La suma de dos desastres: el Pacto de Toledo y la reforma de Escrivá

Las actuales Recomendaciones del Pacto de Toledo (en adelante PT) fueron aprobadas en comisión el pasado 27 de octubre y ratificadas por el Congreso de los Diputados del 19 de noviembre de 2020, con un redactado en muchos casos tan genérico que puede servir tanto para mejorar como para empeorar la situación de las pensiones actuales y, sobre todo, futuras. Quizá por ello fueron aprobadas por la mayoría de partidos, de derechas e izquierdas.

Mientras los colectivos de pensionistas, l@s Yay@flautas de Cartagena y algún partido político en su momento, hemos defendido la necesidad de derogar las reformas de las pensiones de 2011 y 2013, pero en este PT se viene a reforzar y ampliar los recortes de 2011.

Desde el principio dijimos que las recomendaciones acordadas en el PT podían representar una piedra en el futuro de l@s trabajador@s, una piedra que debería ser “de toque” para comenzar las movilizaciones en contra antes de que se conviertan en leyes. Pero el ministro Escrivá, exjefe de la AIReF y del centro de estudios del BBVA, ha echado un órdago a l@s pensionistas y trabajador@s, pasándose por el "arco del triunfo" el ya de por sí nefasto PT, los acuerdos de gobierno con UP y las promesas electorales del PSOE, que vuelve a las andadas mostrando de nuevo sus dos caras: la electoral y la de gobierno.

Vayamos por partes.

Separación de fuentes de financiación

La SS financiada únicamente con cotizaciones, transfiriendo en caso necesario desde los PGE para cubrir los subsidios y gastos no contributivos. ¿Por qué no se traspasan las pensiones a los Presupuestos Generales del Estado como el resto de obligaciones del Estado, Ejército, Monarquía, Infraestructuras, etc? ¿Por qué los gastos impropios (salarios de funcionarios, alquileres, amortizaciones, fungibles, consumos…) se pagan con cotizaciones? ¿Por qué deben cuadrar las cuentas de la SS si no cuadra el dinero a la Iglesia, a la Policía o al resto de Ministerios? Porque el supuesto déficit es la base para los recortes y privatización posterior.

Traspaso de instalaciones de la Seguridad Social al Estado y a las CCAA. Se propone esta operación para la eliminación de la supuesta deuda de la SS con el Estado, habiendo demostrado el Tribunal de Cuentas que es todo lo contrario, el Estado adeuda a las SS más de 103.000 M€, y según otros estudios más amplios, 520.000 M€. Con esta operación la SS quedaría sin patrimonio de respaldo, lo que facilitaría su desmantelamiento a futuro.

Modificación del Art. 109 del TRLGSS. Se recomienda esta modificación, innecesaria totalmente porque este artículo es el que obliga a que los PGE hagan las aportaciones que sean necesarias al SPP, algo incumplido reiteradamente por PSOE y PP al corregir los falsos déficits mediante préstamos en lugar de transferencias directas. ¿Por qué y para qué se quiere modificar? Las recomendaciones no lo explican, pero es altamente sospechoso.

Incremento de pensiones

En la recomendación nº 2 la subida no queda ni blindada en la Constitución ni garantizada por ley, sino que será calculado "en base al IPC". Nada de IPC REAL ANUAL. Es más, Escrivá ha lanzado la 'sonda' de un nuevo Índice de Revalorización de Pensiones, que supone computar la subida de las pensiones con un "falso" IPC, calculado con la media de varios años (pasados y futuros).

En cuanto a las pensiones mínimas, no contributivas y de incapacidad, se "propone" su mejora, pero sin incidir en su equiparación al SMI ni hablar de la Carta Social Europea.

Viudedad y orfandad

El PT propone reformas ante los cambios sociales de los últimos años, condicionando la percepción de la viudedad a disponer de otros ingresos, al número de hijos o la edad. A cambio el PT “insta” a mejorar la protección a viud@s con 65 o más años sin otros recursos y a mejorar las cuantías y edad máxima de pensiones de orfandad.

Por último, el PT pide analizar “la eficacia protectora de aquellas manifestaciones de las prestaciones de muerte y supervivencia [familiares a cargo, viud@s y huérfan@s] establecidas cuando no existían prestaciones no contributivas, de modo que se libere al sistema contributivo de coberturas que deben tener su acomodo en los niveles no contributivos o asistenciales” (sic). Muy clara la petición de desconexión del sistema contributivo.

Edad de jubilación

El PT mantiene los 67 años de edad legal en 2027 y propone favorecer la prolongación voluntaria de actividad más allá de la edad legal. La jubilación anticipada quedaría igual o se agravarían las penalizaciones, que pueden llegar hasta un 32% de forma vitalicia.

Siempre hemos defendido la supresión de las penalizaciones a la jubilación anticipada en dos casos: cuando se han cotizado 40 o más años, y cuando se ha sufrido un despido sin volver a encontrar trabajo a edades avanzadas y se tiene que depender durante demasiados años del subsidio de mayores de 52 años (430 € en 2020).

Cálculo de la pensión. Según las recomendaciones del PT, se mantendrían los 15 años mínimos de cotización para acceder a una pensión, y los 25 a partir de 2022 como período de cálculo, como determina la reforma de pensiones de 2011 (PSOE), contemplando la evaluación de una progresiva ampliación del período cotizado necesario para acceder a la pensión máxima, y se recomienda contemplar la posibilidad de elección de los años más favorables.

La suma del atraso en la edad de jubilación a los 67 años y la ampliación a 25 años del período de cómputo suponían ya de por sí un recorte de alrededor del 15% para l@s pensionistas afectad@s.

Pero, como decíamos, Escrivá ha roto la baraja y propone ampliar de 25 a 35 los años para el cálculo del importe de la pensión, con lo que había que sumar entre un 5 y un 7% de rebaja de futuras pensiones. Sindicatos y UP han puesto el grito en el cielo, lo que en el caso de los primeros es un déjà vu: así empezaron con la reforma de 2011 y acabaron con la estilográfica en la mano. Pero el obstáculo legislativo sí puede ser significativo; si UP (y por supuesto ERC, Bildu, Compromís, Más País y algún otro) no firman, el PSOE lo tiene difícil: el PP no le va a dar ni agua salvo sorpresa mayúscula, y Cs no es significativo para sacar adelante este atentado contra el Sistema Público de Pensiones (SPP) de Escrivá.

Esto nos hace pensar que los 35 años pueden ser una maniobra de despiste para colar los verdaderos torpedos a la línea de flotación del SPP: el "nuevo IRP" y, sobre todo, la privatización parcial (de momento) del SPP. En el primer caso la maniobra es clara: a falta de un 0,25 que tras cuatro años hubo que retirar, se aplicará una fórmula matemática que rebaje el IPC REAL ANUAL por el que se venían rigiendo las subidas de pensiones hasta el "pensionazo" que sacó a miles y miles de jubilados a las calles.

Planes privados de empresa

El PT recomienda fomentar los planes privados de empresa (“previsión social complementaria”, PSC en adelante), similares a las EPSV del País Vasco (denunciadas) o al sistema complementario inglés, trasvasando los beneficios fiscales de los planes privados individuales a esta PSC, que se alimentaría de parte de las cotizaciones empresariales y de l@s trabajador@s, lo que significaría menos dinero a la Seguridad Social, y una "nueva razón" para rebajar las pensiones públicas. Se acordaría la implementación mediante Convenio Colectivo, por lo que sólo beneficiaría a un sector de l@s trabajador@s, los de la gran empresa, a las propias empresas por las rebajas de impuestos que les reportarán con los mismos gastos, y a los gestores de esas PSCs: los sindicatos mayoritarios, bancos y mutuas. Significarían, además, la privatización progresiva de las pensiones públicas que quedarían como asistenciales, e incluso serían la “cuña” de la mochila austríaca: se trataría de continuar la aplicación de la Disposición Final Segunda de la reforma laboral de 2010 de Zapatero (RDL 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo), no continuada por Rajoy por la crisis económica mundial y por aplicar su propia y salvaje reforma, aún no derogada ni siquiera parcialmente pese –de nuevo– a representar otro incumplimiento de pactos de gobierno y promesas electorales.

No es nada descabellado sospechar que en la próxima reforma laboral, o en la siguiente, se aplicará la maldita Mochila. Será el fin del SPP y del despido con indemnización, el sueño dorado de los empresarios. El camino estará bien pavimentado.

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Vicente González
Portavoz de Yay@flautas de Cartagena