Los huertos urbanos siguen en auge y su demanda continúa en aumento
Martes 19 de noviembre de 2019
ACTUALIZADO : Martes 19 de noviembre de 2019 a las 6:24 H
4 minutos
Para muchos es una forma de consumo más social, sostenible y saludable
Martes 19 de noviembre de 2019
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El interés por los huertos urbanos sigue creciendo en las grandes ciudades de nuestro país, como Madrid, Barcelona, Sevilla o Valencia. Cada vez son más los que se animan a autoabastecerse de productos con el fin de tener, aparentemente, una alimentación más saludable y ecológica.
En ciudades como Madrid o Barcelona es ya frecuente encontrarse este tipo de plantaciones en solares abandonados, parques o patios soleados de viviendas y azoteas de edificios. Incluso, los llamados ‘armarios de cultivo’ han empezado a utilizarse en el interior de las casas que no corren la suerte de tener un espacio abierto.
El 'boom' del huerto en la ciudad
El interés por la horticultura desde las ciudades no es algo nuevo en nuestro país. Desde muchos ayuntamientos ya se venían impulsando políticas de apoyo a estas iniciativas, para promover alternativas de ocio saludable entre los vecinos.
Sin embargo, en los últimos años se ha producido un boom espectacular, y muchos vecinos se han organizado, para solicitar permisos de usos de suelo público o para crear los huertos en sus propios espacios.
Entre las causas que han podido incidir en esta demanda creciente, podemos valorar la importancia del movimiento ecologista y del cambio climático; la constante denuncia de procesos agrícolas no sostenibles; la nostalgia del mundo rural de jóvenes y mayores; o el contexto de fondo de la crisis.
En la población madrileña de Alcobendas, por ejemplo, se ha tenido que ampliar el número de huertos familiares habilitados por el ayuntamiento, debido a la gran demanda que existía (para los 123 huertos que se sortearon en 2018 hubo más de 800 solicitudes). Comenzaron en 2014 con las primeras cesiones y según ha declarado su alcalde, Ignacio García de Vinuesa, hoy ya son 221 familias las que pueden cultivar sus propias hortalizas en este municipio.
Los orígenes de la agricultura urbana
En la primera mitad del siglo XX, los cultivos urbanos aparecen como consecuencia de la situación en la que las ciudades estaban durante las guerras mundiales. Su fin era el de la mera subsistencia.
Desde los gobiernos se crearon programas para fomentar estas prácticas, como Dig for Victory en Gran Bretaña, o Victory Gardens en Estados Unidos. Con estos huertos urbanos se abastecían de productos de primera necesidad, que no llegaban a la ciudad. Además, tenían un componente patriótico, en el sentido de que la población colaboraba y contribuía al mantenimiento de la economía de guerra de sus países.
Es a partir de los años 70, cuando las organizaciones ecologistas empezarán a liderar estas iniciativas con fines más sociales y ambientales. En los últimos años, a estas organizaciones se han sumado movimientos ciudadanos, vecinales e individuales, que llegan a la agricultura urbana desde una motivación ecológica y de responsabilidad con el medio ambiente, pero también impulsados por un interés pedagógico, cultural o de ocio.
¿Existe riesgo para la salud pública?
La cesión de suelo público para crear pequeños huertos vecinales en las ciudades son iniciativas que pretenden promover el consumo ecológico, la participación ciudadana y la concienciación de los vecinos sobre practicas más sostenibles. Aparentemente, no parecen tener ninguna sombra; si embargo, existen ya voces discordantes que están denunciando los posibles riesgos, que este tipo de prácticas podrían suponer para la salud pública.
Uno de ellos es, por ejemplo, la contaminación atmosférica de las grandes ciudades. Según los expertos, habría que asegurar que estos terrenos se sitúan lejos de las vías de transporte y de zonas industriales, cuidar de que no se lleven a cabo malas prácticas, evaluar la calidad de los suelos y otras medidas preventivas que garanticen la salubridad de este tipo de huertos. La solución, para evitar cualquier tipo de riesgo, pasaría por regularlos mediante normativas locales y vigilar su cumplimiento desde las administraciones competentes.