Estamos en unos momentos de mucha inquietud en la sociedad por el Covid-19, y analizando el futuro, no podemos dejar de pensar en las personas mayores, cuando cada vez vivimos más y las expectativas para quienes nacen hoy en día siguen aumentando de la mano de los adelantos sanitarios y las mejoras de las condiciones de vida. En 2018, la esperanza de vida al nacer en España se situaba en 83,24 años esto implica 2 años más que hace 10 años y 4,7 más que hace 20 años.
Cuando hablamos de esperanza de vida no hay que olvidar la incidencia que tiene el nivel socioeconómico pues influyen la calidad de vida y de trabajo, el acceso a la información sobre cuidado de la salud y el nivel adquisitivo y el tiempo para cuidar la alimentación y estilo de vida saludable.
Contener y asegurar calidad de vida ante el envejecimiento y despoblación del ámbito rural representan los grandes retos a los que se enfrentan las instituciones a distinto nivel territorial. La dotación de recursos necesarios de las personas que viven en las zonas cada vez más despobladas no siempre alcanza los niveles considerados suficientes. Desde la asistencia médica, la atención a la dependencia, las infraestructuras de comunicación, los servicios sociales, etc. Todos ellos son recursos con enormes implicaciones en la calidad de vida de las personas mayores y su implantación en determinadas áreas parece resultar insuficiente. A ello, se suma la mayor presencia de mujeres, quienes tradicionalmente han tenido un papel crucial en la atención y cuidados a menudo de otras mujeres, que van a su vez envejeciendo y, con ello, dificultado cada vez más la cadena de cuidados.
La preservación del envejecimiento saludable, por un lado, es evidente que aumenta la necesidad de asistencia básica y de atención a la dependencia, para lo que se precisa tanto de recursos sólidos como de profesionales bien preparados y de entornos adaptados e inclusivos para las personas mayores, por otro lado, hay que reconocer todo lo que las personas mayores aportan a las sociedades. El reto de afrontar este cambio demográfico consiste en brindar la oportunidad no sólo de vidas más largas, sino más saludables, que puedan seguir aportando activamente a nuestras sociedades.
Pese a que en España el papel atribuido a la familia en el cuidado y la fuerza de la solidaridad intergeneracional es más acusada que en otros países del entorno, en los últimos años se observa un cambio hacia la individualización de las expectativas personales, no sólo de la población joven, sino también de la de más edad. En este sentido, parece que las expectativas sobre el cuidado ante la dependencia están cambiando, teniendo como escenario de fondo la cada vez mayor participación de las mujeres en el mercado de trabajo y las consecuencias del reparto desequilibrado del trabajo reproductivo y del cuidado.
Diversas encuestas y estudios han puesto de relieve que las personas mayores prefieren envejecer en sus propias casas y, en caso de precisar cuidado, prefiere atención informal por parte de algún miembro de la familia. Siempre que las habilidades funcionales de las personas y las condiciones de la casa sean las adecuadas, el permanecer en sus casas el mayor tiempo posible puede preservar su salud y las oportunidades para un envejecimiento activo. Las nuevas tecnologías pueden cumplir un papel decisivo para promocionar la salud y la seguridad en el hogar, siempre que cuenten con una serie de elementos como:
- El estado de la vivienda y el entorno en el que está ubicada deben de asegurar las condiciones de salud y seguridad.
- Los recursos económicos han de ser suficientes para poder mantener la casa en condiciones de habitabilidad.
- Una red social que asegure contar con los cuidados formales e informales que pudieran ser necesarios.
También tenemos que tener encuenta que cuando se habla de buena salud no debe entenderse únicamente como la ausencia de enfermedad, también están presentes la concurrencia de otros factores como el bienestar físico, mental y social de las personas. Esta perspectiva más global de buena salud debe tenerse en cuenta para un buen desarrollo del envejecimiento activo y, por ello, a lo largo de la vida y en esta última etapa, deben garantizarse condiciones materiales y sociales dignas para todas las personas.
Pero tenemos que denunciar que el criterio de austeridad bajo el que se han regido las políticas públicas en los últimos años ha causado un deterioro en el sistema público de salud, limitando la cobertura del modelo de atención asistencial universal y sus recursos. Estos recortes en derechos se produjeron en un contexto de envejecimiento de la población, con una mayor prevalencia de enfermedades crónicas y consecuentemente con una necesidad creciente de un mayor gasto en investigación y nuevas terapias.
Para que las personas mayores puedan envejecer de forma activa, rompiendo los estereotipos que con ellos se relacionan como la dependencia y la carga familiar, es imprescindible la implantación de políticas públicas que permitan una promoción de la salud y la atención sociosanitaria pues estas afecta de forma directa al deterioro de la salud y las capacidades autónomas de las personas mayores.
No podemos olvidar el sistema de pensiones que constituye uno de los instrumentos de garantía de rentas más potente del Estado de Bienestar. La tensión demográfica de las próximas décadas (sobre todo hasta el año 2050), implicará la necesidad de reforzar la financiación del sistema, para así mantener la revalorización de las pensiones de acuerdo con la evolución de los precios. Si no se toman medidas, la presión y falta de actualización de las pensiones actuales será mayor. Hay que reforzar la creación de empleo y la mejora de los salarios que son elementos decisivos para mantener la contribución al sistema, garantizando las pensiones y su revalorización a lo largo del tiempo.
Es necesario abordar las desigualdades a lo largo de todas las etapas de la vida, las políticas públicas deben garantizar el ejercicio efectivo de los derechos a la vez que promover la redistribución de la riqueza, para ello hay que conseguir un sistema fiscal más justo, en el que haya un reparto más equilibrado de los esfuerzos. Sin ello, las desigualdades económicas y sociales experimentadas a lo largo de la vida se trasladan a la vejez, como sucede con las brechas de género en el trabajo, cuidado y pensiones.
Por todo ello, el desarrollo de políticas públicas y la mayor dotación de recursos para la mejora del sistema de salud y dependencia, la financiación de las pensiones, la aplicación transversal de la perspectiva de género y el replanteamiento del sistema productivo y fiscal, son condiciones necesarias para la construcción de un sistema más justo, equitativo, solidario y sostenible para todas y todos, donde el envejecimiento activo sea posible. Y no se recorten nuestros derechos como ocurrió en la crisis del año 2010.
Julián Gutiérrez del Pozo. Secretario General de Pensionistas de CCOO.