José Antonio Herce (@_Herce) es economista y socio fundador de LoRIS (Longevity & Retirement Income Solutions)
El Pacto de Toledo rindió el 27 de octubre sus esperadas “recomendaciones”. La ronda que la Comisión del Pacto de Toledo concluyó en octubre se inició en 2016, habiendo cabalgado a lomos de tres legislaturas de manera bastante accidentada cuando hubo de suspender bruscamente los trabajos en febrero de 2019. La ronda 2012-2016 se inició recién aprobada de Ley 27/2011 de 1 de agosto de reforma de las pensiones promovida por el Gobierno de José Luis Zapatero. Esta ley se gestó durante la ronda 2008-2010 del Pacto de Toledo y las correspondientes recomendaciones emitidas en su momento, recientemente renovadas, pero fue más allá de aquellas, ya que se vio influida por las recomendaciones adicionales (estas sí, de obligado cumplimiento) de Bruselas ante las perspectivas a corto plazo de la Seguridad Social a mediados de 2010 en el marco trazado por la intensa crisis financiera y presupuestaria que estaba sufriendo nuestro país. Ejemplo de lo anterior es el anuncio que ya se hacía en la reforma de 2011 sobre la futura introducción de un Factor de Sostenibilidad generacional, ahora suspendido.
La crisis y las presiones de Bruselas, por su parte, alteraron el protocolo establecido en las primeras rondas del Pacto de Toledo. Es decir, en primer lugar, se producen las recomendaciones aprobadas por los portavoces de los grupos políticos en la Comisión, interviene después el acuerdo social subsiguiente y, finalmente, se produce el acuerdo político en el Parlamento tras la tramitación de la correspondiente ley de reforma derivada de los acuerdos alcanzados en las dos instancias anteriormente mencionadas. En esta ocasión, la UGT logró rebajar sensiblemente la incidencia del “radical” cambio en la edad legal de jubilación previsto ya en los primeros borradores de la Ley 27/11.
La aprobación de la Ley 23/2013, de 23 de diciembre contenía una nueva reforma de las pensiones, pero se promulgo con la muy relevante circunstancia de la completa postergación del Pacto de Toledo, a mitad de su ronda 2011-2015. Más bien se basó en el trabajo de un “comité de sabios” que hizo un excelente trabajo, no obstante. Hoy, esta reforma se encuentra virtualmente suspendida y al borde de su reversión. Con el Índice de Revalorización de las Pensiones suspendido hasta que entre en vigor la actualización con el “IPC real”, según ha recomendado el Pacto de Toledo recientemente también, y el Factor de Sostenibilidad de 2011 retrasado, por el momento. Estas dos medidas constituían la espina dorsal de la reforma de 2013.
Las 21 recomendaciones recién aprobadas
Hoy, tras la finalización de la ronda 2016-2020 de la Comisión del Pacto de Toledo, nos encontramos con las 21 recomendaciones. Contadas de aquella manera, pues hay una “Recomendación 0” que, entre otras cosas, previene sobre la tentación de hacer “reformas radicales”. Hay también dos “Recomendaciones Bis”, las 17 y 19. Y hay una “Recomendación 14” suprimida. Esta, por cierto y no sin cierta lógica, aunque difícil de pillar, decía (textualmente) en 2011 que “La Comisión estima conveniente la reordenación del tratamiento fiscal de las pensiones del sistema público para adecuarlo a las nuevas realidades familiares, sociales y económicas, armonizando los criterios de eficacia y solidaridad, con vistas a evitar discriminaciones y conseguir una mayor equidad, otorgando un tratamiento fiscal más favorable que el actual a las pensiones de incapacidad permanente y a las de viudedad”.
De estas 21 recomendaciones, apenas seis u ocho (las 1 a 6, la 11 y la 19 bis) tienen impacto económico potencialmente relevante, unas a favor del pensionista y en contra del sistema y otras a la inversa. A priori, pues nadie se ha molestado en el Congreso ni en el Gobierno en publicar cifras de impacto potencial (léase “evaluación”), los efectos podrían compensarse y solo habríamos logrado introducir algunos nuevos temas, propios del S. XXI. Pero poco más. Cuando el sistema se encuentra en la víspera de la avalancha de jubilaciones masivas de los baby-boomers.
Ha pasado una década desde que la Comisión del Pacto de Toledo refrescara sus recomendaciones, en la cual se han producido dos de las más importantes reformas de las pensiones. Sin duda las más importantes desde la traumática y valiente reforma de 1985, que acabó con la aberrante práctica de la “compra de pensiones”, una huelga general de CCOO y la ruptura de relaciones personales entre Felipe González y Nicolás Redondo, entonces líder de la UGT.
No sabemos reformar las pensiones. No salimos del adanismo político. Solo cumplimos las recomendaciones de Bruselas, y menos mal. Estamos perdiendo un tiempo precioso. Las recomendaciones están bien, las reformas de calado están mejor.