Afectados por el aceite de colza, pendientes del conflicto entre Consejería y farmacéuticos

Casi 40 años después de la mayor intoxicación alimentaria en España, los afectados por el aceite de colza –o síndrome tóxico-  se despertaban este martes con la noticia de que podrían empezar a pagar hasta 200 euros por los tratamientos que reciben cada mes, hasta ahora financiados. Todo ello debido al conflicto que enfrenta a la Consejería de Salud de la comunidad (@SaludMadrid) y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la capital (@COFMadrid). La organización farmacéutica amenazaba mediante una carta dirigida al viceconsejero de Sanidad Fernando Prados con poner en marcha esta medida a partir del próximo 1 de julio ante la deuda acumulada por la administración regional desde 2018, que asciende a los 7 millones de euros.

La plataforma 'Síndrome Tóxico. Seguimos Viviendo' (@Sindromecolza), integrada por los afectados por el aceite de colza, ha calificado de "irresponsable" que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid no haya abonado al Colegio de Farmacéuticos la deuda de 7 millones de euros por la financiación de los medicamentos a estos pacientes y han advertido de que se movilizarán para evitar pagar estos fármacos a partir de julio. "Es triste y lamentable que después de 38 años de sufrimiento por parte de nuestras víctimas, aún no se tenga clara la legislación vigente y la responsabilidad de cada Administración en relación a nuestro envenenamiento", ha lamentado la plataforma.

Sin embargo el ultimatum parece que ha surtido efecto. Este miércoles el COFM ha anunciado mediante un comunicado que se han reiniciado las conversaciones con la Consejería de Sanidad con el fin de llegar a una solución favorable para todos. "Con el ánimo de que así sea, el COFM desactiva la fecha del 1 de julio para comenzar a cobrar los medicamentos que se dispensen a dichos pacientes y facilitarles un ticket de caja de comprobante de lo dispensado para que puedan solicitar su reintegro a la Administración".

Origen del conflicto

Desde el año 1981, una vez constatada la intoxicación, el Ministerio estableció para los afectados la gratuidad de toda la prestación farmacéutica, es decir, que no tenían obligación del copago de los fármacos, incluida también la parafarmacia. Como consecuencia, la Administración central decidió sufragar directamente estos medicamentos. No obstante, en el año 2017 el Ministerio de Sanidad planteó que si eran las autonomías, como parte del Sistema Nacional de Salud, las que asumían el gasto de las recetas farmacéuticas, las comunidades pasarían a partir de 2018 a asumir el importe de los medicamentos.

Para ello, el Gobierno central remitió una carta informando a las autonomías de que, a partir del 1 de enero del año pasado dejaba de abonar el importe de estos medicamentos a las farmacias y sería la administración regional la que asumiría la tarea de pagarlo. Sin embargo, desde la Comunidad de Madrid se entendió esa mera carta informativa no suponía un trámite jurídico adecuado, dado que se requería formalizar una transferencia de competencias, y desde esa fecha, enero de 2018, existe una cantidad pendiente de casi 7 millones de euros.

La Consejería de Sanidad, previo dictamen de los servicios jurídicos autonómicos, considera que esta cuestión debe abordarse y resolverse en la comisión bilateral de transferencias entre el Estado y la Comunidad de Madrid, pues cuando se formalizó en 2001 el traspaso de las competencias sanitarias a las comunidades autónomas, la gratuidad de los medicamentos para los afectados por la intoxicación de aceite de colza no se incluyó, siendo el Gobierno central quien mantuvo la financiación de esta exención de copago farmacéutico. Desde Sanidad recalcan que el hecho de que el Colegio de Farmacéuticos plantee cobrar un derecho reconocido, como es el disponer de medicamentos gratuitos, a estos pacientes no es adecuado y confía en que finalmente no se lleve a cabo.