Todo lo que debes saber sobre la incapacitación legal de un adulto mayor

Es lo primero que hay que entender y tener claro. El objetivo de la incapacitación legal no es restar derechos fundamentales, sino ofrecer máximas garantías sobre el cumplimento de los mismos. De hecho, para que este procedimiento cumpla esa misión, incapacitar a una persona es un trámite complejo, que solo podrá llevarse a la práctica mediante sentencia judicial y por causas muy concretas que establece el Código Civil.

¿Por qué puede ser necesaria la incapacitación?

La Ley determina que son causa de incapacitación “las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma”. En el caso de los adultos mayores, el aumento de la esperanza de vida y del envejecimiento de la población en numerosos países, entre ellos España, ha hecho que se incremente el número de personas de edades avanzadas que presentan alguna dolencia, generalmente de carácter neurodegenerativo, que pudiera hacer necesario recurrir a la incapacitación legal.

Los distintos tipos de demencia, que inciden especialmente en la población de más edad, son una de las principales causas de inicio del procedimiento. Como señala la Organización Mundial de la Salud (@OMS_es) de todas las posibles demencias, el Alzheimer es la de mayor prevalencia acaparando entre un 60%-70% de los casos.

Este dato no quiere decir que cualquier persona que sufra esta enfermedad tenga que ser incapacitada, pero se sabe que a medida que el Alzheimer avanza puede mostrar síntomas que hagan pensar en esta posibilidad. Pérdida de memoria, cambios bruscos de comportamiento o alteración en el lenguaje y en la compresión son síntomas que se van incrementando y la persona puede llegar a cumplir el requisito que señala la Ley. Es decir, no ser capaz de gobernarse a sí misma. No es el único caso. Enfermedades mentales como la psicosis o la esquizofrenia, trastornos de personalidad o demencia senil también están entre las posibles causas.

Las demencias y otras patologías pueden provocar mil situaciones de riesgo que inciden en cualquier aspecto de la vida de una persona afectada por una enfermedad crónica, física o física. Descontrol de las propias finanzas, desorientación al salir a la calle, posibilidad de sufrir un accidente o caída, trastornos alimenticios, agresividad, que puede resultar peligrosa para sí misma o para quienes la rodean o imposibilidad para seguir un tratamiento médico, entre otras. Situaciones duras a las que es necesario buscar una solución.

¿Cómo se inicia y se desarrolla el procedimiento?

Una persona mayor, que sufra una grave enfermedad degenerativa de este tipo, puede decidirse a iniciar, ella misma, el procedimiento, previendo una situación compleja que tiene la certeza que llegará. No es lo habitual, porque generalmente son los familiares cercanos los que detectan que es necesario. La declaración de incapacidad puede promoverla el cónyuge, los descendientes, los ascendientes o los hermanos. También puede hacerlo el Ministerio Fiscal (@fiscal_es) directamente, por ejemplo, en el caso de una persona que no tenga familia. Nadie más puede solicitarlo directamente.

Lo que sí es posible y cualquiera puede hacer es poner en conocimiento de la Fiscalía algún caso concreto, en el que se considera que la incapacitación podría ser necesaria para una persona, aunque no sea de tu familia. Por ejemplo, conoces y te preocupa alguien que vive en la calle desatendido y con síntomas de demencia. Como señala la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos (@ComunidadMadrid) siempre será el Ministerio Fiscal el que controle todo el proceso para garantizar, así, los derechos del presunto incapaz.

La posible incapacidad se tramita en el juzgado de primera instancia correspondiente al domicilio de la persona sobre la que se centra. A partir de este momento, se inicia el proceso, en el que será necesario presentar las pruebas que avalen la solicitud de declaración de incapacidad. Los informes médicos son determinantes así como las declaraciones de familiares y del propio afectado que, por supuesto, será escuchado debidamente para evitar que alguien pudiera poner en marcha este procedimiento por interés propio o con fines ilícitos. El juez podrá solicitar cualquier documento, prueba o declaración que considere oportuna.

¿Qué implica la incapacitación legal?

Analizada la situación en profundidad, el juez emitirá la sentencia correspondiente, en la que quedará determinada la incapacidad (si procede) y su alcance. Además, nombrará un tutor legal cuya principal función será cuidar y proteger al tutelado en todos los aspectos y velar por sus intereses. Puede ser una persona física, generalmente un familiar y también jurídica, siempre que se trate de instituciones u organismos sin ánimo de lucro. El juez se encargará de confirmar que la persona designada cumple con todos los requisitos legales para serlo.

Hay que insistir en que este procedimiento está pensado en garantizar la máxima protección de la persona incapacitada, por lo que la actuación del tutor también será supervisada por el juez, en los casos que así lo requieran, especialmente en lo relativo a aspectos económicos. Por ejemplo, un tutor no podría vender una propiedad inmobiliaria de su tutelado sin una autorización judicial expresa. El Ministerio Fiscal podrá exigir al tutor información sobre la situación de la persona tutelada en cualquier momento y además  le demandará un informe anual sobre la situación personal y patrimonial de quien se encarga de tutelar.