¿Son eficaces las políticas económicas contra la desigualdad en España?

En España, el mercado del trabajo y las políticas fiscales (vía ingresos y vía gastos) configuran un escenario en el que la desigualdad puede cronificarse, superando la capacidad del Estado del Bienestar para mantener la cohesión social. Frente a esta realidad se vienen aplicando una serie de medidas económicas dirigidas a fortalecer la lucha contra la desigualdad y la pobreza. 

¿Pero son eficaces estas políticas? Los últimos informes realizados por Fedea (El observatorio sobre el reparto de los impuestos y las prestaciones entre los hogares), el INE (Encuesta de condiciones de vida de los españoles), y EAPN (El Estado de la pobreza en España: informe nº 13) nos muestran una fotografía bastante precisa de la capacidad redistributiva de la intervención pública en España. 

¿Qué son las políticas redistributivas? 

Las políticas redistributivas pretenden disminuir las desigualdades entre los perceptores de rentas y ayudar a satisfacer las necesidades básicas de la población con menores recursos. 

No pretenden reducir la desigualdad absoluta y para luchar contra la desigualdad siguen tres grandes líneas: reducir la concentración de la renta, conseguir la igualdad de oportunidades y permitir la integración social de los excluidos. 

Los principales instrumentos en la lucha contra la desigualdad se clasifican en tres grandes bloques: las políticas impositivas, las políticas de gastos y transferencias y las políticas de rentas y precios. Estos instrumentos reducen la desigualdad en España en un 35% pero con un peso porcentual distinto. 

Analicemos brevemente la aplicación de estos tres grandes bloques en España y su repercusión en la lucha contra la desigualdad. 

Las políticas impositivas 

Los impuestos que redistribuyen la renta y la riqueza son los impuestos directos que gravan la capacidad económica de las personas (físicas o jurídicas). Este efecto redistributivo es debido a su estructura progresiva, ya que las personas con rentas más altas pagan una proporción mayor de renta, aunque la evasión fiscal y la discriminación en las fuentes (rentas del trabajo o rentas del capital) distorsionan el modelo. 

En España la imposición directa está constituida por el IRPF, el Impuesto de Sociedades, el Impuesto sobre el Patrimonio (complementado provisionalmente con el de las grandes fortunas) y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

El IRPF es el instrumento redistributivo más potente con el que cuenta el sistema impositivo español, aunque según Fedea solo reduce la desigualdad en un 4,3%. 

El Impuesto sobre Sociedades tiene un limitado volumen recaudatorio y su capacidad redistributiva es muy reducida ya que solo lo hace en torno a un 0,8%. 

El Impuesto sobre el Patrimonio, cedido en su gestión a las comunidades autónomas, es un tributo marginal, ya que apenas modifica la distribución de la renta (el 0,02%). Igualmente es testimonial el Impuesto sobre las Grandes Fortunas, que solo recaudo 623 millones en 2023 y que afecto al 0,1% de los contribuyentes (12.000 grandes fortunas).

Lo mismo le ocurre al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, cedido también a las CCAA, que mantiene unas exenciones tan elevadas que tampoco redistribuye. 

En cuanto a los impuestos indirectos, estos no gravan la capacidad de pago del sujeto pasivo, sino el consumo, por lo que son impuestos regresivos. Entre todos ellos destaca el IVA, que no tiene un efecto redistributivo de la renta, ya que incide sobre todo en las rentas más bajas, de forma que no pagan más los que más tienen. 

En conjunto los impuestos reducen la desigualdad de renta en un 4% 

Como se puede apreciar el sistema impositivo español no demuestra ser lo suficientemente eficaz para reducir la desigualdad. 

Las políticas de gastos y transferencias 

Son unos importantes mecanismos de corrección de las desigualdades y el elemento clave para contribuir a mejorar la vida de los más vulnerables. 

Entre estas políticas podemos destacar: los gastos para la igualdad de oportunidades, constituidos por la Educación Pública, la Sanidad Pública, las pensiones, las prestaciones por desempleo y las transferencias entre las que destaca el Ingreso Mínimo Vital (subsidio a las rentas bajas) 

La Educación Pública representa un porcentaje importante de ahorro para los hogares más pobres y poco importante en los más ricos. Lo mismo le ocurre al Sistema Sanitario Público. Las prestaciones públicas en especie en educación y sanidad representan conjuntamente en torno a un 50% de la renta de los hogares más pobres y menos de un 4% de los más ricos. El gasto público en sanidad y educación corrige la desigualdad en los hogares en un 24%. 

Las pensiones son un equilibrador clave en la lucha contra la desigualdad en España. Su efecto nivelador es mucho mayor que el que consiguen los impuestos, aun siendo conscientes del problema de la sostenibilidad de estas. 

Las prestaciones por desempleo permiten asegurar a los trabajadores ante el riesgo de la pérdida de empleo, ofreciendo una red de seguridad para él y su familia y contribuyendo así a su protección contra la pobreza. 

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es percibido en España por 560,000 hogares, aunque la prestación ha crecido mucho durante el último año (arrancó en 2020 con 120.000 beneficiarios) no alcanza al número de personas a los que le corresponde. Según los cálculos de la AIREF en 2022 solo alcanzaba al 36% de la población potencialmente cubierta y el 58% ni tan siquiera lo solicitaba. 

Hubo bastantes problemas con la implantación de este subsidio en sus inicios, aunque bien es cierto, que era grande la complejidad en su tramitación debido al perfil de los potenciales beneficiarios, por lo que es necesario agilizar y facilitar su tramitación. 

El IMV ha supuesto a pesar de todo un hito en la lucha contra la desigualdad y la pobreza en España, lo cual se empieza a observar ya en la mejora del índice de Gini (medida que mide la desigualdad). 

Las pensiones públicas, los subsidios por desempleo y el resto de las prestaciones del sistema fueron responsables del 72% en la corrección de la desigualdad. 

Politicas de rentas y precios 

Suponen la intervención en los mecanismos de mercado mediante la fijación de precios (máximos o mínimos) y en los salarios (SMI)

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) beneficia a más de 2,5 millones de trabajadores de los que un tercio son mujeres y jóvenes. Desde que se inició la senda ascendente, esta renta mínima ha contribuido a reducir la pobreza salarial (trabajadores pobres) en un 25%. 

Los precios mínimos agrarios: la regulación de los precios agropecuarios se recoge en la Ley de la Cadena Alimentaria aprobada en 2021 y busca una solución más justa entre agricultores, ganaderos, industrias relacionadas y la cadena de distribución, prohibiendo la venta a pérdida en una difícil situación en el sector que viene expresando de forma reiterada su malestar. Sin embargo, en una economía de mercado la capacidad de los poderes públicos para intervenir es limitada. 

Los precios máximos en el alquiler de la vivienda: la escasez de oferta pública, el número insuficiente de viviendas ofertadas en alquiler, y los elevados precios han llevado al Gobierno a aprobar la nueva Ley de Alquileres en 2023 que permite a las CCAA regular el tope al precio del alquiler en zonas tensionadas. Al estar reciente aún la entrada en vigor de la norma no se puede hacer un juicio sobre sus resultados. Excepto Cataluña, el resto de las CCAA ha decidido no aplicarlo. 

La nueva normativa debería ir acompañada de un parque de viviendas en alquiler para que tenga éxito. Además, existen numerosas incógnitas sobre su futura eficacia. 

Conclusiones 

España es uno de los países más desiguales de la UE y los instrumentos utilizados hasta la fecha no acaban de contener la desigualdad, aunque se haya reducido con la implantación de medidas con el IMV y las subidas del SMI. De todas formas, difícilmente se reducirá la desigualdad si no se realiza una profunda reforma del sistema impositivo, y se profundiza en agilizar y mejorar el funcionamiento en ciertas políticas de gastos y transferencias.

Además, sería necesario invertir más en políticas contra la pobreza infantil (en España es muy elevada) y de ayuda a las familias monoparentales que registran una de las tasas más altas de pobreza de todos los colectivos.