La reforma de pensiones debe potenciar los planes empresariales

A ello ha contribuido el aumento del número de pensionistas (8,7 millones en 2010 y 9,8 millones en 2019), la mayor esperanza de vida (10 meses más cada 5 años), los importes de las nuevas pensiones (1.452,84 euros en 2020 frente a 1.172,18 euros en 2010) y la política de revalorización de los últimos años.

Impacto de las reformas de pensiones de 2011 y 2013

Y este importante desequilibrio se está consolidando pese a las recientes reformas que pretendían ralentizar el crecimiento de los gastos. Lo más relevante de la reforma de 2011, fue el retraso de la edad de jubilación a los 67 años, la penalización de las jubilaciones anticipadas y el aumento hasta los 25 años del cómputo de bases de cotización. La reforma tuvo un amplio respaldo parlamentario y el apoyo de los agentes sociales pero todavía tardará años en desplegar todos sus efectos, hasta 2027.

Distinta suerte tuvo la reforma de 2013, al no contar con el mismo respaldo parlamentario y ha provocado un mayor rechazo social, estando hoy suspendida. El nuevo factor de revalorización ligaba el incremento de las pensiones a la situación financiera del sistema mediante una compleja fórmula y se aplicó entre 2014 y 2017, con una revalorización del 0,25% anual, el suelo establecido. Desde entonces las pensiones se han revalorizado al menos con el IPC. El factor de sostenibilidad, que preveía un ajuste de las altas de pensión a la esperanza de vida, no se aplicó en 2019, año en que debería haber entrado en vigor. Ambas medidas pretendían, con escaso éxito como hemos visto, una ralentización del gasto futuro para mejorar la sostenibilidad.

Pero preocupa cada vez más el futuro por cuanto la situación se agravará por la próxima jubilación de los baby boomers y por el aumento (sin duda deseable) de la esperanza de vida, elementos que provocarán que la tasa de dependencia (relación entre población en edad de jubilación y de trabajar) actual del 25% actual pase al 58% en 2048, según las proyecciones de AIREF (@AIReF_es) que son las más optimistas, lo que pone en riesgo la sostenibilidad a largo plazo y también la suficiencia.

Por eso es ineludible y urgente acometer reformas orientadas a cumplir ambos objetivos. Por el lado de los ingresos existen dificultades para aumentar las cotizaciones por sus efectos indirectos o bien las transferencias del Estado porque se desvirtuaría aún más la contributividad del sistema. Otras de las cuestiones planteadas, como cerrar el déficit actual mediante la asunción por parte del Estado de determinados gastos que soportan las cotizaciones, solamente trasladarían el problema al ámbito del Estado.

Debate sobre el sistema de revalorización

A veces el debate de las pensiones parece centrarse exclusivamente en la revalorización. Evidentemente, seguir aplicando el factor de revalorización (de facto el 0,25% de forma indefinida por el déficit) haría recaer de forma injusta el ajuste en los actuales pensionistas que no tienen margen de maniobra para compensar la pérdida de poder adquisitivo. Claro que sería deseable garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo, pero hay que ser consciente de que esta decisión no es inocua en el medio y largo plazo por sus efectos acumulativos (según Fedea (@socialfedea), el coste anual de la indexación con el IPC ascendería al 2,7% del PIB en un horizonte de 40 años). Deberían valorarse opciones intermedias, como garantizar el poder adquisitivo de las pensiones más bajas e introducir otras variables como PIB o salarios además del IPC para el resto.

Es cierto que hay recorrido para profundizar en las reformas paramétricas, especialmente en la extensión del cómputo de bases a toda la vida laboral o en medidas incentivadoras de la prolongación de la etapa activa y simétricamente en el desincentivo de la anticipación de la jubilación que serían deseables. Lo que está claro es la necesidad de restablecer el equilibrio actuarial interno del sistema e incorporar mecanismos de ajuste automático a la esperanza de vida, bien en la edad de jubilación o bien en línea del factor de sostenibilidad nonato.

Tampoco debería desdeñarse sin más, el profundizar en el análisis de reformas más radicales como la introducción gradual de un sistema de cuentas nocionales, que puede presentar ventajas diferenciales como un mayor equilibrio entre lo cotizado y lo percibido, una adaptación automática a la esperanza de vida, mayor flexibilidad y transparencia en su funcionamiento, sin olvidar que podría conllevar costes de transición que deberían ser evaluados.

En cualquier caso, cualquier reforma que se plantee en aras de la sostenibilidad, generará nuevas necesidades por el lado de la suficiencia, al traducirse en un previsible descenso de la tasa de sustitución a medio plazo.

La gran baza de la previsión complementaria

Y es aquí donde la previsión complementaria (actualmente raquítica) deberá desplegar todos sus efectos, para compensar ese creciente gap entre trabajo y pensión. No es fácil porque el nivel de activos financieros para pensiones apenas supera el 13% del PIB, lejos del 50% de la media de la OCDE. No existe cultura de ahorro finalista para jubilación, posiblemente por la elevada tasa de sustitución pública. La cobertura en los sistemas de empleo apenas alcanza al 10% de los ocupados y los sistemas personales se consideran un mero instrumento de deducción fiscal.