El tratamiento informativo del coronavirus como forma de discriminación a las personas mayores

A pesar de que las personas mayores constituyen uno de los colectivos frecuentemente olvidados en el diseño de nuestras sociedades y su presencia en los medios es puntual y vinculada a cuestiones relacionadas con el cuidado o los abusos, dos acontecimientos han llevado a que desde 2018 el interés que suscitan se incremente exponencialmente y que los temas se diversifiquen. El primero guarda relación con las movilizaciones de las personas mayores a favor de las pensiones públicas; el segundo tiene que ver con la crisis sanitaria del coronavirus que estamos viviendo a nivel global.

En el caso de las movilizaciones, como también ha ocurrido en las raras ocasiones en las que se ha hablado de derechos de las personas mayores en los medios, han sido ellas mismas quiénes han reclamado el foco de atención; además, en estas noticias las personas mayores se representan como agentes sociales activos. Sin embargo, en el momento actual, las personas mayores son protagonistas sin pedirlo y la  forma en la que se les representa vuelve a ser de victimización.

Con independencia de que efectivamente las personas mayores están siendo estadísticamente las principales víctimas mortales del virus, es importante que nos paremos a pensar y evaluemos hasta qué punto el tratamiento informativo está generando una falsa sensación de seguridad para quienes no pertenecen a este colectivo, perjudicial desde el punto de vista de la salud pública, y contribuyendo a la discriminación que ya vienen sufriendo las personas mayores.

Un vistazo a la historia nos permite observar, por un lado, cómo las políticas centradas en grupos de riesgo sin una comunicación adecuada pueden ser disfuncionales en la medida en que quienes no se sienten identificados con esos grupos se consideran invulnerables y pueden tener propensión a mantener comportamientos irresponsables.

Ejemplos en el pasado

Por otro lado, echar la vista atrás nos muestra cómo el argumento de la salud pública se ha utilizado para limitar derechos sin que se hayan ponderado suficientemente las cuestiones implicadas. En la respuesta al VIH encontramos un lamentable muestrario de ejemplos, y no sólo en los momentos iniciales cuando desde el desconocimiento de la infección se pudieron aconsejar medidas a todas luces injustificadas en el actual estado de la Ciencia, sino incluso también a día de hoy, la discriminación contra las personas que viven, o que se supone que viven, con VIH es una constante en nuestras sociedades. 

De acuerdo con el informe de HelpAge International España La discriminación por razón de edad en España, las personas mayores enfrentan diversas formas de discriminación cimentadas todas ellas sobre patrones culturales que refuerzan estereotipos acerca de su improductividad y que, en vez de celebrar el incremento de la esperanza de vida, la presentan como un gasto adicional para los debilitados Estados de Bienestar. 

Estereotipos de fragilidad reforzados

El tratamiento que en los medios se está dando a la información sobre la incidencia y las consecuencias del COVID-19 está contribuyendo precisamente a reforzar el estereotipo de fragilidad y falta de autonomía que pesa sobre las personas mayores. Desde estos estereotipos, a los que se suma la percepción de la vejez como coste, y en una situación de sobrecarga de los servicios sanitarios en la que haya que decidir a quién se atiende en primer lugar, como la que puede estar avecinándose, es fácil imaginar que el argumento de la edad pueda llegar a operar por sí solo en la valoración de la efectividad de la intervención. En estos momentos, el caldo de cultivo está listo para que cualquiera pueda decir, sin mayor análisis de la situación concreta, que tiene más posibilidades de salir adelante una persona joven que una persona mayor y que, por tanto, en caso de necesidad, la asistencia debería recibirla la persona joven. 

Fomento de la participación activa

Además, un enfoque en derechos, como el que se reivindica en el informe La discriminación por razón de edad en España, requiere que las decisiones se tomen con participación de las personas que representan a los colectivos afectados. Es difícil encontrar en los últimos tres meses una sola vez en que en los medios de comunicación haya sido noticia que alguna de las organizaciones de personas mayores haya tomado la palabra para hablar de un problema que, a juzgar por la información que recibimos, las afecta más directamente a ellas que a otras personas. 

Una situación de emergencia como la que vivimos requiere de unos medios de comunicación responsables que contribuyan a cambiar la idea de las personas mayores que se tiene cultural y socialmente y superar los estereotipos que tan negativamente influyen en la efectividad de sus derechos. Aun estamos a tiempo. 

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M. Carmen Barranco Avilés, Lara Cuenca Gómez e Irene Vicente Echevarría

Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, Universidad Carlos III de Madrid