¿El 23J paralizará los nuevos planes de pensiones de empleo?

Borrador del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones (I): aspectos positivos

Borrador del Reglamento de Fondos de Pensiones (II): áreas de mejora en planes simplificados

Quién, cómo y cuánto se puede aportar y deducir en planes de pensiones

 

El adelanto de las elecciones generales al próximo 23 de julio, con la consiguiente disolución del Parlamento y la práctica paralización de la actividad legislativa que conlleva, ¿hará que se paralice la puesta en marcha de los nuevos planes de pensiones de empleo?

No debería paralizarlos. Y en caso de que efectivamente se paralizasen varios meses, no tendría ninguna implicación, más allá de ciertas estrategias cortoplacistas para 2023 (irrelevantes desde el punto de vista del interés nacional). En las dos principales formaciones políticas nacionales hay una decidida voluntad de impulso de las pensiones complementarias del sistema de empleo.

La Ley 12/2022, de regulación para impulso de los planes de pensiones de empleo, que modifico la Ley de Planes y Fondos de Pensiones (Real Decreto Legislativo 1/2002) y que introdujo un nuevo marco con una serie de herramientas para el desarrollo de la previsión social empresarial, ya está en vigor desde 1 de julio de 2022. Incluso sus medidas que entraron en vigor más tarde (por ejemplo, incentivos fiscales y de Seguridad Social para empresas) están en vigor desde 1 de enero de 2023.

Es cierto que falta una parte importante del desarrollo reglamentario de la Ley 12/2022, especialmente en materia de los planes de pensiones de empleo simplificados, cuyo desarrollo va a ser realizado a través del actual borrador de Reglamento que modificará el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones (Real Decreto 304/2004), y que está en fase muy avanzada, tras pasar por consulta pública, pendiente del dictamen del Consejo de Estado y del visto bueno de la mesa de diálogo social, previas a la aprobación final del Consejo de Ministros.

Planes simplificados ya en funcionamiento

No obstante, aun así, pese a que a los planes de empleo simplificados le faltan los detalles reglamentarios (algunos relevantes, como ciertos procedimientos, regulaciones sobre especificaciones y anexos específicos, derecho de rescate, novedades en multi adscripción, etc.), tengamos en cuenta que en el caso de los planes simplificados de trabajadores autónomos ya hay unos 5 o 6 planes en funcionamiento, que han sido promovidos y registrados en la DGSFP y que se ofrecen ya, sin haberse aprobado todavía ese desarrollo reglamentario.

Ejemplos de los anteriores serían los casos del plan de empleo simplificado de trabajadores autónomos de ATA (gestionado por Vida Caixa), el del Colegio de Ambientólogos de Catalunya (gestionado por Indexa), el de la Confederación española de asociaciones de jóvenes empresarios-CEAJ (gestionado por Fonditel), el de Aucat (gestionado por Caixa Enginyers).

Por otro lado, la promoción de planes simplificados sectoriales depende de los ritmos, tiempos y voluntades de la negociación colectiva sectorial, que tiene sus plazos y normalmente depende de la apertura de los periodos de negociación de convenio (aunque no necesariamente, porque se podrían negociar en los periodos entre convenios).

Es cierto que el mencionado desarrollo reglamentario de la Ley 12/2022, a través de Real Decreto, como norma reglamentaria, no necesita pasar por trámite parlamentario por las Cortes Generales, al no tener carácter de ley, sino de reglamento, por lo que su procedimiento de aprobación no debería verse necesariamente afectado a nivel teórico. Por lo tanto, probablemente, no decaerá la aprobación del mismo prevista para el 18 de julio. No obstante, si bien lo que se han disuelto son las Cortes Generales y no el Consejo de Ministros, ese carácter interino que tendrá el mismo hasta el 23 de julio pudiera producir que la aprobación de este Real Decreto se posponga, aunque sea poco probable.

Retraso de la plataforma digital 

Donde, en mi opinión, sí que habrá una parada es en el trabajo de promoción de los fondos de pensiones de promoción pública abiertos (FPEPP) (*), y sus elementos anexos como la plataforma digital común, ya que son una apuesta casi personal del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y de su equipo, y va muy ligado a la visión que tiene el actual Gobierno de la previsión social complementaria.

No obstante, todo este universo relativo a los fondos de empleo de promoción pública iba con significativos retrasos respecto a lo inicialmente previsto, y con unos plazos de puesta en marcha necesariamente más amplios, por lo que no será un hándicap el hecho de una demora/parada de 8 o 12 semanas. Será más relevante, para su devenir futuro, el hecho de si habrá o no cambios de color político en el Parlamento, que determinará qué protagonismo o no (y qué enfoque) le quiere dar el nuevo Gobierno a los Fondos de Promoción Pública.

Más allá de una mera e intrascendente parada de unas cuantas semanas o varios meses, creo que hay que estar tranquilos con la voluntad política y de los agentes sociales de impulso de las pensiones del sistema de empleo.

Hay una voluntad decidida de impulsarla por parte de los dos principales partidos políticos de España, así como cada día mayor por parte de los agentes sociales, tal y como lo demuestra el V acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, que sugiere e “invita” a que en la negociación de los convenios colectivos se acuerde crear planes de pensiones de empleo, o mejorar los compromisos por pensiones actuales en los planes de empleo ya existentes. Es un claro mensaje desde lo alto de la negociación colectiva.

Dos opciones, dependiendo de quién gobierne

En mi opinión, es más importante considerar que los cambios vendrán en el enfoque y las medidas concretas que se adoptarán y/o mantendrán, dependiendo de quién Gobierne a partir de septiembre de 2023, y con qué mayorías se gobierne

Si ganase el Partido Popular, pienso que es altamente posible que se despenalice, al menos parcialmente, la previsión social individual, por ejemplo, incrementando los límites de aportación y de reducción de las aportaciones a planes de pensiones individuales (el límite general o conjunto) desde 1.500 euros anuales actuales hasta 4.000-5.000 euros (**), como se ha indicado en alguna ocasión. Esta medida facilitaría el desarrollo del ahorro personal complementario a la jubilación, sin penalizar el ahorro a través del sistema de empleo, sino haciendo convivir a ambos y haciéndolos “trabajar en equipo”. Es decir, en mi opinión, apostarían por el impulso de ambos: planes de pensiones individuales y de empleo.

Lo anterior haría aflorar situaciones nuevas como, por ejemplo, que los nuevos planes de pensiones de empleo simplificados de autónomos, para una inmensa mayoría de trabajadores por cuenta propia (salvo los de rentas altas), ya no sería tan necesarios, salvo para acceder a vehículos más baratos que los planes individuales.

En cambio, si el PSOE continúa en el Gobierno tras las elecciones, probablemente se seguirá con un enfoque muy similar al actual de facilitar y potenciar el desarrollo de la previsión social en las empresas, a costa de penalizar la previsión individual. Es decir, poniendo la mayor parte del peso del ahorro, complementario a las pensiones públicas, en el segundo pilar.

(*) La ley 12/2022, en materia de fondos de pensiones de empleo de promoción pública abiertos, ha tenido un primer desarrollo reglamentario con el Real Decreto 885/2022

(**) Es relevante indicar que un incremento de límites de aportación y reducción de las mismas en IRPF no es una mejora de la fiscalidad de estos productos, sino únicamente una mejora de su fiscalidad en el corto plazo (ya que son productos con fiscalidad diferida, se paga en el momento de cobro de las prestaciones).