Gobierno y CCAA aprueban una guía para luchar contra el fraude en aceite y orujo de oliva
Se han programado casi 700 controles para el año 2023
La Mesa de Coordinación de la Calidad Alimentaria acaba de aprobar una guía para luchar contra el fraude del aceite de oliva y también de orujo de oliva que se llevará a cabo durante el año 2023.
En concreto, el objetivo de esta nueva guía, que ha sido coordinada desde nel Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, es ofrecer recomendaciones basadas en la experiencia acumulada de los servicios de fraudes de todas las comunidades autónomas y del propio Ministerio para que la programación y ejecución de las inspecciones sea, se dice literalmente, lo "más eficaz posible".
Así, identifica los puntos críticos en relación con posibles prácticas fraudulentas en la comercialización de aceite de oliva y de orujo de oliva que supongan un incumplimiento de las normas nacionales y comunitarias aplicables a este sector.
La guía identifica también las instalaciones de especial interés donde pueden producirse fraudes difíciles de detectar y establece recomendaciones para llevar a cabo los controles mnecesarios y señala los puntos críticos para cada tipo de instalación.
Agricultura ha recordado también que el pasado mes de noviembre se aprobó un plan de control específico del aceite de oliva y de orujo de oliva para la presente campaña del aceite, que está actualmente en aplicación y que integra los controles derivados tanto de la normativa comunitaria como de la nacional.
Programados casi 700 controles en 2023
Para el año 2023, en el marco del Programa Nacional de Control Oficial de la Calidad Alimentaria (PNCOCA 2021 - 2025), las comunidades autónomas han programado un total d 697 controles en el sector del aceite de oliva y el aceite de orujo de oliva basados todos ellos en una evaluación del riesgo y en su número de operadores, lo que supone casi un 6% más que el año anterior y controlar aproximadamente un 20% delñ total de los operadores.
Además, en aplicación de la actual norma de calidad, por primera vez se van a realizar también controles para la verificación de la trazabilidad del sector, que alcanzarán a un 10% de los operadores.
La norma de calidad de los aceites de oliva y de orujo de oliva se aprobó en agosto de 2021 (Real Decreto 760/2021, de 31 de agosto), con el fin de mejorar la trazabilidad de estos productos, en especial el aceite de oliva virgen extra, y revalorizar este alimento simbólico de la dieta mediterránea.
La guía aprobada es una herramienta para facilitar los controles de calidad con un sistema que no existe en ningún otro país del mundo y que coloca a España en cabeza de las exigencias de calidad del aceite de oliva.
España, que cuenta con más de 2,75 millones de hectáreas de olivar y unas 3.500 industrias dedicadas al sector, es líder mundial en la producción de aceite de oliva, con una media de 1,4 millones de toneladas anuales, y exporta a 150 países por un valor superior a 2.800 millones de euros.
La alarma saltó en dos localidades de Badajoz
Como se recordará las alarmas se dispararon hace casi dos semanas , el pasado día 9 de marzo cuando la Dirección General de Salud Pública del Servicio Extremeño de Salud (SES) intervino ante la denuncia de dos consumidores que habían adquirido un aceite de oliva virgen en localidades distintas de la provincia de Badajoz con características organolépticas alteradas de sabor, olor, color y consistencia.
Los veterinarios y farmacéuticos del SES se personaron de manera inmediata en los establecimientos minoristas donde se adquirieron y comprobaron importantes deficiencias en el etiquetado y trazabilidad del producto.
Así, según informó en nota de prensa la Junta de Extremadura, desde la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición se recibió una alerta alimentaria a instancias de las autoridades sanitarias de Andalucía donde se especificaba que empresas sin número de registro sanitario y, por tanto, fuera de control oficial, estaban envasando aceite y distribuyéndolo en la comunidad extremeña.
La Dirección General de Salud Pública procedió a informar inmediatamente a todas las Áreas de Salud de Extremadura sobre esta alerta alimentaria, haciéndola extensible a cualquier aceite mal etiquetado procedente de las empresas andaluzas, para que se procediese a la inmovilización cautelar.
También de inmediato, los servicios de inspección de la Consejería de Salud y Consumo trabajaron en coordinación con la Junta de Extremadura y el Seprona de la Guardia Civil para investigar la denuncia. A este respecto, el Gobierno andaluz ha informado de que las investigaciones "siguen en curso" y se actualizará la información en caso necesario.
