Lo primero que le pedimos desde CCOO al año 2021 es que los Gobiernos tengan mas en cuenta al colectivo de las personas mayores, porque se habla mucho del envejecimiento activo pero en la realidad no se cumple nada de esto se queda siempre en palabras y en discursos. Pues dotar los servicios sociales de bastantes medios económicos hace falta, en primer lugar, la voluntad política para hacerlo. El cumplimiento de los derechos sociales universales no es un coste, ni una carga, sino un derecho adquirido por el solo hecho de ser personas y querer disfrutar de la etapa final de la vida con dignidad. El hecho de no tener garantizados unos ingresos mínimos genera situaciones de angustia, un sentimiento generalizado de pobreza y una preocupación profunda entre la gente mayor. Destacamos que los 15 países más desarrollados de la Unión Europea (UE-15) dedican a políticas sociales un 3% más que España. Lo que se traduce en una inversión de 30.000 millones de euros anuales menos que la media de la Europa de los quince.
Maltrato a las personas mayores
Las personas mayores, van perdiendo autonomía, sufren la discriminación a medida que envejecen y progresivamente se ven despojadas de la posibilidad de decidir por sí mismas hasta convertirse en dependientes y renuncian en muchas ocasiones a la toma de decisiones.
Pueden darse múltiples formas de maltrato, físico, psíquico, emocional o sexual, así como el abuso de confianza en cuestiones económicas, existen informes que permiten afirmar que la mayor parte de los agresores son las personas cuidadoras, cónyuges o parientes cercanos y que la mayor parte de las víctimas son mujeres y especialmente aquellas de mayor edad.
Las personas mayores tienen jurídicamente los mismos derechos, libertades y deberes civiles y políticos constitucionales que los demás ciudadanos, de lo que solo pueden ser privados en los casos de incapacitación judicial. Sin embargo, en la práctica, las personas mayores se encuentran a menudo en situaciones de mayor vulnerabilidad en el ejercicio real de estos derechos, cuando sus realidades se ven afectadas por la pobreza, la discapacidad, la enfermedad o el aislamiento social.
Ley de Dependencia
Desde CCOO llevamos muchos años peleando y seguiremos hasta conseguir que se pongan los recursos necesarios y sin dilación, en la ley de dependencia, para que se ayude, tanto a las personas dependientes como a las trabajadoras que desarrollan su labor en el sector.
Estamos hablando de un sector altamente feminizado, más del 90% son trabajadoras, con un alto índice de medicalización, derivadas de lesiones musculoesqueléticas, con unas ratios insuficientes y unos salarios que no se corresponden con el trabajo desempeñado.
España es uno de los países de Europa con menor inversión en el sector de los cuidados, donde existe un gran desequilibrio entre lo que aportan las Comunidades (83%) y el Estado (17%). Y donde la provisión de servicios es mayoritariamente privada; más del 80% de los recursos son provisión privada, hecho que hay que corregir, reequilibrando el sistema con mayor inversión desde el Estado y una apuesta clara por un mayor peso de plazas públicas, tanto en la ayuda a domicilio como en las residencias.
En CCOO consideramos insuficiente la partida de los PGE, para este sector, pues se necesitaran mas recursos para atender a las personas que están en listas de espera, y porque no tienen en cuenta ni mejoran la atención de las personas que actualmente están siendo atendidas, y porque se necesitaría mejorar las pésimas condiciones laborales y retributivas de las trabajadoras.
Las crisis se superponen y sacan a la luz las carencias que arrastran los diferentes mecanismos del sistema de bienestar. La crisis de los cuidados que se está planteando tanto a corto como a medio plazo está ya teniendo consecuencias. Se unen dos circunstancias que afectan a distintos grupos de edad de manera directa y muy especialmente a las mujeres. Por un lado, las personas mayores tienen como elemento de protección fundamental el distanciamiento social y el aislamiento, con lo que su atención y cuidado en sus hogares se convierte en la mejor medida de protección. Para ello, las debilidades del sistema de atención a la dependencia y las tímidas medidas de conciliación desplegadas en España, obliga a las familias a buscar soluciones individuales, bien transfiriendo salario contratando a personal cuidador, bien renunciando al trabajo remunerado o parte de él para poder atender a sus mayores.
Pensiones y Salario Mínimo
CCOO saluda la aprobación muy mayoritaria de las recomendaciones del Pacto de Toledo. El acuerdo parlamentario suscrito debe ir seguido de un proceso real de participación y negociación en el Diálogo Social, que comprometa una actuación constructiva con la búsqueda de acuerdos que permitan culminar la recuperación del marco de definición participada del sistema de pensiones que ha permitido entre 1995 y 2011 los mejores resultados de la historia de nuestra Seguridad Social, en su conjunto.
De manera que se concreten en este marco las medidas que hagan posible que todas las personas que perciben y mantienen las prestaciones del sistema de Seguridad Social, trabajadores, pensionistas y la sociedad en su conjunto, renueven la confianza en el mismo y haga posible alcanzar los objetivos compartidos de suficiencia y sostenibilidad de sus prestaciones.
Hay elementos objetivos para el acuerdo en el Congreso de los Diputados. Si luego los partidos se desmarcan, serán ellos quienes tendrán que explicar el porqué, pues todo el mundo ha dicho que está conforme con la revalorización de pensiones en función del IPC. También es imprescindible iniciar el reequilibrio financiero dejando de imputar gastos impropios y que la práctica habitual sea que las aportaciones del Estado a la Seguridad Social (cuando ésta tiene una necesidad extraordinaria de fondos) se articulen vía transferencias, y no mediante préstamos.
Hay que transmitir confianza y acabar con esta campaña permanente de desprestigio o de temor sobre el sistema de pensiones: actuar con consenso y reformas, con reequilibrio financiero del sistema. No se puede olvidar que hay que abordar una corrección completa de la reforma de 2013.
Sería bueno que la Seguridad Social publicara periódicamente informes oficiales, para evitar esos otros informes sesgados que continuamente se van publicando, de los que se hacen eco muchos medios de comunicación y muchos opinadores de manera muy acrítica, que no se corresponden con la experiencia que la Seguridad Social presenta.
Las pensiones son sostenibles y lo tienen que seguir siendo, sabiendo que el gasto estimado para garantizar el actual modelo de pensiones en el momento de máxima tensión demográfica, en torno al año 2050, se situara alrededor del 14-15% del PIB. Hoy varios Países de la UE ya dedican un 15% del PIB en gasto en pensiones, por ello se necesita tener voluntad política de garantizar un sistema publico de pensiones más cuando los pensionistas y jubilados mantenemos al 30% de los hogares en este país.
Para que la seguridad social tenga más ingresos hay que incrementar el SMI, pues este año, los países de la Unión Europea que tienen establecidos salarios mínimos han aprobado su incremento. Por ejemplo, Alemania lo sube un 2,7%; Portugal, un 4,6% y Francia un 1%. Es evidente que el aumento del SMI es absolutamente necesario porque afecta a los trabajadores que están en peores condiciones, más aún con la crisis pandémica que padece Europa. España no puede ser la excepción. No hay ninguna justificación para no aumentarlo pues aproximadamente dos millones de trabajadores se verían beneficiados y porque no pueden seguir pagando la crisis quienes menos tienen.
Por ello, exigimos el aumento del SMI en el año 2021, acompañado de un plan de aumento y consolidación para los próximos años que lo haga equivalente, al menos, al 60% del salario medio del país, está claro que es necesario seguir avanzando en esta línea para que todas las personas trabajadoras puedan cubrir los gastos que supone el vivir de forma independiente, acceder a una vivienda o construir un proyecto familiar.
Cuando hablamos de pensiones no podemos olvidar la desigualdad laboral a lo largo de la vida que se plasma claramente en la brecha existente en las pensiones. Tanto el tipo de pensión como sus cuantías colocan a las mujeres mayores en una posición visiblemente peor que la de los hombres mayores. Antes de la crisis, ya se podía observar que las condiciones laborales que generarán derecho a las futuras pensiones siguen manteniendo la desigualdad. Las políticas para abordar las consecuencias que la crisis económica y de cuidados tienen y tendrán en las condiciones de trabajo, renta y vida de las mujeres han de jugar un papel protagonista para evitar que la brecha existente se afiance, crezca y se perpetúe a lo largo de su vida.
Acabar con los hogares pobres
La pandemia y la crisis asociada han incrementado las cifras de paro y de hogares sin ingresos de origen laboral (salario, pensión o prestación por desempleo) que es la variable coyuntural que mejor aproxima la pobreza y que proporciona la EPA. En el segundo trimestre de 2020, durante la primera ola, el número de hogares sin ingresos se situó en 671.000 hogares, 104.000 más que antes de la pandemia. En el tercer trimestre, la recuperación de la actividad y el empleo redujeron la cifra a 599.000 hogares. No obstante, esta mejora sigue estando por encima del nivel previo a la pandemia que, a su vez, era superior al observado antes del estallido de la burbuja inmobiliaria.
Se encarecen los bienes imprescindibles para los hogares más pobres. Frutas frescas (10,2%), azúcar (7,4%), carne seca, salada o ahumada (5%), carne de ovino (4,7%), carne de porcino (4,2%), legumbres y hortalizas frescas (3,5%), cereales de desayuno (3,2%), pescado fresco (2,9%), pescado congelado (2,8%).
Para CCOO, las medidas de protección social extraordinarias adoptadas por el gobierno no solo no han conseguido rebajar el alto volumen de hogares pobres del que se partía antes de la pandemia, sino que tampoco han conseguido que no crezca de manera importante.
En particular, el Ingreso Mínimo Vital que inicialmente estaba programado que llegara a 850.000 hogares solo beneficia a 136.000, desde CCOO reclamamos, una revisión de los requisitos para que puedan acceder muchas más personas.
Mesa de diálogo social
CCOO ha forzado a reunirse a la mesa de Diálogo Social sobre Recuperación, que responde a la voluntad de establecer un espacio permanente de diálogo social con los agentes sociales no solo para conocer, sino para proponer cómo canalizar los recursos europeos. Dejando claro que los recursos europeos para la recuperación de la economía no estén condicionados a la imposibilidad de cambiar la reforma laboral o la de pensiones aprobadas unilateralmente por el Partido Popular, sino que tienen que ver con la mejora de nuestro modelo económico y laboral, que es lo opuesto a esas reformas.
Nuestro objetivo es poder hacer propuestas para mejorar la economía, y que esta genere mejor empleo, de manera que nuestra economía no se sustente en la precariedad y los bajos salarios, sino en empleo estable, con derechos y bien remunerado. Los fondos europeos son una oportunidad muy importante para mejorar empresas y empleos.
Si el Gobierno no mueve piezas en materia de reforma laboral y se llega acuerdos en el Sistema de Pensiones, tendrá un conflicto con nosotros.
Precariedad en la sanidad
También ha denunciado CCOO que se ha pasado de los aplausos al personal sanitario a la precarización de sus condiciones laborales. El Real Decreto Ley 29/2020, en el que se regulaba la movilidad geográfica y la movilidad funcional, para el personal que trabaja en centros sanitarios, se aprobó sin ni siquiera informar a las organizaciones sindicales con representación en el Ámbito de Negociación del Sistema Nacional de Salud (SNS) y ante el que CCOO elevó queja al Defensor del Pueblo, del que aún no tenemos respuesta.
Para CCOO estas medidas se deben negociar con las organizaciones sindicales más representativas y no deteriorar aún más las condiciones laborales del personal sanitario, pudiendo provocar un aumento en el absentismo motivado por el estrés, las excesivas cargas de trabajo, y por posibles secuelas psicológicas, motivando que muchos profesionales que están en las bolsas de trabajo renuncien a los contratos.
Actualmente, hay Comunidades que están regulando normativas en su desarrollo que van más allá de lo recogido en el Real Decreto Ley 29/2020, porque amplían las medidas a la suspensión de permisos, licencias y vacaciones; como es el caso de Aragón que ya lo publicó en el Boletín Oficial de Aragón sin negociación con las organizaciones sindicales. Castilla y León quiere aprobar estas medidas aún con el rechazo de todas las organizaciones sindicales; en Navarra se amplió la medida que ya se tomó en la primera ola de la pandemia; en Madrid abren un nuevo hospital de emergencias, donde no tienen contemplado la contratación de nuevos profesionales, por lo que es de suponer que se aplicarán las medidas de movilidad geográfica al personal; y en Galicia, País Valenciá y Canarias tienen pendiente ver este tema en sus respectivas Mesas Sectoriales. Pocas Comunidades han apostado por aumentar el volumen de contratos: Extremadura, Castilla la Mancha y Murcia.
Dexsde el sindicato instamos a las Administraciones a que con carácter urgente se incremente la contratación de profesionales, y en caso de que no existan profesionales de alguna categoría profesional, proponer medidas de incentivación y no punitivas que, sin duda, tendrán una mejor acogida entre los y las profesionales; con ello, se podrá garantizar mejor la atención a la población y no someter a tanta tensión al personal sanitario.
La sanidad pública es nuestra, nuestro deber es defenderla y en CCOO tenemos alternativas más justas y eficaces para garantizar la sostenibilidad del sistema público de salud. Para ello exigimos una financiación finalista y suficiente para el Sistema Nacional de Salud, elevando el gasto público al 7,2% del PIB. Esto no lo decimos ahora con la pandemia del Covid 19, lo decíamos bastante antes, bienvenidas/os los que ahora lo reclaman.
Copago farmacéutico
Es necesario corregir la desigualdad en el copago farmacéutico, con tramos más justo y proporcionados al nivel de renta que tiene cada persona, y en todo caso se excluya del copago a los pensionistas con menores rentas.
La prevención es el reto del sistema de salud, hay que apostar por la atención primaria, para ello se necesitaría aumentar el presupuesto en un 25%.
Es muy importante que se reconozca la categoría de facultativo especialista en geriatría en todo el Sistema Nacional de Salud, y se generen más plazas que son totalmente necesarias, pues estamos a la cola de la Unión Europea.
Para terminar queremos decirles a los Gobiernos que nos vean al colectivo de personas mayores como generadores de empleo, que es la realidad del día a día. También hay que recordarles que los pensionistas y jubilados mantenemos al 30% de los hogares en este País, y muchos de esos pensionistas con pensiones muy bajas, por eso le decimos al Gobierno que tenia el compromiso de subir las pensiones mínimas, en un porcentaje mayor del 0,9% de subida de este año.
SOBRE EL AUTOR
Julián Gutiérrez del Pozo, secretario general de la Federación Estatal de Pensionistas y Jubilados de CCOO (@pensCCOO) y miembro de Comité Asesor de 65Ymás, milita en el sindicato desde 1975, "hace ya más de 40 años", y viene del sector de la industria del automóvil, "de la antigua Barreiros, después Chrysler, Talbot y Peugot, hoy Citroën". Cuando le llegó la hora de la jubilación sintió "que podía colaborar para intentar solucionar los muchos problemas que tienen las personas mayores" dentro de la Federación de Pensionistas y Jubilados porque, asegura, “al jubilarse se acaba la vida laboral, pero empieza otra vida en la que se puede seguir luchando por los derechos de los mayores y también ayudando a los activos dentro de los sindicatos, porque lo que no puede ser es que te jubiles, te vayas a tu casa y dejes de luchar por una sociedad más justa y más igualitaria, no sólo para nosotros sino también para nuestros hijos y nuestros nietos”.