El problema del relevo generacional en la universidad: "En 8 años se jubila el 53% de la plantilla"

La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) era aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados el pasado 22 de diciembre de 2022 con 176 votos a favor, el mínimo necesario para sacar adelante una norma orgánica. Después de que el Senado también la aprobase el pasado miércoles 22 de febrero, solo queda que la nueva norma regrese al Congreso de los Diputados para su ratificación definitiva.

En concreto, la nueva ley de universidades plantea la reducción de la precariedad en la Universidad y la brecha de género, la formación a lo largo de toda la vida, derechos para los estudiantes como el paro académico o un compromiso de gasto del 1% del Producto Interior Bruto para 2030, entre otras medidas.

Sustituye así a la LOU, aprobada hace más de 20 años, con la intención de mejorar diferentes aspectos como los ya mencionados, y aunque ha sido considerada por el ministro de Universidades, Joan Subirats, como "totalmente necesaria" y "absolutamente imprescindible", también ha sido duramente criticada. De hecho, desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Ramón Caballero señala a 65YMÁS que esta ley "no responde a los problemas que hay que afrontar en la universidad", por lo que considera que "se convierte en una oportunidad perdida para mejorar el sistema universitario español". 

Algo en lo que coincide Encina González, secretaria de Universidad e Investigación de la Federación de Enseñanza de CCOO, quien asegura que "se queda corta, no es nuestro proyecto, y sobre todo en el ámbito de personal hay muchas cosas que mejorar". 

Problemas para conseguir el relevo generacional

En el anteproyecto de la LOSU se hacía referencia al envejecimiento que sufren las plantillas, señalando que dentro de 10 años la mitad de los profesores permanentes que trabajaban actualmente en las universidades españolas (el 54,1% de los docentes universitarios; el 57,4% tienen dedicación a tiempo completo, y el 71,9% son doctores) se habrán jubilado. Una solución que se planteaba era la ampliación de la tasa de reposición del 110 al 120%, contratando así a 12 nuevos profesionales por cada 10 que se jubilen. Pero, para Caballero, si no se van a poder convocar más plazas de las que impone la tasa de reposición, "vamos a seguir teniendo problemas para conseguir el relevo generacional y rejuvenecer las plantillas".

En este sentido, destaca que este tema del envejecimiento progresivo es "un problema crucial". Según la Estadística de personal de las universidades del curso 2021-2021 del Ministerio de Universidades, recogida por Europa Press, la edad media de los profesores universitarios se sitúa en 49,4 años, siendo en el caso de las mujeres tres años menor a la edad media de los hombres. Por su parte, la edad media del funcionario docente es de 55,8 años, siendo en el caso particular del catedrático de universidad de 59 años. 

En cuanto al personal de administración y servicios en el curso 2021-2022 alcanzaba la cifra de 66.593 (un 1,7% más que en el curso anterior), de las cuales un 18% pertenece a universidades privadas y constituyen una plantilla más joven con un porcentaje del 27,3% de personal menor de 35 años frente al 4,3% de las universidades públicas. Además, el 94,4% del personal de administración y servicios tienen dedicación a tiempo completo y el 72,8% son permanentes. Su edad media es de 49,4 años y el 61,7% son mujeres.

En el caso del personal empleado investigador, en el curso 2021-2022 se sitúaba en 20.791 investigadores, un 6,2% más que en el anterior. De ellos, el 93,1% está adscrito a universidades públicas y el 73,9% del personal empleado investigador es menor de 35 años. A todo esto hay que sumarle que "en los próximos 8 años, se jubilará el 53% de la plantilla", remarca Caballero.

En concreto, el personal total de las universidades en el curso 2021-2022 asciende a 229.270 efectivos (un 2,63% más que en el curso anterior), de los cuales 133.484 corresponden a personal docente e investigador (PDI), 66.593 a personal de administración y servicios (PAS) y 29.193 al conjunto del personal empleado investigador (PEI) y del personal técnico de apoyo a la investigación (PTA). Mientras qu el personal docente e investigador en las universidades el curso pasado se situó en 133.484, lo que supone un 2,76% más que en el curso anterior. De ellos, el 43,7% son mujeres.

Del total de personal en las universidades, los datos del Ministerio indican que 192.041 pertenece a universidades públicas y 37.229 a universidades privadas. Así, el 17,5% del total del profesorado pertenece a universidades privadas donde la plantilla es algo más joven, con un porcentaje de mujeres mayor (46,6%).

Así, con el objetivo de conseguir una carrera académica "más predecible, más corta, y más estable", la LOSU planteaba tres etapas en lugar de las cuatro de la LOU: acceso, estabilización y promoción. De esta forma, "desde el inicio, los estudios de doctorado hasta la estabilización solo pasarán diez años, consiguiendo así un rejuvenecimiento de la plantilla universitaria", señalan. 

Además, el acceso a la carrera se realizará con la figura de Ayudante Doctor, con un contrato de 6 años frente a los 5 de la LOU, eliminando la acreditación para esta figura y accediendo por concurso público. "Con ello se avanza la edad de entrada y se permite también atraer talento internacional. Pasados estos 6 años se podrá alcanzar la estabilización a través de las figuras de Titular de Universidad o bien de Permanente Laboral, mediante la acreditación pertinente y un concurso público", explican desde el Ministerio de Universidades en la presentación del documento. 

Frente a esto, desde CSIF consideran que las medidas que se toman "no solucionan ni el problema del relevo generacional ni el envejecimiento de las plantillas", ya que hay que tener en cuenta que el tema del envejecimiento "tiene otro componente que tiene que ver con la inestabilidad". "Ahora mismo, gran parte del personal docente investigador no estabiliza su puesto de trabajo en la universidad hasta los 45 años, mientras que la media de los primeros funcionarios, que son los titulares de universidad, es de 54 años. Esto es un disparate, y la LOSU no pone medidas para solucionarlo", comenta. 

"Habría que modificar cosas como la Aneca (Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación) y los criterios de acreditación para conseguir que el periodo de incertidumbre sea menor", añaden desde la Federación de Enseñanza de CCOO. 

Formación a lo largo de toda la vida

Otro de los cambios que introduce la LOSU se refiere a la formación a lo largo de la vida, o lo que es lo mismo, que las universidades estén dirigidas a todas las edades. Así, se busca dotar a las universidades de las herramientas necesarias para que esto sea "una función básica".  Para ello, se establecerán títulos propios de formación a lo largo de la vida mediante modalidades diversas, incluidas microcredenciales, microgrados y otros programas de corta duración y que podrán tener reconocimiento académico. Además, las administraciones públicas fomentarán programas de becas y ayudas a la formación a lo largo de la vida en el marco de las políticas de fomento de la movilidad internacional. 

La LOSU ha incorporado a su vez que las personas que no posean ninguna titulación universitaria habilitante para acceder a las titulaciones de formación permanente y que puedan acreditar experiencia laboral o profesional con nivel competencial equivalente a la formación académica universitaria, puedan acceder a las enseñanzas universitarias de formación permanente mediante un procedimiento de reconocimiento de la experiencia profesional.

A este respecto, Caballero considera que se trata de una "medida positiva" que, además, "puede desembocar en el incremento de los estudiantes en la universidad".

¿La ley que necesitan las universidades?

"Creemos que es una ley que fundamentalmente desregula aspectos importantes, dejando en manos de las Comunidades Autónomas temas vitales que deberían estar regulados a nivel nacional. Por tanto, se ha terminado convirtiendo en una ley de mínimos", explica Caballero. 

Estos son algunos de los principales problemas que, en su opinión, presenta la nueva ley, a los que le siguen otros, como "la desmantelación de los cuerpos docentes, mientras que fomenta la laboralización de las plantillas, es decir, que cada vez habrá menos funcionarios". Además, considera que "van a proliferar figuras laborales diferentes en cada CCAA con los problemas que crearan de igualdad, homologación… Nos parece un auténtico disparate".

Del mismo modo, advierte del "desfase que se produce en la carrera investigadora entre los hombres y las mujeres, donde hay un proceso de desigualdad cuando la mujer llega a la edad entre los 30 y los 40 años".

El personal total de las universidades en el curso 2021-2022 asciende a 229.270 efectivos (un 2,63% más que en el curso anterior), de los cuales 133.484 corresponden a personal docente e investigador (PDI). De ellos, el 43,7% son mujeres. "Hasta ahora, te exigían estancia de 9 meses en el extranjero para poder acreditarte a las figuras de PDI. Ese es el factor que está provocando estos últimos años un hueco importante en los temas de igualdad en la universidad, porque es en ese momento, que coincide curiosamente con la década del nacimiento y el cuidado de los niños, cuando se produce el vuelco", explica. 

La financiación será "otro grave problema", ya que la subida para dentro de 10 años hasta alcanzar el 1% del PIB "no garantiza una financiación estable y suficiente, y tampoco marca el procedimiento para que los fondos lleguen a las universidades", según Caballero. "Nuestra financiación es exigua y escasa, con diferencias entre comunidades autónomas que hacen que plazas permanentes pasen a plazas temporales, incluso a tiempo parcial, como los asociados", indica a su vez González. 

Desde CSIF tampoco consideran que se acabe con la precariedad con la nueva ley, que plantea: la reducción de la temporalidad, por lo que el profesorado con contrato laboral temporal no podrá superar el 20% en efectivos de la plantilla de personal docente e investigador; vías de entrada a la carrera académica para el profesorado que lleva años contratado bajo figuras no adecuadas (asociado, visitante u otras) y que han precarizado sus condiciones laborales haciendo real una reserva de plaza de hasta un 15%; recuperación del valor original de la figura de profesor/a Asociado que aportarán sus conocimientos en aquellas materias en las que su experiencia profesional resulte relevante, con un máximo de 120 horas lectivas; e incorporar la figura del profesorado Sustituto cuya finalidad exclusiva será la de sustituir al PDI con derecho a reserva de puesto de trabajo que suspenda temporalmente sus servicios. 

"Las fórmulas que establece la nueva ley parecen muy difíciles de materializar, complican la estabilidad que necesita el PDI, y no creemos que consigan el objetivo esperado", señala Caballero. Una opinión que contrarresta, la emitida por el ministro Joan Subirats, en la presentación de la ley, que consideraba que "la LOSU ofrece al sistema universitario las herramientas para adaptarse, y rápido, a los cambios sociales y económicos que se están produciendo". En cambio, Caballero insiste en que esta "no es la ley que necesita la universidad ni solucionará muchos de los problemas que ya presenta".