Sábado 29 de enero de 2022
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Recientemente, he leído un comentario que pudiera referirse a un hecho real: Una persona mayor acude a la ventanilla de un banco solicitando retirar cincuenta euros de su cuenta de ahorro. El empleado le respondió que para esa cantidad tenía que hacerlo en el cajero automático.
Como el cliente no sabía manejar el cajero, preguntó cuánto podría sacar en ventanilla, respondiéndole que de quinientos hasta veinte mil euros.
Como este cliente sabía que su saldo era muy superior a aquellas cantidades, pidió retirar veinte mil euros, a lo que el empleado se vio obligado a acceder aunque debió ser a regañadientes.
Cuando el impositor hubo recibido la citada cantidad, retiró de ella cincuenta euros y dijo: quiero ingresar diecinueve mil novecientos cincuenta euros en mi cuenta, cuya operación se vio obligado a realizar el estricto cumplidor de su deber.
Las nuevas normas de los bancos no parecen tener en cuenta que los pensionistas, personas mayores, tienen dificultades para adaptarse a las tecnologías, prácticas digitales y demás zarandajas de la modernidad que deshumanizan las relaciones entre personas.
Quienes han adoptado estas normas de funcionamiento de la economía no han querido tener en cuenta que son empresas que manejan el dinero de sus clientes, personas que ahorran, en muchos caso con sacrificio y que luego se ven en apuros para disponer de lo que es suyo .
Puede que llegue el momento en que muchos prefieran "meter el dinero bajo el colchón" en lugar de ingresarlo en entidades que luego ponen dificultades para disponer de lo propio.
Las administraciones públicas no deberían consentir estas prácticas que pueden considerarse abusivas en menosprecio de los derechos fundamentales, que hasta podría interpretarse como una flagrante violación del artículo 33.3 de la Constitución Española: "Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes."