Incertidumbre normativa: un obstáculo para el futuro del sector de la dependencia

El sector de la atención a la dependencia sigue sumido en una paralizante incertidumbre debido a la falta de una normativa clara y estable que garantice su desarrollo y sostenibilidad. Desde la aprobación por parte del Gobierno del acuerdo de acreditación de centros y servicios residenciales (denominado Acuerdo Belarra) en julio de 2022, las Comunidades Autónomas que no votaron en contra de dicho acuerdo tenían la obligación de transponerlo a sus normativas autonómicas como fecha límite 30 de marzo de 2023. Sin embargo, hasta la fecha, este proceso sigue sin completarse, lo que ha generado un estancamiento preocupante en el desarrollo del sector.

Esta falta de certeza normativa ha tenido consecuencias directas en el crecimiento del sector. La incertidumbre ha frenado las inversiones en nuevos centros, resultando en un déficit de plazas residenciales que amenaza con empeorar la calidad de vida de las personas dependientes. Las necesidades siguen aumentando, pero la capacidad de respuesta se ve limitada por la falta de nuevas infraestructuras. No conviene olvidar que la construcción de un nuevo centro residencial precisa de un periodo de cuatro años para su puesta en funcionamiento y que ya, en estos momentos, tenemos un déficit de plazas residenciales en torno a las 75.000.

A esto se suma la inacción del Imserso, que había acordado en febrero convocar una reunión con todos los agentes del sector (sindicatos, patronales, organizaciones de mayores, etc), incluidas las Administraciones Públicas (Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales). Sin embargo, seguimos sin noticias sobre dicha convocatoria. La falta de diálogo y coordinación entre las partes interesadas agrava la parálisis del sector.

Otro punto crítico es que la falta de actualización de los precios de nuestros servicios en los distintos concursos públicos según el IPC anual, ha generado un desajuste financiero que, en muchos casos, se traduce en pérdidas económicas para las empresas que prestan estos servicios y la falta de interés en futuras licitaciones. 

La existencia de dos tipos de IVA distintos según el usuario que recibe el servicio –10% para los dependientes en el mercado privado y 4% para los concertados o con prestación económica vinculada–, crea una disparidad injusta y confusa que supone un agravio para los dependientes que precisan de nuestros servicios de forma privada y que muchas veces no pueden asumir dicho coste.

El problema se agrava con la crisis de personal que enfrenta el sector. La escasez de profesionales, especialmente de enfermería, se ha extendido de manera alarmante a otros perfiles esenciales, como médicos, gerocultores, fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales. A pesar de las propuestas para aumentar las plazas universitarias en estas áreas y agilizar la homologación de títulos extranjeros, las soluciones no han llegado con la urgencia que la situación requiere. También se ha sugerido la creación de un nuevo perfil profesional que complemente a las enfermeras, así como la implementación de una formación especializada a través de Formación Profesional, pero estas medidas aún no se han materializado.

Otro tema de preocupación es el enfoque hacia la desinstitucionalización del dependiente, promoviendo que viva en su hogar. Si bien este planteamiento puede tener ventajas, requiere un programa de apoyo en el hogar mucho más robusto que el actual. Actualmente, se ofrece una media de solo 57 horas de atención mensual para un dependiente de grado III, que supone escasamente 2 horas de atención diaria, lo cual es claramente insuficiente para garantizar una atención adecuada para un gran dependiente que requiere cuidado y atención las 24 horas del día todos los días del año y por un equipo multiprofesional. Esto conllevará sobrecargar de nuevo a los familiares que se verán obligados a actuar como cuidadores principales.

Además, se ha aprobado la figura del asistente personal para apoyo en casa, pero estos profesionales no están vinculados a una empresa, lo que plantea serias dudas sobre el control y la formación que se les exigirá. ¿Qué garantías tendrán las familias de que estos servicios serán seguros y efectivos?

Finalmente, preocupa enormemente la voluntad del Imserso y del Gobierno de eliminar la excepcionalidad en la prestación económica del cuidador en el entorno familiar. Nos preguntamos si esta medida pretende generalizar dicha prestación, sustituyendo a los servicios profesionales y supervisados. ¿Será esta la solución para reducir las abultadas listas de espera, sacrificando la calidad de la atención en favor de un recurso económico generalizado?

No era este, por supuesto, el objetivo de la Ley de la Dependencia cuando nació como un derecho universal y subjetivo para que todas aquellas personas que lo precisaran recibieran la mejor atención posible a sus necesidades asistenciales, configurándose como una ley de prestación de servicios profesionales, para intentar paliar el dolor y sufrimiento tanto de las personas dependientes como de sus familias, que venían soportando la pesada carga de la atención a sus familiares y que ahora, con el nuevo cambio de rumbo de la Administración, les vuelve a recaer todo el peso de la atención sobre ellos mismos. Esto es totalmente injusto y poco digno de una sociedad que se considera solidaria y avanzada.

El sector de la atención a la dependencia necesita una respuesta urgente y coordinada por parte de las autoridades. Sin una normativa clara, estable y con soluciones efectivas a los problemas mencionados, el futuro de este sector esencial seguirá siendo incierto, poniendo en riesgo el bienestar de las personas más vulnerables de nuestra sociedad.