Peticiones de la patronal de las residencias de mayores al nuevo Gobierno

Muchas son las expectativas ante el nuevo Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030​ que dirige el Vicepresidente Pablo Iglesias Turrión (@PabloIglesias), no tanto por las promesas electorales avanzadas en plena campaña, como por el recorrido que queda por hacer en el ámbito de las personas mayores y personas en situación de dependencia. En relación con los mayores son tres principalmente los retos que debemos afrontar de forma inmediata.

En primer lugar debemos abordar la problemática relativa al Sistema de pensiones. Si bien ayer se actualizaron en un 0,9% queda por fijar la definitiva indexación de las pensiones al IPC anual. Si bien es una forma de que los pensionistas no continúen perdiendo poder adquisitivo año tras año, el verdadero problema que tendrá que afrontar el nuevo Secretario de Estado Ignacio Álvarez (@nachoalvarez_) viene enmarcado por el sistema de financiación y revalorización de las pensiones. El salto generacional, la disminución del número de cotizantes, el reto demográfico y la posibilidad de incorporar un nuevo modelo del sistema de pensiones a nuestro país, son los verdaderos componentes que influirán en la viabilidad del sistema actual. El perfil de Álvarez como economista le avala para proponer los cambios necesarios que garanticen el futuro y la tranquilidad para todos los pensionistas españoles. Hasta la fecha y con la salvedad del Pacto de Toledo firmado en 1995 (desmantelado paulatinamente por todos los Gobiernos sucesivos hasta dejar vacía la “bolsa de las pensiones”) no se ha conseguido ningún consenso nacional para abordar tan necesaria y urgente reforma. Este Gobierno de marcado carácter social tiene la oportunidad de asumir el liderazgo en la garantía del sistema de pensiones y tranquilizar así a las generaciones de jubilados que comienzan a temer por su futuro.

En segundo lugar nos encontramos con la eliminación de la lista de espera que actualmente existe en el Sistema de atención a la dependencia. No es aceptable que veamos como normal que en algunas ciudades de España se pueda tardar 18 meses de media para resolver los expedientes de personas en situación de dependencia. No es aceptable que 85 personas fallezcan al día a la espera de resolver su expediente, de recibir la atención que requieren y a la que tienen derecho. De nuevo aquí la solución pasa por incrementar los fondos necesarios para “desatascar” la situación en las distintas Comunidades Autónomas donde los retrasos son el pan nuestro de cada día. Es necesario dar al nuevo equipo del Ministerio un prudente plazo de 100 días para comprobar su voluntad y sus planteamientos de eliminación de esta lista de espera. Es necesario que nos hagan ver que realmente algo ha cambiado en el Ministerio además de la denominación del mismo. Los últimos equipos ministeriales han naufragado equipo tras equipo por su incapacidad para resolver las listas de espera del Sistema de Atención a la Dependencia. Ahora contamos con un Ministerio específico para los Derechos Sociales de los ciudadanos, por lo que las expectativas son mayores con este nuevo equipo. 

El tercer y último reto que debe afrontar el nuevo Ministerio, viene definido por la financiación de los servicios de atención a la dependencia. Actualmente tenemos una insuficiencia palmaria de plazas residenciales para las personas mayores en España. Los centros públicos de gestión pública son claramente insuficientes e ineficientes a todas luces. Ello provoca que en la mayoría de las Comunidades Autónomas, las distintas Consejerías concierten las plazas residenciales con empresas privadas. El motivo es muy sencillo: mientras que el coste medio para una Consejería de la gestión directa de una plaza pública se sitúa en los 80 €, la media del precio de concertación está en los 50 € para el mismo nivel de calidad asistencial y residencial ofrecida. Actualmente la financiación del estado se sitúa en el 25 % del total de estos servicios, mientras que el 75% restante lo asumen las Comunidades Autónomas. Las empresas privadas han venido soportando en sus cuentas de resultados esa carencia de financiación, pero el mercado está diciendo basta. La creciente demanda de plazas residenciales en el mercado privado, comienzan a provocar que los precios de licitación ofrecidos en los últimos Acuerdos Marco dejen de resultar atractivos y provoquen las primeras huidas del sector privado. La Administración va a hacer una apuesta decidida por invertir más recursos en servicios de Teleasistencia y Ayuda a Domicilio en un intento de minimizar el impacto en costes de los servicios residenciales, pero para todas aquellas personas mayores que requieren plaza en una residencia, no queda otra alternativa que financiar dicha plaza a precios de mercado. 

El último recurso que le queda a las Comunidades Autónomas para solucionar este problema es el incremento decidido del número de las Prestaciones Vinculadas al Servicio, ofreciendo un modelo similar al “cheque escolar” para que los mayores de nuestro país puedan elegir libremente la residencia a la quieren acudir en función de la cercanía a su domicilio, la calidad asistencial que requieren, la asistencia médica, enfermera y farmacéutica que precisen, y la calidad hotelera de la residencia. No debemos olvidar que el derecho a elegir la plaza residencial por parte de las personas mayores es fomentar su autonomía, su vinculación al barrio o municipio donde han vivido y por ende… de retrasar la evolución de las enfermedades neurodegenerativas. En un Ministerio que se denomina de los Derechos Sociales no cabe otra solución que anteponer las personas al dinero, y situar a los mayores en el centro del sistema de pensiones, del sistema de atención a la dependencia, y como libres decisiones de los recursos asistenciales que prefieren para vivir dignamente los últimos años de su existencia.

El nuevo Ministro y el Secretario de Estado gozan de todos los mejores deseos de las grandes empresas de atención a la dependencia, y nos tendrán a su lado para que juntos podamos identificar los problemas de fondo del sector, y que podamos diseñar de forma conjunta las soluciones que permitan que el Ministerio de Derechos Sociales haga honor a su nombre. Por fin ha llegado el momento de que los recursos sigan a los discursos.

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Jesús Cubero, secretario general de AESTE