Hartos de que prime la idea de negocio en las residencias de mayores

La principal debilidad del sistema de residencias es que, siendo un servicio social, prima la idea de negocio sobre cualquier otra consideración. De las aproximadamente 490, según datos del CSIC y de la página web Inforesidencias.com, sólamente 65 son residencias de titularidad pública y, de éstas, 26 están en manos privadas, con lo que la apuesta porque sea la empresa privada la que se encargue mayoritariamente de este servicio es obvia y, si esto sucede, es porque hay negocio.

Por otra parte, la mayoría de las residencias de titularidad pública se construyeron hace mucho tiempo y están pensadas, en cuanto a condiciones materiales, sobre todo para gente válida. La realidad actual es muy diferente. Además, la normativa sobre residencias es dispersa y también muy antigua, con lo que resulta muy difícil que los familiares, no digamos ya los residentes, puedan enterarse bien de cuáles son sus derechos. 

Asimismo, los familiares son considerados un obstáculo para el funcionamiento de la residencia y, en consecuencia, hay una falta prácticamente total de control y de participación de los mismos en las residencias. Debería estar institucionalizada, igual que en los Colegios, la creación de Asociaciones de familiares y su participación en los órganos de representación existentes.

De igual manera, no existen órganos de representación en las residencias privadas y, menos aún, con participación de los familiares. Esto no se puede dejar a la buena voluntad de las empresas titulares de las Residencias como no se deja a la voluntad de las empresas privadas la existencia, o no, de Comités de Empresa para los trabajadores.

 

Ligada a la necesidad de la rentabilidad de las empresas que construyen las residencias, que debería construir el Estado (en este caso la Comunidad Autónoma), está la clamorosa falta de personal para atender a los mayores y la precariedad y baja cualificación profesional ligada a ello de muchos trabajadores.

Finalmente, la falta de control por parte de la Administración de lo que pasa en las residencias privadas con auténticas vulneraciones de derechos de muchos de los residentes y sus familias cuando por ejemplo se les conmina a abandonar la Residencia como consecuencia de sus quejas.

¿Qué amenazas deberá afrontar el sistema?

El aumento creciente de la demanda de plazas residenciales, puesto que en estos momentos existe un déficit de unas 8.000 según las recomendaciones de la OMS, es una de las amenazas.

Por otro lado, el número de población mayor de 65 años no va a dejar de incrementarse en los próximos años y no existe ningún Plan de construcción de Residencias públicas en una Comunidad como la nuestra en que el 92% de las residencias está en manos privadas. Esto va a significar colapso de las plazas en las residencias públicas, incremento de las cantidades que deben pagar los Residentes como consecuencia del incremento que deberá haber de plazas concertadas y aumento de los precios en las residencias privadas debido al exceso de demanda. Muchas personas mayores se verán obligadas a tener que vender su patrimonio para poder pagar una residencia.

Del mismo modo, debemos considerar una amenaza el desembarco en las residencias de los Fondos de Inversión que ven un claro nicho de negocio en las mismas debido a las bajas ratios y los criterios erróneos que se tienen en cuenta para establecerlas y a la falta de control de calidad existente tanto por parte de la Administración como por parte de la negación a que los familiares pudieran formar parte de ese control.

¿Cuáles son sus fortalezas?

Precisamente, sus debilidades son una oportunidad para que se conviertan en sus puntos fuertes. Es importante la existencia de una Agencia como la AMAS que se ocupa de la gestión de las residencias públicas. Habría que llevar a la práctica la moción 4/2018 de la Asamblea de Madrid que aprobó que fuera esa Agencia la que se hiciera cargo de todas las residencias públicas que están en manos privadas.

Igualmente, la existencia de un parque tan exiguo de residencias públicas y las necesidades actuales y a medio plazo, deberían permitir planificar un ambicioso plan de construcción de residencias públicas para equilibrar ese porcentaje del 92% de las residencias en manos privadas.

Así, el hecho de tener asumidas las competencias sobre Servicios Sociales por parte de la Comunidad de Madrid debería permitir modificar las actuales ratios tanto en aumento de las mismas, cuanto en los criterios que se aplican para establecerlas. Se debería hablar del número de puestos de trabajo por categorías y por turnos de trabajo, dimensionándose la plantilla para que se cubran las bajas por enfermedad, vacaciones, descansos y festivos sin que disminuya el nº de trabajadores que atienden a las personas mayores.

¿Qué oportunidades ofrece?

Por una parte, es un foco de creación de puestos de trabajo. Por otra, se pueden mejorar notabilísimamente las condiciones de vida de nuestros mayores con una formación de los trabajadores centrada en el respeto a la vejez y el buen trato a los mismos. Y, finalmente, se debe limitar la idea de que es un negocio redondo, estableciendo unas condiciones que obliguen a los empresarios a estar continuamente invirtiendo en mejoras para los residentes evitando el desembarco de especuladores y empresas sin escrúpulos.

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Miguel Vázquez es presidente de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (@pladigmare).