Martes 25 de febrero de 2025
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La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) por parte del Gobierno ha abierto un debate de fondo sobre si quienes perciben ese ingreso mínimo deben contribuir a Hacienda con el pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Para COESPE, es de principio que todas las personas deben pagar impuestos de forma proporcional a sus ingresos. Pero por debajo de ciertos ingresos que están en el límite de la pobreza, parece evidente que no tiene sentido exigir aportación al fondo público de quien más bien debería recibir apoyo de éste.
Este problema ya había surgido en el entorno de las últimas subidas de pensiones, por las que un sector importante de pensionistas pobres se encontraban con la paradoja de ver sus ingresos reducidos con la subida de las pensiones. Este desatino tiene su causa, al igual que con la subida del salario mínimo, en que desde el Ministerio de Hacienda no se actualizan los tramos fiscales con el Índice de Precios al Consumo (IPC) y la inflación.
No es un error inocente. Cada vez que aumenta el IPC y no se mueven los tramos fiscales, los contribuyentes con menos ingresos pagan proporcionalmente más, con lo que nuestro sistema fiscal se recarga sobre los que menos tienen y se vuelve más injusto. Estamos hablando de personas que deben sobrevivir con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), ajustando los gastos al mínimo, y viviendo en la zozobra de no tener margen para hacer frente a cualquier gasto imprevisto inevitable de cubrir.
La solución no es excluir a nadie de pagar impuestos. Uno no es pobre por ser pensionista, sino por no tener más ingresos que su pensión y está siendo muy baja. Por tanto, la solución es subir los tramos fiscales sin mayor dilación para toda la ciudadanía y muy en particular el límite de exclusión social o riesgo de pobreza, que de manera muy razonable debería estar justamente por encima del salario mínimo del país.
En un país donde hay más de once millones de personas pobres, algunas de las cuales lo son aun teniendo un puesto de trabajo, la primera obligación de un Gobierno es atender a los más necesitados, máxime si pretende ser realmente un gobierno progresista como se autodefinen.
Un Estado al servicio de la mayoría debe tratar de reducir las desigualdades si, de verdad, quiere ser justo. Pero resulta una desvergüenza hacer lo contrario, teniendo todos los resortes en su mano y en particular el Ministerio de Hacienda, responsable de que nuestro sistema fiscal sea justo. Y es un insulto a la inteligencia que la Ministra nos recuerde nuestra obligación de contribuir a los gastos del Estado para justificar su postura. Es una hipocresía y una desvergüenza.
Las trabajadoras/es y pensionistas de este país tenemos muy claro cuáles son nuestras obligaciones, cumplimos con ellas pagando nuestros impuestos, sin posibilidad de escabullirnos.
Si el Estado necesita más recursos para cuadrar los presupuestos, que se dirija dónde está el dinero, por ejemplo, en los beneficios de los bancos, las eléctricas y el último dato conocido: las empresas que cotizan en el IBEX35 en 2024 tuvieron ganancias de más de 50 mil millones de euros y repartieron entre sus accionistas 40 mil millones de euros.
Estos monopolios y entidades bancarias y financieras en este año han batido nuevos récords de ganancias y en proporción pagan menos impuestos que la clase trabajadora y pensionistas. Por ese motivo no se ha de exprimir aún más los bolsillos de la gente más pobre, sino a los que más tiene.
Desde COESPE nos rebelamos y nos negamos a aceptar esta creciente desigualdad:
- Exigimos justicia fiscal y que el Gobierno cambie de postura respecto a la congelación de los tramos tributarios que afectan el salario mínimo y las pensiones más bajas.
- Exigimos que los que más tienen contribuyan más, para que se pueda atender eficazmente las necesidades de las personas más vulnerables.
- Reclamamos una pensión mínima igual al Salario Mínimo Interprofesional.
Gobierne quien gobierne, los servicio públicos, los derechos y las pensiones públicas se defienden.
Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE).
