Jueves 20 de octubre de 2022
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Hay personas que consideran que con leerse una sola vez una ley, ya les sirve para siempre. No se paran en considerar que esta ley, a lo largo de su vigencia, puede variar, puede dejar de existir o puede ser reformada.
En diciembre de 2021, la ley que rige nuestro sistema público de pensiones fue reformada, asumiendo por un lado los requerimientos propuestos desde el seno del Pacto de Toledo, por otro lado, las aportaciones de los agentes sociales por medio de las mesas de diálogo social y finalmente se mejoró en su paso y aprobación definitiva por el Parlamento de la nación.
Esta reforma podemos fijarla, sin entrar en el detalle de todos los cambios que la misma ha contraído, en cuatro cuestiones:
- Mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones.
- Lucha contra la pobreza de las pensiones más bajas.
- Sustitución del Factor de Sostenibilidad, por el MEI
- Sostenibilidad del sistema de pensiones públicas, mediante la separación de las fuentes de financiación y la contabilidad de las mismas.
Sin duda cuatro elementos primordiales que han sido parte fundamental de las movilizaciones y reivindicaciones de nuestro colectivo.
La nueva fórmula de revalorización de las pensiones, sin ser perfecta, mejora a la anterior, consiguiendo que las pensiones no pierdan poder adquisitivo, ya que se recupera la media de lo perdido por el impacto inflacionario durante los 12 meses anteriores a su aplicación.
Evidentemente, su objetivo no es el de acabar con la pobreza, incrementando las pensiones más bajas hasta que superen el umbral de pobreza, para ello existen otros mecanismos, que hasta ahora se han demostrado insuficientes, como es el complemento a mínimos, una aportación no contributiva aportada por los Presupuestos Generales del Estado.
No parece razonable, y mucho menos justo, que alguien proponga disminuir la pobreza de muchos pensionistas en base a recortar las pensiones de otros pensionistas, que, por cierto, están cobrando lo que les corresponde, porque así han cotizado para ello. Creo que esto es una mala interpretación del sentido de la solidaridad, que desde luego, de llevarse a efecto, generaría una espiral de injusticias tremendas y rompería entre otras cuestiones, el principio de igualdad. Desde luego, las pensiones mínimas tienen que mejorar en este país, pero tiene que hacerse con medidas y aportaciones específicas por parte del Estado, y en ningún caso, quitando parte de la pensión a unos pensionistas, para dársela a otros.
Las pretensiones de algunos grupos políticos y de algunos mercenarios de la pluma de querer enfrentar a los hijos con los padres, con el argumento de que estos cobran más que ellos, no deja de ser una clara estrategia de desestabilización de nuestro sistema público de pensiones, que se hace además con el propósito de sacar rentabilidad electoral. Porque no es verdad que disminuyendo la pensión a los padres los hijos vayan a cobrar más. Estos sólo pueden cobrar si recuperan derechos en las empresas y se mejora la negociación colectiva.
La actual reforma en sus artículos adicionales obliga a los legisladores a crear un plan contra la pobreza y otorga un plazo, 12 meses, para su elaboración y puesta en marcha, plazo que actualmente no se está cumpliendo. Es en este punto donde debemos exigir al ministro el cumplimiento de la legalidad vigente y es en el seno de este artículo adicional donde debemos plantear propuestas para acabar definitivamente con las pensiones que se encuentren por debajo del umbral de pobreza, hoy fijado en el entorno de los 1.040€ mensuales, si nos atenemos al 60% del salario mediano, cifras de estructura salarial del INE, última cifra aportada junio de 2020. La lucha contra la elusión y evasión fiscal o la lucha contra el empleo informal, pueden ser entre otros, elementos que ayuden a la financiación del esfuerzo presupuestario necesario para acabar con la pobreza de nuestras pensiones.
Por cierto, a muchos defensores de los pensionistas siempre se les olvida hablar o acordarse del millón de pensiones no contributivas que carecen de complementos a mínimos y cuya cuantía más elevada no excede los 470 euros mensuales. Estas pensiones también deben estar incluidas en ese plan de lucha contra la pobreza.
Conclusión: no es lo mismo ni necesita del mismo esfuerzo financiero mantener el poder adquisitivo de las pensiones que acabar definitivamente con la pobreza de las mismas y las desigualdades sociales entre pensionistas.
Por último, es hora, y seguramente es la 25.487 ocasión en que lo planteo, de exigir definitivamente la auditoría de las cuentas públicas de la Seguridad Social, auditoría recogida en tiempo y forma en los artículos adicionales de la reforma de las pensiones de diciembre del año 2021. Este punto ha sido incumplido de forma tácita, ya que la ley daba tres meses para proponer la forma y al responsable de realizar la auditoría y quienes fueran los elegidos tenían un año para presentar lo auditado. Ambos plazos se han incumplido y es aquí donde debemos exigir su cumplimiento, para de esta manera saber qué ha pasado desde 1967 hasta hoy en cuanto a los gastos impropios cargados indebidamente a la Seguridad Social.
Estamos hablando, en el peor de los casos, según cifras inicialmente aportadas por el Tribunal de Cuentas, de más de 130.000 millones de euros y si se amplían los años de la auditoría y los conceptos a auditar, como exige la actual reforma, podemos duplicar o incluso triplicar la cuantía inicial del Tribunal de Cuentas. La aportación del Estado el último año por imputación de los gastos impropios ha evidenciado el rebajar de forma significativa el déficit presupuestario de la Seguridad Social.
Finalmente, hoy consideramos como ejes a reivindicar y a movilizarnos para su implementación la defensa de la actual reforma del sistema público de pensiones, aprobada y mejorada, mayoritariamente por los agentes sociales y el arco parlamentario. Debemos estar vigilantes al cumplimiento de la legalidad vigente, cuando existen voces que claman por la inaplicación de la revalorización de las pensiones, exigiendo que esta no se cumpla o proponiendo un pacto de rentas que empobrecería más a nuestra clase, la trabajadora, y a nuestro colectivo, las personas mayores.
De la misma forma exigimos, y esta debe ser una voz colectiva del movimiento de personas mayores, la elaboración del plan de lucha contra la pobreza y las desigualdades sociales de nuestras pensiones y pensionistas, contributivos y no contributivos.
En la aplicación de la reforma, se encuentra la mejor forma de defender nuestro sistema público de pensiones y hacerlo sostenible.
