Sábado 6 de abril de 2019
5 minutos
Estamos a escasos días de iniciarse el proceso electoral en nuestro País, que culminará con la composición del nuevo Parlamento y Senado, para posteriormente enlazar con las elecciones Municipales y Autonómicas y finalmente con el proceso de elección de los europarlamentarios.
En estos procesos encontramos diferentes opciones políticas que se presentan con alternativas programáticas distintas, pero en nuestra calidad de representantes de los intereses de los adultos mayores, debemos centrar nuestros esfuerzos de análisis y reflexionar sobre aquellas cuestiones que tienden a paliar o satisfacer los problemas que padece nuestro colectivo.
Habitualmente estos se centran en primer lugar en la sostenibilidad presente y futura del sistema público de pensiones, elemento que debe dotar de suficiencia económica a nuestro colectivo y dignificarlo.
Las pensiones, el sistema público y su defensa, siempre aparecen en estos procesos electorales, es sin duda un elemento de peso para dirigir el voto de un colectivo que supera los 9 millones de votantes, y sin duda esto puede hacer girar la flecha en según qué dirección, fundamentada en hacer políticas que defiendan nuestros intereses.
Pero siempre es importante saber diferenciar entre el deseo y la realidad, y esta es terriblemente tozuda, realidad vivida el 4 de abril, El Parlamento Europeo aprobaba, el reglamento del producto paneuropeo de pensiones individuales (PEPP).
La votación ha salido adelante con los votos del PP y Ciudadanos, pertenecientes al PPE y ALDE y de una parte de los socialdemócratas europeos (S&D). Los Eurodiputados del PSOE se han abstenido y la izquierda europea GUE/NGL, de la que forman parte Izquierda Unida y Podemos, ha votado en contra.
El reglamento se ha presentado como un mecanismo para la regularización y armonización de los fondos privados de pensiones en el marco de la UE, y no solo contentos con esto, se permiten instar a los Estados a aprobar más desgravaciones y beneficios fiscales para los contratantes de estos fondos, lo cual sin duda alguna redundará en una minoración de recaudación para las arcas públicas.
Sin embargo, la realidad es otra ya que se trata de abrir el campo a la entrada de un plan de pensiones privado que va a gestionar la banca y las aseguradoras, es decir una vez más los legisladores se han convertido en cómplices necesarios del lobby para avanzar un nuevo paso en el camino de la privatización del sistema público de pensiones. Legislan en el avance de la privatización de las pensiones públicas, cuando al contrario los ciudadanos exigen legislar para eliminar las desigualdades y desarrollar políticas que luchen contra la pobreza, hoy tan necesarias en una Europa que se desangra, más empobrecida, dónde la brecha entre pobres y ricos cada día es más profunda.
Evidentemente este no es el camino, no se pueden plantear medidas programáticas que en el fondo son un mero ejercicio de cosmética o marketing político, cuya finalidad exclusiva no es la de legislar para el bien público, sino exclusivamente la búsqueda alocada del voto, para ponerlo en manos de quienes realmente legislan que no son otros que quienes acumulan capital y por medio de esta acumulación obtienen el poder político.
El PSOE, nos presenta una serie de medidas que afectan a nuestro colectivo, medidas desprovistas de la necesaria precisión y desarrollo programático, son “ideas” muy vagas, carentes de concreción. Todo programa electoral debe concretar más la línea ideológica y cuál es la necesidad que quieren satisfacer y lo más importante como lo van a hacer, en definitiva, debemos exigir un mayor grado de meticulosidad a la hora de diseñar las líneas que determinarán su acción política.
No podemos entender cómo son capaces de legislar para dotar de más transferencias al Gobierno Vasco, que consideramos ineludibles, sin embargo, son incapaces de cumplir sus promesas, como es el necesario blindaje de revalorización de las pensiones anualmente con el IPC, o derogar definitivamente el factor de sostenibilidad de las pensiones.
Estas elecciones deben ser el camino sin retorno para terminar definitivamente con el debate sobre la sostenibilidad del sistema público, para ello es necesario tener voluntad política para blindar y garantizar jurídicamente el modelo público, articulándolo dentro de nuestra Constitución, y proteger asegurando su financiación mediante el complemento de las cotizaciones sociales a través de aportaciones procedentes de los Presupuestos Generales del Estado, acabando definitivamente, de esta manera con las ocurrencias, vestidas de propuestas innovadoras.
Es necesario, cambiar nuestro modelo fiscal, dejar de utilizarlo como moneda de cambio electoralista, para tener una política fiscal justa y ética, que luche contra el fraude y la elusión fiscal, permita una redistribución equitativa de la renta, base de la riqueza social de nuestro País.
Seguimos teniendo deseos y que estos finalmente coincidan con la realidad que anhelamos, de lo contrario siempre nos quedará la movilización y la lucha por nuestros derechos y dignidad de clase.
Anatolio Diez Merino, Secretario General UJP-UGT y miembro del Comité Asesor de 65Ymás.
