Estas son las principales barreras que impiden una verdadera coordinación sociosanitaria, según CCOO

Reducir la desigualdad e invertir en sanidad y dependencia, clave para abordar el reto demográfico

Consulta aquí el informe de CCOO

 

Avanzar en una mayor coordinación sociosanitaria para garantizar el pleno acceso al sistema de salud de las personas dependientes sigue siendo uno de los retos que afrontar de cara al futuro. 

Esta es una de las principales conclusiones que se extrae del Observatorio Social de las Personas Mayores. Para un envejecimiento activo. 2024, elaborado por la Federación Estatal de Pensionistas y Jubilados de CCOO (@pensCCOO) y la Fundación 1º de Mayo (@fundacion1mayo), que fue presentado el jueves 10 de abril en un acto en el que participaron el secretario confederal de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo; el secretario general de la Federación Estatal de Pensionistas y Jubilados de CCOO, Juan Sepúlveda; y el representante del área de Estudios y Proyectos de la Fundación 1º de Mayo, Jesús Cruces. 

Según dicho informe, existen varias barreras para la coordinación sociosanitaria en España. Por una parte, los servicios sanitarios y los servicios sociales operan con estructuras de gestión y financiación independientes y esto dificulta la colaboración y la puesta en marcha de estrategias conjuntas.

Por otro lado, el que haya múltiples servicios involucrados en la atención a las personas en situación de dependencia hace que se requieran estrategias y protocolos para coordinar eficazmente sus acciones, desde la concepción global de la atención hasta la provisión de servicios y prestaciones concretas.

Otra de las barreras, explican en el documento, es la falta de vías para compartir información entre todos los agentes implicados. Una situación, que representa un grave inconveniente para la comunicación entre los niveles asistenciales (sanitarios y sociales) y genera un déficit en la eficacia de las acciones.

Por último, indican, la disparidad en los criterios asistenciales entre las diferentes comunidades autónomas dificulta garantizar una atención de calidad y equitativa para todas las personas vulnerables, así como el que no haya personal de enlace permanente. 

Lecciones de la pandemia

Estas deficiencias, explican en el documento, se hicieron patentes durante la pandemia de Covid-19, sobre todo, en las residencias de mayores, donde no siempre se pudo garantizar un acceso efectivo al sistema de salud.

Y esta situación, afirman, justificó que el Estado y las comunidades autónomas quisieran avanzar en corregir estas barreras.  

Cabe recordar que, según el último informe del Defensor del Pueblo, serían varias las comunidades que habrían realizado avances en ese sentido. En concreto, se destaca que Galicia ha extendido la capacidad de consulta del sistema de historia clínica electrónica (IANUS) a los profesionales de servicios sociales y centros residenciales. En el caso de La Rioja, los profesionales sanitarios de los centros tienen acceso a la historia clínica a través del programa SELENE, y se trabaja en su interoperabilidad con los sistemas de los centros residenciales. Asimismo, indican, se está elaborando un decreto para regular las categorías y requisitos específicos de los centros residenciales, previendo facilitar la atención sanitaria en los mismos. En la Comunitat Valenciana, los centros deben tener horas de atención médica y de enfermería contratadas, y sus profesionales tienen acceso a la historia clínica de atención primaria. Y, finalmente, en Cantabria, se ha constituido la Comisión de Coordinación Sociosanitaria para mejorar la atención de personas en situación de dependencia.

Sistema de salud 

Por otro lado, en el documento elaborado por CCOO y la Fundación 1º de Mayo también se plantea la escasez de recursos en el sistema nacional de salud como un problema de cara a cubrir las necesidades de una sociedad cada vez más envejecida. 

Según reconoció el representante del área de Estudios y Proyectos de la fundación, Jesús Cruces, si se compara con periodos anteriores se puede ver un "descenso" en la inversión pública en Sanidad –pese a que los porcentajes son superiores a los de la crisis– y existe un gasto desigual entre CCAA, en relación a su PIB. 

Es más, las listas de espera no han parado de aumentar desde 2016, aunque, de nuevo, la evolución ha sido dispar según la región. De media, se estarían dando demoras de 121 días para una intervención quirúrgica. Además, el documento también aborda la necesidad de invertir en atención primaria. 

Dependencia

 

Otro de los aspectos clave a abordar de cara a una exitosa transición demográfica, según el informe, es el aumento de la inversión en el sistema de cuidados, más allá de lo que ya se consiguió con el Plan de Choque de la Dependencia de 2021, por el cual se incrementó la financiación estatal en 600 millones de euros anuales, consiguiendo que la parte que aporta la administración central pase del 15,61% del total del gasto certificado en 2020 al 28,58% en el año 2023. 

Así, pese a estos esfuerzos, cerca del 40% de los 1,5 millones de personas en situación de dependencia son atendidos aún por familiares. Además, las listas de espera –259.000 personas– y los tiempos de respuesta –332 días de promedio– siguen siendo elevados y la intensidad de las prestaciones es insuficiente en determinados servicios profesionales. 

Por ello, el secretario confederal de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo, reclamó, como mínimo, "doblar" el gasto en Dependencia, que se sitúa en el 0,77% del PIB –e idealmente llegar al 2%–. 

Asimismo, en el documento se reclama abordar una transformación del sector que pase por más financiación –que el estado llegue al 50% de aportación y que se revisen los copagos y la financiación de las autonomías–, un aumento de la calidad del servicio y una mejora de las condiciones de empleo. 

Persisten inequidades en el sistema de pensiones

Por otro lado, una de las conclusiones que se extraen del Observatorio es que todavía existen desigualdades en el sistema de pensiones, a pesar de la indexación al IPC acordada en 2021, que ha supuesto una media de 118 euros de incremento mensual, y de otras subidas o complementos aplicados para garantizar la suficiencia de las cuantías que se cobran. 

En ese sentido, pese a estas medidas, una de cada tres pensiones contributivas sigue necesitando del complemento a mínimos y persiste la brecha de género, aunque, poco a poco, va reduciéndose en las nuevas altas, sobre todo, de pensión de jubilación.  

Por ello, el informe reafirma el papel clave del sistema público en la garantía de recursos para una población mayor creciente y la necesidad de continuar mitigando las desigualdades. 

"Sigue habiendo pensionistas que tienen dificultades para llegar a final de mes y para tener su casa caliente", aseguró el secretario general de la Federación Estatal de Pensionistas y Jubilados de CCOO, Juan Sepúlveda. 

Soledad, edadismo y salud

Finalmente, el informe aborda cuáles son las condiciones actuales en las que estarían las personas mayores, desde el punto de vista social y de la salud.

Respecto a la salud autopercibida, explicó Jesús Cruces, se ven diferencias si se analiza por género, situación económica y nivel de estudios, y también a nivel de soledad: el 45% de los hogares unipersonales se conforman de personas de más de 65 años y el porcentaje es más alto en mujeres.  

Así, en línea con la Organización Mundial de la Salud, se subraya que mejorar las condiciones de envejecimiento requiere una mirada global sobre los elementos que inciden en la salud, puesto que la calidad de vida en ese periodo está condicionada por múltiples factores ligados a recursos dignos, sistemas de atención adecuados y entornos saludables.

Además, es clave combatir la discriminación por edad, que afecta negativamente a la autopercepción y a la salud mental y física de los mayores. “Seguimos teniendo edadismo, incluido, en las administraciones públicas", denunció Juan Sepúlveda, secretario general de la Federación Estatal de Pensionistas y Jubilados de CCOO.