Vuelta al cole

Hace tiempo que una de nuestras ambiciones es la necesidad de reflexionar sobre la necesidad de legislar los derechos de los mayores, somos conscientes que muchas leyes ya contemplan hoy algunas medidas en defensa de nuestros derechos, la ley de dependencia, la reforma del sistema público de pensiones, o la defensa del consumidor establecen pautas que nos defienden como colectivo.

Pero nosotros pretendemos avanzar, dar un paso más. Como ya lo han realizado otros países, creando legislaciones específicas que defienden los derechos del colectivo que conformamos los adultos mayores: EE.UU, Francia, Canadá, Japón o más recientemente países como Uruguay o Chile, han desarrollado leyes o programas para defender los derechos de las personas mayores, podemos destacar algunas de las experiencias en que se basan estas legislaciones o programas específicos y que no difieren en absoluto de nuestras reivindicaciones:

• Enfoque integral: Muchas de estas leyes abordan múltiples aspectos de la vida de las personas mayores, desde la salud hasta la participación social.
• Actualización periódica: Varios países han actualizado sus leyes para adaptarse a los cambios demográficos y sociales.
• Planes contra la pobreza y la desigualdad.
• Mecanismos de implementación y financiación adecuada: Las leyes más efectivas incluyen disposiciones claras sobre cómo se implementarán y financiarán las medidas propuestas.
• Coordinación intersectorial: Muchas de estas leyes promueven la colaboración entre diferentes sectores del gobierno y la sociedad.
• Énfasis en la autonomía: Hay una tendencia creciente a enfocarse en promover la independencia y la toma de decisiones de las personas mayores.
• Protección contra el abuso: La mayoría de estas leyes incluyen medidas específicas para prevenir y abordar el maltrato a personas mayores.

Estas experiencias internacionales pueden ofrecer valiosas lecciones y modelos para España al considerar la implementación de una ley similar. Sin embargo, es importante adaptar cualquier enfoque al contexto específico español, considerando su sistema legal, estructura administrativa y realidades socioculturales.

Hay sin duda otra cuestión que nos preocupa y que viene siendo debatida tanto por la dirección general del IMSERSO como por parte del ministro del ramo, y es la nueva estrategia de desinstitucionalización, este enfoque busca transitar de un modelo de atención basado en grandes instituciones hacia servicios comunitarios y apoyos más integrados en la sociedad.

 

Nosotros coincidimos en este enfoque siempre que no signifique y no se entienda que la desinstitucionalización puede, en algunos casos, llevar a una forma de privatización de servicios públicos. Es un tema que contiene una importante complejidad y diversas aristas que debemos evitar:

• Tercerización de servicios: En muchos casos, los gobiernos contratan a organizaciones privadas o sin fines de lucro para proporcionar servicios comunitarios, lo que puede interpretarse como una forma de privatización.
• Transferencia de responsabilidades: La desinstitucionalización puede resultar en que las familias o comunidades asuman responsabilidades que antes eran del Estado, lo cual podría verse como una privatización de facto.
• Surgimiento de proveedores privados: Al cerrar grandes instituciones públicas, pueden surgir oportunidades para que proveedores privados ofrezcan servicios similares con fines de lucro.
• Reducción del gasto público: En algunos casos, los gobiernos, central y autonómicos, pueden ver la desinstitucionalización como una forma de reducir costos, lo que puede resultar en una disminución de la inversión pública en estos servicios.
• Cambio en el modelo de financiación: Puede haber un cambio hacia modelos de financiación individual en lugar de financiar directamente las instituciones públicas.

Es importante notar que la desinstitucionalización no necesariamente implica privatización. Muchos países, hoy, están diseñando e implementado políticas de desinstitucionalización manteniendo un fuerte componente de servicios públicos comunitarios. 

Sin embargo, la forma en que se implementan estas políticas puede avivar sentimientos y abrir la puerta a una mayor participación del sector privado.

Este debate subraya la importancia de diseñar cuidadosamente las políticas de desinstitucionalización para garantizar que no resulten en una disminución de la responsabilidad pública o en un acceso desigual a los servicios necesarios.

Finalmente, nos preocupa, la escasez de ideas en cuanto al necesario desarrollo de una política de gestión administrativa más eficiente como elemento fundamental para abordar de forma definitiva el "limbo de la dependencia" es necesario abordar este tema desde la Simplificación de procesos, la digitalización, la formación del personal administrativo, la coordinación interinstitucional, la gestión transparente, la descentralización efectiva,  la presupuestación eficiente o la Gestión de la información…  

Una gestión administrativa más eficiente no solo puede ayudar a resolver el "limbo de la dependencia", sino que también puede mejorar la calidad general de los servicios, reducir costos y aumentar la satisfacción de los usuarios. Es crucial que esta eficiencia administrativa se combine con un enfoque centrado en las personas, asegurando que la búsqueda de la eficiencia no comprometa la calidad de la atención.

Estos son sin duda elementos que nos preocupan y que nos ocuparan en los próximos meses.