Por esa autoridad que nos debemos

Adentrarse en palabras de la singularidad del vocablo autoridad, además de cierta valentía me exige cierta delimitación desde buen principio, dejando claro que voy a referirme a unas acepciones que excluyen cualquier connotación impositiva respecto del término poder, o las señalaré para desestimarlas.

Deseo tratar la autoridad como una condición relacionada con la legitimidad, el prestigio, la dignidad, las facultades, el ejercicio, y la tradición y costumbres en la búsqueda del ideal comportamiento de las relaciones humanas. 

Porque pienso que de eso se trata, de autoridad, cuando queremos calificar la calidad y el mérito de quienes ejercen actividades profesionales o personales desde la gestión responsable de una encomienda, natural, privada o pública. 

Y, así mismo, de las propias acciones, o de sus resultados, en su identidad correspondiente, en cuanto per se, son merecedoras de ese honroso calificativo. 

Si nos centramos en la función rectora de quienes “mandan”, instruyen o responden de los actos de quienes son sus dependientes, gobernados o sirvientes, o sea de los sujetos a órdenes y cumplimientos delegados. 

La autoridad, así entendida, es decir, como algo revestido de legitimidad, maestría, suprema ilustración o, lógicamente, dependencia personal de otras principales, y por naturaleza o circunstancia aceptada por su común condición. 

La autoridad que reconozco así es aquella que se fundamenta en principios, leyes y costumbres -buenas- que son reconocidos por quienes están sujetos a subordinación, obviamente voluntaria o, cuando menos asumida con un consentimiento conformado por una obligación social, política o contractual. 

Quiero decir que solo vale denominar autoridad -potestad a las personas que ejercen una posición o mandato debidamente sustentado por leyes y reglamentos que les han sido otorgado expresamente por su condición y responsabilidad en un orden de respeto, apoyo, juicio y reparación de los actos y conductas de los sujetos dependientes. 

Por el contrario, personas que dicen obrar como “autoridad” imponiendo actos por la fuerza física, presión moral o abuso circunstancial, se consideren revestidos o inducidos a una exigencia dominante y contraria a la voluntad o interés legítimo del sujeto sometido, no pueden llamarse -dignamente-autoridad, sino considerarse “autoritarios” 

El Derecho, la Filosofía, la Sociología, se han ocupado de antiguo en considerar dos tipos de autoridad general, la jurídica y la moral. Una reflexión filosófica de Max Weber sobre la autoridad, cita: “Las necesidades de supervivencia, obligaron a los hombres a establecer unas normas que les permitiera poder afrontar los peligros y contratiempos de un medio hostil como son los demás hombres y la naturaleza”. 

¿Qué está pasando en nuestros días con la práctica moral de la autoridad? 

Si Ud. se hace esa pregunta como me la hago yo, no estaremos muy lejos ambos de considerar que la relajación del auctoritas y esa soflama moderna de la práctica del buenismo, auspiciado por el poder político y un nuevo concepto de individualismo decididamente no dependiente, conforman un claro detrimento del valor de la autoridad. 

Bien está que se procure avanzar en unas deseables relaciones humanas más aproximadas a la igualación de todas las condiciones de encuentro entre las personas. 

Lo es también que algunas distancias “morales” que se han dado entre generaciones sucesivas, de filiación y género, relaciones laborales, relaciones políticas, etc., se suavicen en el trato riguroso y de disciplina exigente. 

Pero no lo es si ello conduce al tropiezo voluntario con el respeto y el deber responsable. Tampoco que se olviden a postas las normas, sencillas y convenientes, de la urbanidad. Que se distraiga o maltrate todo lo ajeno. Que se vulnere la condición humana de los seres débiles y suprema de los ancianos. 

Tampoco es de recibo que el idioma llamado inclusivo desprecie el uso de la palabra, también “autoridad” de la lengua, en todo lo que representa entenderse entre humanos. Palabros malsonantes, despectivos y denigrantes entre personas a las que se supone tener educación. 

La dejadez y consentimiento a los menores en hacer u ocupar espacios impropios de una edad incipiente, es prueba de una práctica irresponsable de la autoridad obligada de sus progenitores. 

Todo ello lo entiendo como quiebra de la autoridad que nos necesitamos y debemos darnos los unos a los otros. Defenderla hasta toparse con la que corresponde a los demás debe ser una obligación social, un verdadero respeto por la solidaridad y la democracia.

No te hace más libre ni mejor persona discutir hasta llegar a ofender a quien ejerce la autoridad (paternal, laboral, política, policial, militar, arbitral…) y lo hace en el estricto cumplimiento de su deber, moral o profesional. Sólo debes sostener tus opiniones y derechos ante y con los recursos que siempre vas a disponer, sin olvidar tu propia reflexión y control; tu “autoridad” particular.