Jueves 3 de abril de 2025
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El pasado lunes 31 de marzo, la llamada Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AlReF, emitió su informe de evaluación de las cuentas de la Seguridad Social, según la Disposición adicional segunda del RDL 2/2023, sobre "Seguimiento de las proyecciones de impacto estimado de las medidas adoptadas a partir de 2020".
En el mismo, por una parte avala las medidas y reformas adoptadas por el Gobierno en materia de pensiones y, por otra, interpreta que, en la sostenibilidad del sistema se han de tener en cuenta "el efecto del envejecimiento poblacional en todas las partidas de ingreso y de gasto, no solo en pensiones, y también otros retos fundamentales como el cambio climático o el gasto en defensa."
Nos llama la atención que la AlReF equipare como "retos fundamentales" a las pensiones, el cambio climático y el gasto en defensa. Porque las pensiones públicas no son "un reto", sino un derecho recogido en el Art. 50 de la Constitución; el cambio climático es (este sí) un reto ineludible, y el gasto en defensa es un despilfarro que nos lleva directamente al desastre. Su alusión en el informe de la AlReF dedicado a pensiones, solamente lo podemos interpretar como la amenaza de que los recursos que se dediquen a armas vayan justamente en detrimento de los servicios sociales y de las pensiones. Es decir, las recetas de Mark Rutte, secretario general de la OTAN.
En espera de un análisis más detallado, que deberemos hacer en el marco de la Unidad de Acción estatal pensionista, el informe de la AlReF siembra dudas sobre la sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones, muy en línea con la burocracia de Bruselas y las amenazas de los poderes financieros y la banca.
Mientras tanto, desde hace casi tres años se sigue sin cumplir la Ley 21/2021, que obliga al Gobierno a realizar una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social, donde se vería negro sobre blanco que los problemas de la Seguridad Social no son las pensiones públicas, sino los gastos que se le cargan indebidamente. Ya el propio Tribunal de Cuentas los estimó en más de 103.000 millones de euros, el exministro Escrivá en 144.000, y otros estudios (estos sí, independientes) los suben, en un cálculo histórico, a 500.000 millones de euros.
¿Qué es la AlReF?
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AlReF) comenzó a operar en 2014, y depende presupuestariamente del Ministerio de Hacienda. Su misión es "garantizar" el cumplimiento por parte de las administraciones públicas del "principio de estabilidad presupuestaria" previsto en el artículo 135 de la Constitución. Sí, ese que el
PP y el PSOE se pusieron de acuerdo en reformar una noche de 2011, priorizando el pago de la deuda pública (legítima, o no) por encima de otros gastos del Estado, incluyendo los sociales. Su primer presidente fue José Luis Escrivá, exministro y actual gobernador del Banco de España. Todo un agente de la banca.
La AlReF es, por tanto, un instrumento del neoliberalismo y de los poderes financieros. De "independiente" (dime de lo que presumes, y te diré de lo que careces), la AlReF tiene muy poco.
Además, su mandato para tutelar las cuentas de la Seguridad Social y las pensiones públicas, tiene un grave déficit democrático. Recordemos que el RDL 2/2023 (donde se incluye esa función) no fue aprobado en el Congreso de los Diputados, ya que esa posibilidad quedó anulada por la convocatoria de elecciones generales anticipadas del 23 de julio de 2023. No pasó ningún debate parlamentario, ni mucho menos social. Así pues, tenemos a la AlReF tutelándonos a través de un decreto.
Conclusión
Las personas pensionistas y el conjunto de las gentes trabajadoras debemos plantar cara a este tipo de "tutelas", como la de la AlReF, impuestas desde el poder.
Nos oponemos igualmente a las amenazas y el miedo inyectado en la población sobre posibles escenarios bélicos, creados artificialmente para engordar los obscenos beneficios de las industrias de armamento, que sin duda pretenderán que sean a costa de los recursos necesarios para la vida digna de las gentes del pueblo.
Defendemos las pensiones, con la misma determinación que nos oponemos a los gastos militares y a sus guerras.
Fuera tutelas antidemocráticas
Gobierne quien gobierne, las pensiones y los derechos se defienden.
