Qué esperamos del 2020

Lo primero que pedimos para el año 2020 es que se forme Gobierno, pues llevamos ya mucho tiempo sin él y no se pueden tomar medidas importantes que necesita nuestro país. Los pensionistas y jubilados tenemos problemas y necesidades, pero que van ligados a los de los que tienen los trabajadores y trabajadoras y una prueba de ello es que durante estos años de crisis, se ha promovido desde el Poder Legislativo y Ejecutivo, la individualización de las relaciones laborales y la paralización de la negociación colectiva. Las desigualdades se han acrecentado, el recorte en las pensiones, en el empleo, en los salarios, y la situación de precariedad resultante ha producido un retroceso en el ejercicio de los derechos fundamentales.

Este contexto de pobreza laboral obliga a configurar un nuevo estatuto de los trabajadores y de las trabajadoras, que deje de ser una mera ley de contratos y que incorpore en plenitud los derechos fundamentales a las relaciones laborales. El periodo de crisis ha tenido una seria repercusión en el empleo y en el conjunto de las relaciones laborales y las políticas de igualdad y ha contribuido a seguir perpetuando las desigualdades y ha conllevado una importante devaluación de los salarios, especialmente de los más bajos, afectando de manera importante a las mujeres. Esta situación y las políticas de recortes han contribuido a que la sociedad sea más desigual y se han agrandado las situaciones de pobreza, y, por desgracia, las mujeres han sido las más afectadas.

Por ello es muy importante que se cumpla el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC 2018-2020) firmado por los sindicatos y los empresarios y que viene a contribuir a la lucha contra la brecha salarial por razón de género, al ser las mujeres quienes se sitúan en mayor medida por debajo de la cantidad de 14.000 euros, pues el 15,3% de la personas asalariadas tienen salarios por debajo de 14.000 euros, de ellas el 19,40% son mujeres, y el 12,27 % son hombres, una diferencia de más de 7 puntos; por tanto, esta mejora de los salarios tiene una repercusión directa en los salarios de las trabajadoras.

Dependencia

Pero los pensionistas y jubilados de CCOO también esperamos que en el año 2020 se dote de presupuestos a la ley de dependencia pues la recuperación económica tampoco se ha trasladado a las prestaciones que fueron recortadas en 2012 y que siguen hoy en vigor. Los recortes más duros se concentraron en los servicios de ayuda a domicilio, que vieron reducidas las horas de atención entre un 20% y un 60%, según los grados; así como en los servicios de prevención que se diseñaron directamente tras los recortes, de manera que algunos de ellos, como los servicios de atención temprana se limitan a un mínimo de 6 horas mensuales, incluso en los casos de dependencia más graves. Resulta, por tanto, urgente la revisión de las intensidades de las prestaciones recortadas en las legislaturas anteriores hasta volver a situarlas en los niveles de suficiencia con los que fueron diseñados originalmente en la Ley de Dependencia.

Pero nos encontramos con una lista de espera que para terminar con ella, requeriría un incremento de, al menos, 2.000 millones de euros anuales en la financiación pública que recibe el Sistema del conjunto de administraciones públicas, del que el Estado central debería asumir la mayor parte. Del mismo modo, para garantizar que este incremento presupuestario se destina prioritariamente a la atención mediante servicios profesionales de calidad, debería recuperarse el Nivel Acordado de financiación, que permite que el Estado acuerde con las CCAA los criterios de reparto de estos fondos sobre la premisa de la atención preferente en base a servicios profesionales establecida en el artículo 14 de la Ley de Dependencia.

Pensiones

Sistema Público de Pensiones, hay que incrementar los ingresos de la Seguridad Social de forma estructural para garantizar la sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones en el corto plazo, al tiempo que a medio plazo se sigan desarrollando medidas en el marco del Pacto de Toledo. Algunas de las medidas que planteamos desde CCOO para incrementar los ingresos y la sostenibilidad de las pensiones requiere que todo el mundo tenga un tratamiento similar, es decir que no haya tratamientos distintos. En España estamos ahora mismo con más de 19 millones de personas cotizando a la Seguridad Social y más de 5 millones que no cotizan por sus ingresos reales. Hay que corregirlo.

Por un lado, están los autónomos, que pueden elegir libremente su base y el 85% elige la mínima; y por otro lado, hay aproximadamente 1.200.000 personas con salarios superiores a 48.000 euros al año y por el exceso sobre esa cifra no cotizan a la Seguridad Social y que además se concentran en las grandes empresas (telecomunicaciones, energía, automoción, sector financiero). Esto, en términos de recaudación es muy importante, son más de 7.500 millones de euros de posible recaudación anual.

Pero nos encontramos con poderes económicos que tratan de desprestigiar al Sistema Público de Pensiones, metiendo miedo a los trabajadores/as diciendo que cuando se jubilen no cobraran la pensión y eso no es así, ellos lo que buscan es que nos apuntemos a fondos de pensiones privados y ¿qué trabajador/a como bajos salarios puede hacerlo? ninguno. Pero además como expliqué anteriormente es perfectamente viable el Sistema de Pensiones, pero hay que tener una voluntad política de destinar los recursos necesarios para que al jubilarte tengas una pensión digna La revalorización periódica de las pensiones resulta un elemento básico e imprescindible a la hora de garantizar unas pensiones adecuadas y constituye, por sí mismo, un elemento principal para la legitimación social del sistema.

El objetivo de la revalorización, es el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones durante todo el tiempo en que se perciben las mismas, de modo que, con ello, se garantice en el tiempo la relación que debe mantenerse entre salario y pensión. Aunque la revalorización de las pensiones viene recogida en el artículo 50 de la Constitución Española como un principio rector de la política económica de nuestro país, lo cierto es que la única fórmula de revalorización automática que garantizaba por ley el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones fue la nacida del Acuerdo de Pensiones de 1996.

Sanidad

También es muy necesario reforzar el Sistema Nacional de Salud capaz de responder a la fuerte demanda actual y futura que pasa también por contar con los profesionales mejor preparados, con especialidades de diferente perfil para la atención completa a la población mayor. Junto a profesionales de la medicina de familia y de enfermería en atención primaria, auxiliares y cuidadores, se necesitan especialistas en medicina interna y geriatría, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, nutricionistas, psiquiatras y psicólogos, que evalúen los mejores cuidados para cada persona y el lugar idóneo de atención (centro de salud, hospital, domicilio, centro de día). Esta necesidad choca con la reducción del gasto en la sanidad pública. Es decir, en un periodo de fuerte crecimiento de la demanda derivada del envejecimiento de una población cada vez más necesitada de cuidados, estos se recortan. Por lo cual seguiremos peleando hasta que se consigan más medios en la sanidad publica.

Pero hay que dejar claro que para conseguir más recursos es necesaria una verdadera reforma fiscal progresiva, lejos de las reformas regresivas que reducen la recaudación y agravan los recortes. Una reforma fiscal que
proporcione recursos suficientes (aproximando nuestra presión fiscal a la media europea) y que reparta las cargas de manera progresiva, aumentando la imposición directa y sobre el capital (IRPF, Impuesto de Sociedades e Impuesto sobre el Patrimonio).

De esa manera avanzaremos todos y todas, seguro.

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Julián Gutiérrez del Pozo es Secretario General de Pensionistas de CCOO y miembro del Comité Asesor de 65Ymás