Viernes 27 de diciembre de 2019
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Para fijarnos unos objetivos para el 2020, es necesario partir de un análisis imparcial de la situación actual. En la CM, hay unas 490 residencias, 65 de titularidad pública (1 estatal, 44 autonómicas y 20 municipales). De las 44 autonómicas, 19 son de gestión indirecta (privada) y de las 20 municipales, 7 son de gestión privada.
Por tanto, el 92% de las residencias, está en manos privadas. De cerca de 51.000 plazas ofertadas, sólo 10.658 son públicas. Si hablamos de cobertura pública y entendemos que alcanza a las 10.626 plazas concertadas, cerca de 31.000 personas tienen que costearse la estancia en una residencia privada, donde el coste medio de una plaza ronda los 2.000 euros mensuales. Eso significa que, dada la cuantía media de las pensiones y la brecha de género en las mismas, muchísimas familias recurren a la venta de patrimonio para poder pagar una residencia.
Si, además, no se cumple la cobertura de plazas recomendada por la OMS (un 5% de la población mayor de 65 años), las dificultades para acceder a una plaza residencial pública por parte de quien sólo ha tenido un salario, son muchas.
¿Cómo es la atención que se recibe en los Centros?
Hay un aspecto fundamental: el número de trabajadores. Existen unos mínimos (ratios) establecidos por Acuerdo del Consejo Territorial creado por la ley de Dependencia, del año 2008. Son la regulación básica aplicable a todo el Estado. Debe haber 0,47 trabajadores para cada residente con grado de dependencia III y 0,45 para grado de dependencia II, para Gerocultores/as, será de 0,28 y 0,27 respectivamente. No se han modificado.
Las ratios generales incluyen a todos los trabajadores, sean de atención directa, o no, y cuentan a los trabajadores como si estuvieran las 24 horas del día y los 365 días del año.
La realidad es que el personal atendiendo en cada hora del día a los residentes, ni se aproxima a ese 0,47, ni al 0,28 en gerocultoras. Puede haber, si tenemos en cuenta sus derechos a las vacaciones, a los descansos y la jornada laboral de 8 horas, una gerocultora por diez o quince residentes grandes dependientes. La consecuencia es que la atención, se resiente. Es una forma de maltrato. Se producen caídas, accidentes, no se presta la debida ayuda para la higiene, la alimentación, el aseo personal, se extravían prendas, prótesis, no existe la adecuada asistencia sanitaria o farmacéutica, así como la vigilancia o cuidado especial que necesita el residente, se producen escaras y úlceras por presión por no realizarse los cambios posturales debidos, ingresos hospitalarios desnutridos y deshidratados y con infecciones de orina, por no efectuarse los cambios de pañales necesarios o por no llevarles al servicio, porque los trabajadores no dan abasto.
Para remate, los cauces de participación de familiares y residentes son prácticamente inexistentes. De 183 Consejos que tendría que haber (119 Residencias con plazas concertadas y 64 residencias públicas), la Comunidad de Madrid, a preguntas de PLADIGMARE, ha reconocido que sólo conoce la existencia de ¡¡11!!
Deseos para 2020
Por todo ello, para el 2020 no podemos sino tener muy presente esta situación y queremos:
- Otros criterios para establecer las ratios: deben ser por turnos, estableciendo el número de puestos de trabajo por categoría y en función del grado de dependencia, para que las plantillas se dimensionen sin que haya merma en el cuidado. Implantación de un protocolo de malos tratos, para identificar de forma eficaz estas situaciones.
- Implantación de un protocolo de malos tratos, para identificar de forma eficaz estas situaciones.
- Cauces de participación de los familiares, figurando en los Consejos de Residentes o de Usuarios. Mediante una Orden o una Resolución, se puede introducir esta participación, pues así se crearon estos Consejos. La instauración de Asociaciones de Familiares, que se puede realizar reglamentariamente, desarrollando el artículo 41 de la Ley 11/2003. No hace falta ninguna nueva Ley autonómica, se puede hacer ya, si hay voluntad.
- Introducción en los Pliegos de concursos de gestión, de cláusulas de contenido social, como planes de formación en el tratamiento de la disfagia por ej.; que la oferta económica no supere los 40 puntos de valoración; que las sanciones puntúen negativamente para la adjudicación del contrato y las sanciones o condenas por maltrato (empresa o trabajadores), inhabiliten para la gestión.
Todo ello, inmerso en una perspectiva de futuro para conseguir un plan para la CM que contemple:
a) Que se cumpla la moción 4/2018 de la Asamblea de Madrid, que las residencias de titularidad pública y gestión privada, pasen a ser de gestión pública.
b) La necesidad de la planificación para la construcción de residencias públicas, que equilibre la actual situación pública-privada en la CM.
Para ello, estaremos recogiendo firmas, queremos llegar a las 10.000, que entregaremos a la Consejería de Políticas Sociales; nos reuniremos con Instituciones, autoridades, asociaciones de mayores, sindicatos, para concretar las alternativas precisas y nos sumaremos a cuantas iniciativas vayan en esta dirección, porque la dignidad de las personas mayores en las Residencias nos lo demanda.
Miguel Vázquez Sarti es Presidente de la Asociación Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (@pladigmare)
