gozar.