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Imagina un mundo donde la capacidad para conseguir un trabajo, una vivienda o un préstamo depende de un análisis de sangre. Está confinado en su hogar y excluido de la sociedad si carece de ciertos anticuerpos. ¿Ciencia ficción o realidad? Según la revista Nature, algo similar podría ocurir si los gobiernos, como el de la Comunidad de Madrid, empiezan a implantar "pasaportes de inmunidad" para frenar la catástrofe económica de la pandemia de COVID-19. La idea es que dichos certificados se emitan a aquellos que se han recuperado y dado positivo para anticuerpos contra el SARS-CoV-2, el coronavirus que causa la enfermedad. Las autoridades levantarían las restricciones sobre aquellos que se supone que tienen inmunidad, lo que les permite regresar al trabajo, socializar y viajar.
El 24 de abril, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió contra la emisión de pasaportes de inmunidad porque no se podía garantizar su precisión: "Actualmente no hay evidencia de que las personas que se han recuperado de COVID-19 y tengan anticuerpos estén protegidas de una segunda infección". No obstante, China ya ha introducido controles de salud virtuales, rastreo de contactos y códigos QR digitales para limitar el movimiento de personas. Los resultados de la prueba de anticuerpos podrían integrarse fácilmente en este sistema. Y Chile, en un juego de semántica, dice que tiene la intención de emitir "certificados de autorización médica" con una validez de tres meses para las personas que se han recuperado de la enfermedad.
1. La inmunidad a COVID-19 es un misterio
Datos recientes, aportados por la revista Nature, sugieren que la mayoría de los pacientes recuperados producen algunos anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Pero los científicos no saben si todos producen suficientes anticuerpos para garantizar una protección futura, cuál podría ser un nivel seguro o cuánto duraría la inmunidad. Las estimaciones actuales, basadas en las respuestas inmunes a virus estrechamente relacionados, como los que causan el síndrome respiratorio agudo severo (SARS) y el síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS), sugieren que las personas recuperadas podrían protegerse de la reinfección durante uno o dos años. Pero si la inmunidad contra el SARS-CoV-2 imita lo que se ve con el resfriado común, el período de protección podría ser más corto.
2. Las pruebas serológicas no son confiables
Las pruebas para medir los anticuerpos contra el SARS-CoV-2 en la sangre pueden ser una herramienta valiosa para evaluar la prevalencia y la propagación del virus. Pero varían ampliamente en calidad y eficacia. Esto ha llevado a la OMS a advertir contra su uso en la evaluación de la salud individual o el estado inmune. Varias pruebas disponibles son lo suficientemente precisas, lo que significa que están validadas para tener al menos un 99% de especificidad y sensibilidad, pero los datos preliminares sugieren que la gran mayoría no son fiables. Esto causa falsos negativos en las personas que tienen pocos anticuerpos, lo que lleva a que las personas potencialmente inmunes sean etiquetadas incorrectamente como no inmunes.
3. El volumen de pruebas necesarias no es factible
Se necesitarían decenas a cientos de millones de pruebas serológicas para un programa nacional de certificación de inmunidad, según la revista Nature. Por ejemplo, Alemania tiene una población de casi 84 millones de personas, por lo que requeriría al menos 168 millones de pruebas serológicas para validar el estado inmunitario COVID-19 de cada residente al menos dos veces. Dos pruebas por persona son el mínimo, porque cualquier persona que dio negativo podría infectarse más tarde y necesitaría volver a someterse a una prueba inmunológica. Sería necesario repetir las pruebas, no menos de una vez al año, para garantizar la inmunidad continua.
4. Muy pocas personas para impulsar la economía
La proporción de individuos que se sabe que se recuperaron de COVID-19 varía ampliamente en diferentes poblaciones. Los informes de puntos calientes en Alemania y Estados Unidos sugieren que algunas ubicaciones podrían tener tasas de recuperación entre 14% y 30%. La baja prevalencia de la enfermedad combinada con una capacidad de prueba limitada, sin mencionar las pruebas poco confiables, significa que solo una pequeña fracción de cualquier población estaría certificada como libre para trabajar.
5. El seguimiento daña la privacidad
El objetivo de los pasaportes de inmunidad es controlar el movimiento. Por lo tanto, cualquier estrategia para la certificación de inmunidad debe incluir un sistema de identificación y monitoreo. La documentación en papel podría ser vulnerable a la falsificación. La documentación electrónica integrada en una aplicación de teléfono inteligente sería más resistente al fraude y más efectiva para el rastreo de contactos, la nueva prueba y las actualizaciones del estado inmune. Pero los documentos electrónicos presentan un riesgo más grave para la privacidad. En algunas provincias chinas, los códigos QR en los teléfonos inteligentes controlan la entrada a lugares públicos sobre la base del estado de salud COVID-19 del individuo.
6. Los grupos marginados serán más discriminados
Con una mayor vigilancia, se incrementa los riesgos para los grupos raciales, sexuales, religiosos u otras minorías. Durante la pandemia, China ha sido acusada de perfilar racialmente a los residentes al obligar a todos los ciudadanos africanos a hacerse la prueba del virus. En otras partes del mundo, las personas de Asia han enfrentado picos en prejuicios racializados.
7. ¿Para que sirven realmente las pruebas de anticuerpos?
Crecen las sospechas de que estos datos de vigilancia de la inmunidad contra COVID-19 se puedan usar para otros usos. Por ejemplo, según expone la revista Nature, el "encarcelamiento digital" ya ha aumentado en muchos países como Estados Unidos, Brasil e Irán, donde los individuos han sido liberados de la prisión para minimizar la propagación de COVID-19 y luego monitoreados usando pulseras digitales de tobillo. El riesgo sería aún mayor si la vigilancia digital se vinculara con el estado migratorio.
8. Acceso injusto
Con una escasez de pruebas, muchos no tendrán acceso. La experiencia hasta ahora sugiere que los ricos y poderosos tienen más probabilidades de obtener una prueba que los pobres y vulnerables. En los sistemas de salud escalonados, estas desigualdades se sienten aún más agudamente. Es muy probable que las mismas personas que necesitan volver al trabajo con mayor urgencia, los trabajadores que necesitan mantener un techo sobre su cabeza y comida en la mesa, tengan dificultades para hacerse una prueba de anticuerpos. La evaluación de los niños antes de que regresen a la escuela podría ser una prioridad baja, al igual que evaluar a las personas mayores retiradas y a aquellos que enfrentan desafíos físicos, mentales o cognitivos.
9. Estratificación social
Etiquetar a las personas sobre la base de su estado COVID-19 crearía una nueva medida para dividir los "que tienen" y los "que no tienen": los inmunoprivilegiados y los inmunodeprimidos. Tal etiquetado es particularmente preocupante en ausencia de una vacuna gratuita disponible universalmente. Si hay una vacuna disponible, las personas podrían optar por participar y obtener la certificación inmunológica. Sin uno, la estratificación dependería de la suerte, el dinero y las circunstancias personales. Restringir el trabajo, los conciertos, los museos, los servicios religiosos, los restaurantes, los centros de votación política e incluso los centros de atención médica a los sobrevivientes de COVID-19 dañaría y privaría de sus derechos a la mayoría de la población.
10. Los biodatos, nuevas formas de discirminación
Las plataformas para la certificación inmune del SARS-CoV-2 podrían ampliarse fácilmente para incluir otras formas de datos de salud personal, como registros de salud mental y resultados de pruebas genéticas. Los pasaportes de inmunidad de hoy podrían convertirse en los pasaportes biológicos de mañana. Esto introduciría un nuevo riesgo de discriminación si los empleadores, las compañías de seguros, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y otros pudieran acceder a información privada de salud para su propio beneficio. Tales preocupaciones han sido catalogadas en los últimos años en debates sobre quién debería tener acceso a la información genética, a medida que aumenta la demanda de médicos, investigadores, aseguradores, empleadores y agentes de la ley. También podría suponer una amenaza a la salud pública por incentivar alternativas privadas.
