Los Bomberos de la Comunidad de Madrid retiraron 157 cadáveres del interior de las residencias en el punto álgido de la pandemia del coronavirus, mientras que los Bomberos del Ayuntamiento de Leganés retiraron 19 en los de su municipio y los de Fuenlabrada, 9.
Así lo ha indicado este viernes, en la comisión de investigación sobre Residencias y Covid-19 que se ha celebrado esta mañana en la Asamblea de Madrid, Agustín de la Herrán Souto, jefe del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad, a petición del Grupo Parlamentario Unidas Podemos al objeto de informar sobre dar cuenta de los datos y la gestión del Cuerpo regional de Bomberos durante la crisis del coronavirus.
Según ha respondido a preguntas de algunos diputados, no le consta que los bomberos de Alcorcón recogieran ningún cadáver en las residencias de este municipio, cuando ellos sí recogieron cinco allí, poniendo así en entredicho algunas de las declaraciones de la alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, la semana pasada en esta comisión. El compareciente sí ha indicado que mandó un requerimiento a estos bomberos locales en este sentido.
El jefe de Bomberos de la Comunidad ha explicado que cuando les asignaron esta función no sabían "si tendría que recoger 12, 30 o 300" cuerpos sin vida de estos centros.
Para ello, pusieron en marcha la Sala Covid con miembros de la Consejería de Asuntos Sociales, bomberos voluntarios y Agentes Forestales, que se encargaron de hacer un filtrado importante de la información que les llegaba.
"Desde esa Sala pensábamos que podíamos hacernos cargo con todos los fallecidos de la región, con apoyo de la Funeraria de Madrid. Cuando vimos que se experimentaba un pico grande, preavisamos a los Cuerpos de Bomberos locales con parques propios y les informamos de ello para que pudieran ponerse en marcha. En ese contexto los cuatro municipios se organizaron para que dos de ellos (Leganés y Fuenlabrada) hicieron retirada de cadáveres y los otros no. Fue un pacto entre ellos para repartir la carga de trabajo", ha explicado.
Cadáveres en descomposición
Su trabajo, ha contado, comenzó a finales de marzo. El primer día recogieron 6 cadáveres. El 5 de abril empezaron a ver un pico en esta recogida de cadáveres, por lo que ese día reforzaron el parque de Bomberos de las Rozas, que fueron los principales encargados de esta tarea, tras proporcionarles formación. El último día de recogida por parte de los Bomberos fue el 17 de abril y el pico de relevancia en esas tres semanas con tarea asignada fue entre el 1 y 9 de abril, ha apuntado.
No obstante, De la Herrán ha precisado que eran las funerarias las que de forma prioritaria se hacían cargo de estas tareas y que ellos actuaban en circunstancias de que los residentes fallecieron no tenían seguro o por la demora. "Llegamos a recoger algunos con 5 o 6 días fallecidos. Por norma general actuábamos entre las 24 y 36 horas", ha apuntado.
Protocolos
Por otra parte, también el exgerente de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) –responsable de las residencias y centros de día públicas de la Comunidad–, Óscar Álvarez López, ha comparecido este viernes en la Comisión de investigación donde ha asegurado que los polémicos protocolos de no derivación de residentes a los hospitales vigentes durante las semanas más duras de la pandemia del coronavirus "venían marcados" desde la Consejería de Sanidad.
Álvarez López ha explicado que asumió su cargo en septiembre de 2019 pero dimitió el 30 de junio por problemas de salud. "He vivido la peor experiencia de mi vida. Me infecté en abril y tuve problemas físicos evidentes y gran ansiedad y estrés con medicación por lo vivido. Acabé destrozado y aguanté cuando concluía la primera ola por responsabilidad", ha dicho.
El compareciente ha relatado que el primer caso de coronavirus se dio en la residencia de mayores La Paz el 4 de marzo. Entonces, llegaron médicos del hospital Gregorio Marañón y se hicieron PCR a todos los residentes. Según ha señalado, hasta el día 7 la situación estaba controlada pero a partir de entonces la crisis sanitaria explotó.
"Vivimos una situación de guerra, no existía certidumbre de un virus desconocido, con unos protocolos modificándose por días. Sufrimos un desabastecimiento de equipos de protección, empezamos a perder efectivos y el miedo de los propios trabajadores a infectarse. La situación inicial era de angustia", ha indicado.
Tal y como ha explicado Álvarez, además del cierre de los centros, empezaron a tomar otras medidas como la compra de EPIs, el aislamiento por zonas, planes de contingencia, establecimiento de registros diarios de contagiados y fallecidos, medidas de distancia de seguridad siguiendo protocolos del Ministerio y de la Consejería de Sanidad.
Preguntado por los protocolos específicos enviados entre la tercera semana de marzo a los geriátricos para no derivar a residentes enfermos con dependencia o discapacidad a los hospitales, el exgerente de la AMAS tiene constancia de que el día 18 de marzo tiene constancia de esos documentos y dos días después saben que llegan a los centros "directamente desde los hospitales y sus servicios de Geriatría, pero no a todos".
"El día 20, una vez que se tienen constancia de varios centros, por la noche, desde la coordinación médicoasistencial de la Agencia, se remite el protocolo a las 25 residencias, como otros protocolos de sanidad mortuoria y demás", ha manifestado.
Al día siguiente, continúa el compareciente, se reunió el equipo de coordinaciones de la AMAS. "Leímos el protocolo en detalle para ver qué soporte había que hacer para lo que se establecía en los circuitos. Cuando lo analizamos en detalle ese día transmito a los directores la necesidad de plantear algunas dudas como si podían llamar las enfermeras, temas de logística... Les digo que refuercen las compras por si no pudieran acceder desde el sistema de abastecimiento de hospitales, o que familia pueda acompañar al residente en los últimos momentos", ha indicado.
Álvarez López ha subrayado que el exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, se reunía con su equipo de forma diaria estos días "y se trabaja en muchos aspectos del día a día, que eran frenéticos, con reuniones con todo el mundo, viendo dónde se podían comprar EPIs, hacer contratos, etc".
En esa reunión del día 21 el interviniente ha asegurado que trasladó a Reyero su "temor y miedo" por "las situaciones que se podrían producir" si se aplicaban dichos protocolos con criterios de no derivación en determinados casos. "El consejero visualiza con base a las escalas cómo puede repercutir en las personas con discapacidad y otras personas. Reyero manifestó el desacuerdo con el protocolo. Yo visualizo su negativa que me la hace llegar, y la también la de la directora del Mayor, que lo manifiesta de una forma clara posteriormente", ha apuntado.
Al contrario que lo manifestado la semana pasada en esta comisión por el exdirector general de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur, el exgerente del AMAS ha asegurado que dichos protocolos eran "de obligado cumplimiento, como cualquier protocolo o instrucción y se tiene que actuar conforme a eso: llamar al enlace de Geriatría del hospital y lo que se produzca".
"Es que directamente tenías que contactar. No hay otra posibilidad", ha añadido el compareciente, que ha confirmado que los residentes tampoco podían ser trasladados en ese momento al hospital de Ifema o a los hoteles medicalizados.
A preguntas de la diputada socialista Purificación Causapié, Óscar Álvarez ha respondido que esos protocolos no se aplicaron en ámbito de la discapacidad porque pelearon para que no se produjera esa discriminación y que dichos criterios "son contrarios" a la Convención de Derechos Humanos y la legislación.
"Yo no puedo afirmar que han fallecido más residentes o no por la aplicación de alguno de esos criterios. Yo tengo la seguridad que en las residencias de las AMAS se presentó atención integral a los usuarios en esos días, con los criterios de los geriatras, con las mismas medicaciones. Las residencias contaban con el personal. Yo no puedo sacar a los residentes ni trasladarlos, pero fueron tratados por nuestros equipos, donde tenemos plantillas muy sanitarizadas y a nivel material se dota de fármacos de urgencia", ha detallado.
No obstante, el exgerente de la AMAS ha informado de que en la primera ola de la pandemia, entre mediados de marzo y mediados de junio murieron en sus residencias más de mil personas por toda las causas, cuando en todo el año anterior fallecieron esa mismo número de usuarios. Una cifra de mortalidad que según Causapié ascendió a 1.197, el 19 por ciento del total, según datos que le han proporcionado desde la propia Comunidad.
Por último, Álvarez López ha querido aclarar que ni él ni su coordinador médico, Primitivo Ramos, no participaron en la elaboración ni enviaron dichos protocolos de no derivación a los geriátricos, tal y como afirmó la semana pasada Carlos Mur.
Según ha explicado, el 13 de marzo desde Sanidad les citaron a él y a la directora del Plan para trasladarles un plan de actuación en residencias en lo que estaba trabajando los geriatras. Pero, ha agregado, Ramos solo participó en perfilar denominación de caso y un tema de aislamiento, "pero no participamos en su elaboración".
