El dilema del desgobierno y las pensiones

La noche del 28 de abril los militantes del PSOE gritaron: “Con Rivera, no”. Dos meses después, cuando Sánchez decidió por fin iniciar contactos para formar gobierno, la CEOE y otros poderes en la sombra advirtieron: “Con Iglesias, no”. Puede que esa frase refleje la causa determinante del desencuentro entre PSOE y Unidas Podemos. La gran patronal lo vuelve a dejar claro tras la última entrevista con Sánchez. Quieren un gobierno que aporte “estabilidad y moderación”. Es su manera de seguir rechazando con contundencia la alternativa de gobierno con UP.

Por cortesía parlamentaria, la oposición concede al nuevo gobierno 100 días de tregua antes de iniciar la ofensiva política. Pedro Sánchez, candidato oficial a presidir el próximo ejecutivo, se ha otorgado a sí mismo un plazo ilimitado, aparcando tareas y compromisos pendientes, dando sensación de desgobierno. Es el caso de la derogación del índice de revalorización de las pensiones, el denostado 0,25% que, sacando a los pensionistas a la calle, se convirtió en factor clave en la caída del gobierno de Mariano Rajoy.

La postura de los sindicatos es diferente. Reclaman un gobierno progresista, que además de evitar una nueva confrontación electoral derogue las regresivas medidas laborales y de pensiones aplicadas en tiempos de Rajoy. Esa posición coincide con la de la Coordinadora Estatal de Pensionistas (Coespe), que interpreta la situación en estos términos: “La sociedad ha votado pluralidad, reclamamos un gobierno de progreso lo más amplio y representativo posible, sometido a control parlamentario, para que cumpla lo acordado.”

Incluso las encuestas apuntan a que la opción de gobierno preferida por la mayoría de la ciudadanía es una coalición PSOE – UP. Más allá de la confusión que deja el desencuentro entre ambas formaciones, de la desconfianza mutua que han generado las conversaciones fallidas y del empeño para hacer valer sus respectivos relatos, el análisis de lo tratado hace pensar que la ruptura se debió, sobre todo, a las discrepancias respecto a la titularidad del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Es comprensible que los dos partidos aspirasen a gestionar la cartera más social del gobierno.

Se trata del ministerio que más afecta a trabajadores en activo y al colectivo de pensionistas. Del empleo salen las cotizaciones, el salario diferido que genera las pensiones contributivas. El Sistema Público de Pensiones se basa en el binomio cotizaciones – pensiones y constituye un modelo de reparto solidario, intergeneracional e interterritorial, considerado optimo por sindicatos y asociaciones. Se cuestionan sus insuficiencias y carencias, no el modelo. El mismo ministerio es responsable de afrontar la problemática del empleo precario, que al mermar las cotizaciones provoca el déficit de las pensiones. Hasta Magdalena Valerio reconoce que no hay un problema de gasto, sino de ingresos. No caben pensiones dignas sin salarios dignos.

Concluido el breve periodo de conversaciones fallidas, Pedro Sánchez, imitando la iniciativa previa de Pablo Iglesias, se ha prodigado en encuentros con movimientos y agentes sociales, declarando haber mantenido en el plazo de una semana 14 reuniones con 146 colectivos. A falta de una cita específica con asociaciones de pensionistas, sabiendo que Sánchez se reunirá en breve en Bilbao con dirigentes del PNV, el Movimiento de Pensionistas de Bizkaia (MPB) ha solicitado una entrevista para recordarle sus demandas. Habían sido transmitidas a través de la Ministra Valerio en otro viaje a Bilbao que tuvo lugar el 1 de octubre de 2018.

Hacer los deberes, aunque sea con retraso

En las cuatro campañas electorales celebradas entre diciembre de 2015 y mayo de 2019, así como en la moción de censura de junio de 2018, Pedro Sánchez se comprometió a derogar, entre otras, dos medidas aplicadas por Mariano Rajoy sin apoyo parlamentario: el índice de revalorización de las pensiones (0,25%), considerado una congelación encubierta, y el factor de sostenibilidad de las pensiones, calificado como sistema de empobrecimiento. Otro tanto prometió Magdalena Valerio. El incumplimiento de compromisos motiva que en las concentraciones de pensionistas se diga que a Sánchez le está creciendo la nariz. Ocasiones no faltan para cumplir, aunque sea mediante decreto ley, como la implantación del SMI de 900 euros, acordada con Unidas Podemos en diciembre de 2018.

Tales medidas vuelven a ser noticia, entablándose el debate sobre si un gobierno en funciones puede decretar la revalorización de las pensiones en base al IPC, a fin de evitar que el 0,25% vuelva a entrar en vigor en 2020. Valerio tercia en la porfía, anunciando que cabe actuar sin forzar la legislación vigente, mientras la oposición califica ese anuncio de comportamiento electoralista. La prueba de que se puede aplicar, aunque ella no lo diga, es la compra de 346 blindados para el ejército por un valor de 2.100 millones de euros. Basta alegar, como en este caso, que se trata de una decisión técnica. Lo cual viene a confirmar lo que ya se sabía: subir o bajar las pensiones constituye una decisión política, no económica.

En las concentraciones de pensionistas se cuestiona ese proceder, que equipara la compra de armamento, por ejemplo, con el aprovisionamiento de vacunas para prevenir una epidemia de gripe. Además se advierte a cualquier gobierno que se declare progresista y democrático, que las pensiones públicas son una prioridad absoluta, junto a la sanidad y la enseñanza. Por tanto, las pensiones deben quedar fuera de la agenda política, no estando supeditadas a la voluntad del gobierno de turno ni a intereses partidistas en la negociación presupuestaria.

Alternativa al desgobierno: intensificar las movilizaciones

Sánchez se toma vacaciones en plena crisis, con un gobierno incapaz de gobernar. Estando sin gobierno, los partidos rechazan volver a las urnas, pero llevan la situación al absurdo entrando en precampaña electoral. Entretanto, las asociaciones de pensionistas son conscientes de que proseguirá el dilema del desgobierno, que tal vez no se resuelva con un gabinete de coalición, ni mediante un programa de progreso, tampoco con nuevas elecciones, pues la cuestión de fondo es que la clase política permanece ajena a la realidad social del país.

En consecuencia, el movimiento de pensionistas programa acciones más contundentes que las concentraciones semanales, ininterrumpidas desde hace 19 meses. En Bilbao, coincidiendo con las fiestas, el 19 de agosto ha habido una nueva manifestación, la siguiente será el 1 de octubre. A nivel estatal, Coespe convoca a sus 280 plataformas territoriales para confluir en Madrid el 16 de octubre, con intención de llegar al Congreso. Se trata de seguir siendo consecuentes con la consigna “Gobierne quien gobierne, las pensiones (públicas) se defienden”.

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Luis Alejos es miembro del Movimiento de Pensionistas de Bizkaia