Ejercer el poder corrompe; someterse al poder degrada

Hemos comprobado estos días cómo el Gobierno ha construido su relato de gestión de la crisis sobre una base bien estructurada: estamos ante una guerra universal. Para convencer a la población de la gravedad de la situación extrema y ahondar en el relato bélico, comparecen de uniforme militar o policial 3 de las 5 personas que nos ofrecen diariamente el número de fallecidos; 4 realmente, si cuenta como uniforme oficial “la rebequita” de Fernando Simón que tan buena le ha salido. 

Había que buscar un foco que atrajera la atención y han intentado que sean las residencias directamente, pero en ellas viven muchas personas mayores y hay miles trabajadores que están haciendo un trabajo excelente. Por ello han preferido volver la mirada hacia el sector privado que gestiona las residencias de personas mayores en España. Siempre resulta más fácil cuando acusamos en abstracto que cuando lo hacemos sobre alguien en particular (a pesar de que a la hora de elegir un recurso para sus familiares... optan casi siempre por las residencias privadas). 

Y algunos medios de comunicación se han lanzado a cuestionar las bondades de un modelo de servicio que da cobertura al 75% de las plazas residenciales en España. Un sector que genera 6.065 millones de euros entre la atención residencial, los servicios de teleasistencia y ayuda a domicilio, que genera el 0,5% del PIB de España, y que genera 260.000 puestos de trabajo eminentemente femenino y no deslocalizable. Un sector con un gran valor social y que al que ahora algunas voces intentan cuestionar por motivos ideológicos. 

Todavía no se han enterado de que el ciudadano lo que quiere es una atención de calidad (médica, social, educativa....) y que no le interesa el debate de si el servicio se lo proporciona una empresa pública o una empresa privada. El derecho a ser atendido lo origina el ciudadano y es él quien debe elegir en base una relación coste-efectividad razonable, en qué residencia quiere vivir cuando llegue el momento de esa elección. Y puede elegirla por cercanía, porque le haya gustado el entorno arquitectónico o decorativo, porque la limpieza, amabilidad y atención del personal le hayan fascinado, o porque en ese centro puedan ofrecerle los servicios especializados que esa persona requiera. Pero ya le puedo avanzar, querido lector, que nunca nadie va a elegir un centro para vivir en función de si el cartel que hay en la puerta pone “centro público” o “centro privado”. 

Me considero un demócrata convencido y creo en la libertad de elección del ciudadano: bien sea para elegir un Gobierno o para elegir el tipo de servicio que quiere. Por eso, abundo en mi decisión de que debe ser el ciudadano quien pueda elegir el centro residencial en el que quiere vivir. Para facilitar esta elección tan sólo hay que averiguar el coste real de cada plaza de gestión directa de todas y cada una de las comunidades autónomas (les estoy facilitando a los periodistas independientes un artículo de investigación interesante), y otorgar una Prestación Económica Vinculada al Servicio.

(PEVS en el argot, algo así como un “cheque residencia”) por ese importe para que el ciudadano libremente pueda elegir el centro que mejor se adapte a sus necesidades o preferencias. Corresponde a las Consejerías de Políticas Sociales y de Sanidad definir la cartera de servicios a ofrecer, fijar los ratios correspondientes, marcar los criterios de inspección y actuar de forma tajante y contundente en aquellas situaciones en que se incumpla lo previsto (ya se trate de un centro público o privado, grande o pequeño, gestionado por una entidad mercantil o por una ONG). 

Vivimos en el segundo país con mayor esperanza de vida del mundo (83 años) y el perfil de la persona que vive en una residencia ha cambiado en los últimos años. El perfil estándar podríamos definirlo como un residente mayor de 82 años, con varias enfermedades asociadas, un nivel cada vez mayor de dependencia y que toma diariamente 5 o más fármacos. Por eso mismo, la discusión debe centrarse en el modelo futuro de atención en las residencias, sobre las necesidades que necesita nuestra población y sobre si seremos capaces de poner en marcha ese famoso espacio “sociosanitario” del que tanto hemos oído hablar; si contaremos con centros residenciales con mayores ratios de personal sanitario, con mayores ratios de atención directa, con infraestructuras adaptadas, con residencias agradables y llenas de luz; con personal motivado, bien formado y mejor remunerado; con una historia clínica compartida entre hospitales, centros de salud y residencias; con una gestión de la farmacia eficiente y adecuada a las necesidades de los residentes; y con una financiación leal, honesta y corresponsable entre el Estado y las Comunidades Autónomas. 

Intentar desviar la atención sobre el verdadero debate de fondo que necesita el sistema de atención a la dependencia, es no velar por el futuro de los ciudadanos, no interesarse por la calidad de vida de las personas mayores, no ejercer como gobernante responsable de un país avanzado. La palabra clave en este debate es “calidad” y es lo único que debe preocuparnos de cara al futuro. 

Ni quiero para esta sociedad el capitalismo salvaje de Estados Unidos ni el comunismo empobrecedor de Venezuela. Somos España, somos Europa. Tenemos un mercado económico común y las empresas europeas son bienvenidas en España, al igual que en el resto de Europa lo son grandes firmas españolas como Zara. Cuestionar la calidad de un servicio por el país de origen de una empresa constituiría una discriminación ilegal en el marco europeo en el que vivimos. 

Estamos en un entorno de estabilidad económica y social como es la Unión Europea y por ello debemos fijarnos en lo que están haciendo los países de nuestro entorno: prepararse para el futuro que ya vemos aparecer. No volvamos a ser quijotes de nuevo, porque ya hemos visto las consecuencias que ha traído actuar tarde ante un problema importante.

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Jesús Cubero (@JCuberoHerr), Secretario General de AESTE (@AESTE_oficial​).