Martes 15 de noviembre de 2022
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Este pasado domingo, 65YMÁS publicaba un artículo que hablaba sobre la polémica suscitada por los planes de la DGT de poner en funcionamiento e instalar cerca de los lugares frecuentados por personas mayores una nueva señal de tráfico que mostraba una imagen muy edadista del colectivo (una mujer mayor encorvada, apoyándose en un bastón para cruzar y siendo sujetada por otra persona también encorvada).
Nadie discute de la necesidad de que, en zonas de paso de personas con problemas de movilidad, sean mayores o jóvenes, se reduzca la velocidad y se instalen sistemas que favorezcan la protección de estas personas, donde la señalización vertical es uno de ellos.
El problema se deriva por el tipo de imagen utilizado y lo que ese hecho en sí mismo muestra: los que diseñan esas señales, y los que las supervisan y aprueban tienen una visión muy distorsionada y unificadora de lo que son las personas mayores. Asociar edad con dependencia es un gran error, cuando hay un alto porcentaje de personas que utilizan esos lugares alrededor de los cuáles se van a instalar las señales que tienen buena movilidad.
Reitero: es un gran error, y, a mayores, un error evitable. Existen alternativas mucho mejores, trabajadas desde otros organismos oficiales, como la señal +65 diseñada en el CEAPAT, el Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas que depende del Imserso, junto con varias asociaciones de personas mayores.
Este caso es solo el último ejemplo que demuestra que hay mucho por trabajar en contra del edadismo en los organismos públicos. Sin ir más lejos, hace unas semanas surgió otra polémica por la decisión del Ministerio de Hacienda de hacer obligatoria la presentación telemática de la Declaración de la Renta. en contra de una sentencia del Tribunal Supremo, “No podemos ir hacia atrás, no se entendería, sería un retroceso", es lo que sostenía la directora de Gestión de la Agencia Tributaria. ¿Un retroceso que aquellas personas no familiarizadas con las aplicaciones informáticas puedan presentar su declaración? ¿De verdad?
El Gobierno actual aprobó el pasado mes de julio la nueva ley para la igualdad de trato y la no discriminación, que busca combatir, básicamente a través de multas, este tipo de situaciones, aunque posiblemente pensando más en las empresas privadas que en las administraciones públicas. Pero no basta con aprobar una ley. Se puede hacer mucho más y, creo, con un impacto mucho mayor.
Si bien a nivel institucional algunos organismos como el Imserso, y las áreas de Personas Mayores de los ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas lanzan excelentes iniciativas para combatir el edadismo y hacer más amigables los entornos ciudadanos para las personas mayores, falta un trabajo transversal de formación y concienciación de todos los empleados públicos para evitar situaciones de este tipo, que son impropias de un país que reconoce en sus mayores a personas socialmente activas y con los mismos derechos que los demás ciudadanos.
