La deuda que no cesa

El Banco de España publicaba recientemente los datos de deuda de las diferentes administraciones públicas. En noviembre de 2022, la deuda total de las administraciones públicas (sin incluir la deuda de las empresas públicas, unos 37 millardos de euros, un 3% del PIB) era de 1,5 billones de euros, equivalentes al 113,3% del PIB avanzado para 2022 por el INE (un 16,1% si se incluyen las empresas públicas).

Dentro de la deuda de las administraciones públicas se incluye la deuda de la Seguridad Social, que, a noviembre de 2022, ascendía a 106,2 millardos, un 13,1% mayor que la de noviembre de 2021 y un 93,0% mayor que la de 2019, previo a la Covid-19.

La deuda de la Seguridad Social, pero esto es bien sabido, forma parte de la deuda de las administraciones públicas (central, autonómica, local y de SS). Y ello implica que cualquier procedimiento por el que se reduzca la deuda de la primera contra recursos del resto de administraciones (por ejemplo, transferencias -no préstamos- desde la administración central) aumentará en la misma medida la deuda de estas últimas. Viene a cuento esto, porque desde hace unos años, la administración central viene dando transferencias, en vez de préstamos, a la Seguridad Social que esta no tiene que devolver ni apunta en su cifra de deuda.

La Seguridad Social española mantuvo superávit interno en sus cuentas, no sin ayuda también de modestas transferencias de la administración central, hasta 2010. Superávits que, desde 2001, sumaron unos 93 millardos de euros y que en buena medida vinieron a nutrir el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que en 2011 había acumulado (incluyendo los rendimientos del fondo) hasta casi 67 millardos de euros.

El creciente superávit que venía experimentando la Seguridad Social desde el inicio del siglo se debió al rápido aumento de la afiliación y la moderación del incremento del número de pensiones por causas demográficas. La crisis financiera y el rápido deterioro de la afiliación se anticiparon a un cambio de tendencia anunciado (la entonces futura jubilación de los baby-boomers) frenando en seco el superávit y dando paso a un déficit rápidamente creciente en pleno 2011. Déficit que viene arrastrando el sistema de pensiones desde entonces que, por una parte, ha reducido el saldo del Fondo de Reserva a poco más de 2 mil millones de euros (que ningún gobierno se atreverá a tocar para que no lo encasillen en el club de la infamia para siempre) y, por otra, está disparando la deuda de la Seguridad Social desde entonces.

La pandemia (los ERTE, sobre todo) han agudizado el deterioro de las cuentas del Servicio Público de Empleo, que forma parte a estos efectos de las administraciones de Seguridad Social, lo que explica en una buena mitad el fortísimo salto de la deuda de esta.

El déficit de la Seguridad Social, no obstante, se ha estabilizado en el 0,5% del PIB en los últimos años porque se han hecho los ajustes por gastos impropios, pero los ingresos por cotizaciones son desde hace tiempo estructuralmente menores que los gastos por pensiones, en magnitudes superiores al 1,5% del PIB de cada año. Estos ajustes por gastos impropios no evitarán que este déficit estructural siga estando presente cada año. Veremos cómo se refleja la revalorización de 2023 en los datos de déficit y deuda a final de año, pero pocos dudan de que la deuda de la Seguridad Social a diciembre del presente año alcance los 130 millardos de euros. Siempre que no se “falsee” esta contabilidad con transferencias adicionales, ya que el gasto por el ajuste de la inflación no es precisamente un “gasto impropio”.

"Aparente" contención del déficit de la Seguridad Social

Este es justamente el elemento que está reflejando de manera artificial la contención aparente del déficit de los últimos años. El Estado ya no da préstamos a la Seguridad Social, sino que le da transferencias. Ello traslada automáticamente la deuda que la SS no refleja a la deuda del Estado. La Seguridad Social es una máquina de deuda que, si se desvía de sus cuentas por los ajustes contables, acaba apareciendo en la deuda soberana, aquella en la que se fijan nuestros prestamistas... y Bruselas.

Ninguna de las reformas realizadas hasta la fecha va a contener el déficit y la deuda de la Seguridad Social, sino todo lo contrario. Y los baby-boomers ya se están jubilando desde el año pasado. Ninguna de las reformas que se debatirán a lo largo de 2023, un año electoral, no se olvide, y siguientes, lo va a lograr tampoco. Tendremos que hacer otro tipo de cosas para lograrlo. Si no hacemos nada que mejore las cuentas en el ámbito pensionario, tendríamos que subir la presión fiscal 3 o 4 puntos porcentuales del PIB en los próximos lustros (entre 40 y 53 millardos de euros, al PIB de 2022), o gastar menos en los otros grandes programas del bienestar, como la educación o la sanidad. Con tipos al alza (mayor coste de la deuda) y cotizaciones al límite, nada de esto va a ser fácil.