El Pleno de las Cortes de Castilla y León ha dado el visto bueno este miércoles con la abstención de PSOE y Podemos-Equo a la convalidación del decreto ley de la Junta de medidas extraordinarias para la atención social en centros residenciales de personas mayores y personas con discapacidad dirigidas a reforzar la cobertura ofrecida de forma ordinaria por el sistema de servicios sociales.
Entre las novedades de este decreto ley, "el primero en España en este sentido" que busca paliar los efectos del COVID-19 y prevenir y afrontar riesgos de posibles rebrotes o nuevas crisis de salud pública, según ha explicado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, destaca la obligación de disponer en los centros de existencias de equipos de protección individuales (EPI), según se determine en cada caso por los servicios de prevención de riesgos laborales y del material necesario para la atención a los usuarios, al menos, durante un periodo de cinco semanas.
Este depósito de existencias deberá incluir también material de protección para uso de los residentes, en número proporcional a la ocupación real del centro y en función de las necesidades reales de atención. Además las entidades titulares, ante situaciones extraordinarias por causas de salud pública, deberán, una vez asegurada la suficiencia de sus propias necesidades, comunicar el remanente de sus existencias disponibles a la administración pública competente.
"Nos estamos anticipando a lo que pueda ocurrir, es un punto de partida", ha explicado Blanco ante la necesidad de adoptar "medidas extraordinarias" para reforzar la atención prestada a los usuarios de los centros residenciales de personas mayores y personas con discapacidad y la seguridad del personal de los centros.
La procuradora socialista María Isabel Gonzalo ha advertido del "ejercicio de malabarismo" que ha realizado la Consejería de Familia a través de un decreto ley "incompleto" que, según ha lamentado, deja de lado "cuestiones esenciales" para el grupo mayoritario que ha apostado por una "ley de verdad".
"Uno de los problemas más serios que hemos tenido es la falta de personal", ha evidenciado Gonzalo que ha compartido aspectos como la importancia de los inspectores o que no se someta al personal a rotaciones si bien ha advertido de que con las "exiguas ratios" no habrá suficientes profesionales para dar cumplimiento a este requisito, con dudas sobre cómo se organizará el personal sanitario en las residencias o sobre qué ocurrirá con los centros de día.
"Nos da mucha pena que el tiempo nos haya dado la razón", ha sentenciado la socialista como también ha apuntado la procuradora de Podemos-Equo, Laura Domínguez, que ha evidenciado que el modelo residencial de Castilla y León no ha hecho aguas, como asumió en su día la consejera de Sanidad, Verónica Casado, ya que "estaba ahogado desde hace años".
