Las enfermeras alertan de los efectos de la falta de personal: "Se producen muertes evitables"

Las enfermeras lo tienen claro: si el Gobierno y las comunidades no se toman en serio el problema de la falta de personal en hospitales, centros de salud y residencias, la viabilidad del sistema puede peligrar. Y es que el envejecimiento de la población, entre otros factores, está provocando que aumente progresivamente la demanda de estos servicios, pero no se están aumentando las plantillas al mismo tiempo. Por esta razón, la presidenta del sindicato de Enfermería SATSE (@Sindicato_SATSE), Laura Villaseñor, reclama a la nueva ministra de Sanidad, Mónica García, y a los consejeros de las distintas regiones, que acaben con la precariedad en el sector y garanticen una atención de calidad, puesto que estas carencias tienen consecuencias directas sobre la salud de la ciudadanía. 

PREGUNTA - ¿Qué debería hacer la nueva Ministra para que mejore la atención a los mayores en el Sistema Nacional de Salud?

RESPUESTA - El mayor reto que tiene por delante es el envejecimiento de la población y la falta de profesionales. Es algo que creo que tiene claro. Debe ser capaz de implementar políticas que garanticen una mejor atención y cuidados a los mayores, que son los que los necesitan.

En ese sentido, es indispensable que cuente con nosotros y que lleve a cabo políticas pensando en las enfermeras. Existe un gran déficit de personal. Llevamos tiempo avisando del problema, pero ya lo tenemos aquí. Y por las características demográficas de nuestro país, se va a agravar. Hay que tener en cuenta que tenemos seis trabajadoras por cada 1.000 habitantes. Es una ratio bajísima comparada con países de nuestro entorno, que tienen una media de 9 e incluso, algunos, de 11 o 14.

Además, nos encontramos con condiciones muy precarias, que están llevando al abandono y al malestar, más todavía, en entornos sociosanitarios.

Se tienen que plantear implementar políticas que mejoren estos ámbitos –centros de salud, hospitales, residencias...–. Pero sobre todo deben pensar en nuevos recursos, como la hospitalización a domicilio o los centros de media estancia. Nadie habla de ellos, pero son muy útiles para atender la población que tenemos.

P.- ¿Eso lo puede hacer el Ministerio de Sanidad? 

R.- Es evidente que lo que pedimos a Mónica García es que trabaje de manera conjunta y coordinada con las consejerías de Sanidad. Y nos parece un error que haya dos administraciones separadas, es decir, Sanidad y Derechos Sociales. Lo hemos defendido en muchas ocasiones. Entendemos que, de esa manera, sería mucho más fácil la coordinación y atender a las personas de manera integral. Los problemas de salud, en mayor medida, vienen determinados por factores sociales: la situación en la que se encuentran, el entorno en el que viven, la vivienda, el trabajo, el empleo... Lo sabemos desde hace muchos años. A veces, todo ello repercute más que la biología, el sistema sanitario o la tecnología. Por eso, consideramos que es importante que exista una administración única, tanto a nivel de Ministerio como en las consejerías, de manera que se pueda hacer una atención más integral, coordinada, y con menos burocracia y trabas. 

P.- ¿Cómo afectan las carencias del sistema a las personas mayores?

R.- La falta de profesionales o el que las enfermeras tengan que atender a un número elevado de pacientes tiene repercusión. Existe mucha evidencia científica que demuestra que, con bajas ratios, en función de la complejidad de los cuidados que se requieran, se incrementan los efectos adversos y complicaciones, hay más reingresos y se producen fallecimientos que podrían ser evitables. Conlleva más riesgos, una atención despersonalizada, se genera más listas de espera y hay una menor supervisión de los cuidados, no sólo en los hospitales, sino también en las residencias. En esos centros, el problema es tremendo. Hablamos de un colectivo frágil, con un alto porcentaje de personas con dependencia y más de un 80% de usuarios tiene problemas de salud crónicos, muchas veces, pluripatologías. Todo ello requiere unos cuidados complejos y una atención más personalizada, así como un seguimiento. Ahora bien, las enfermeras y los fisioterapeutas atienden a 150 o 200 personas. Si las ratios son malas en los hospitales y en atención primaria, en residencias, el problema es flagrante. Con la pandemia, escuchamos a todos los gobiernos, tanto el central como los autonómicos, comprometerse con esta situación, pero a día de hoy no hemos visto ninguna mejora. Y las profesionales siguen sin poder abarcar todas las necesidades de atención. 

P.- ¿Por qué cree que es más precaria la situación en las residencias que en la Sanidad? 

R.- Se ha mercantilizado demasiado. Hay pocas plazas públicas para una gran cantidad de personas mayores dependientes, con necesidades específicas de cuidados. Por contra, existe mucha oferta privada en la cual los gestores, lamentablemente, tienen un profundo desconocimiento de sus competencias. El negocio es legítimo, pero estamos hablando de personas vulnerables y dependientes, que están tutelados. Es su responsabilidad y de las administraciones que reciban los cuidados que merecen. Los mayores han contribuido a construir el Estado de Bienestar que tenemos, pero resulta que son los grandes olvidados. Y con ellos, también los profesionales que trabajan en las residencias.

P.- ¿Qué medidas se podrían tomar?

R.- Hay que implementar cambios en las políticas de retención de profesionales y mejorar las condiciones y las ratios. Se debe incentivar la contratación, pero no se puede hacer recualificando a trabajadores o emitiendo certificados de profesionalidad. Existe un desconocimiento de lo que podemos aportar las enfermeras. Los mayores necesitan una gran cantidad cuidados de calidad, con una planificación, un seguimiento de los procesos crónicos, un entendimiento de las necesidades físicas, psicológicas, emocionales, de los recursos... Eso, con la formación que tenemos, podemos abordarlo.

Muchas veces se les llena la boca a los políticos con que hay que poner a la persona en el centro, pues vamos a hacerlo, de verdad, con todas sus necesidades. 

P.- ¿Cómo proponen aumentar el número de enfermeras?

R.- Lo primero, y así se lo hemos trasladado a la Ministra de Sanidad, creemos que es urgente plantear un estudio de necesidades de profesionales. Recientemente, ha informado que se iba a hacer uno de los de medicina, pero entendemos que es primordial ampliarlo y, en base a este trabajo, realizar una planificación real, estratégica y ordenada de profesionales. 

P.- ¿No nos estamos preparando para responder a las necesidades de una población cada vez más longeva?

R.- No hay un estudio sobre esto. No se ha hecho desde hace muchísimos años. Y nuestros gobernantes tienen una mentalidad muy cortoplacista, no se plantean políticas a medio y largo plazo. Pero ya estamos teniendo problemas para cubrir las necesidades actuales. Además, a futuro, pese a que estamos teniendo un envejecimiento más saludable, también estamos detectando un incremento de problemas crónicos desde la infancia y, al final, es algo que tiene repercusión en los costes sanitarios y sobre la sostenibilidad del sistema.

Tengamos amplitud de miras. Es imprescindible pensar en incrementar las plantillas. ¿Cómo hacerlo? En las condiciones en las que estamos trabajando, no vamos a conseguirlo. Primero, se debe incentivar a los profesionales. Y luego, en base a esas necesidades, habrá que ver si tenemos que ampliar las plazas en las universidades, en función de lo que se requiera en los territorios y zonas que puedan soportar más alumnos, porque también hay que garantizar que las prácticas se hagan con la calidad suficiente. 

P.- ¿Qué incentivos existen hoy en día para estudiar y trabajar de enfermera?

R.- Se está viendo que los profesionales sanitarios están cada vez más desgastados y que tienen una desmotivación brutal. En la pandemia, lo dimos todo, nos aplaudieron, se puso de relieve la importancia de las enfermeras en las residencias y en los centros de atención primaria. La respuesta rápida estuvo en su mano. Y teníamos la esperanza de que por fin se hubiese visto lo que podemos aportar y que hubiese una voluntad de mejorar nuestras condiciones, de incentivar que sigamos haciendo nuestro trabajo. Porque, al final, lo que queremos es hacerlo bien pero, para lograrlo, necesitamos recursos y tiempo, no estar maltratadas. 

Es la profesión más bonita del mundo, pero la vocación no justifica que aguantes estas condiciones. Estamos detectando muchos problemas de salud mental y de desgaste, porque están expuestas a riesgos riesgos físicos, biológicos y psicosociales... Se encuentran en continuo contacto con la enfermedad y con el sufrimiento del paciente y el de la familia, porque tienes que conocer su entorno, sus recursos, qué habilidades tienen, qué capacidades de autocuidado, etc. 

Eso sí, podríamos hacer muchísimas más cosas, pero nos tienen que dar medios, recursos y tiempo. La cualificación que tienen es cada vez mayor. Muchas están investigando y haciendo doctorados que, al final, lo que persiguen, es mejorar la calidad de vida de las personas. Y los realizan a costa de su tiempo libre, porque no se les da tiempo ni recursos para ello. 

P.- ¿Por qué piensan que una Ley de Ratios ayudará a paliar los problemas de la Enfermería en España?

R.- Es un problema que hay que intentar atajar. Desde Satse hemos propuesto una Ley de Ratios o de Seguridad del Paciente, a través de una iniciativa legislativa popular que se llevó al Parlamento, en la que se recogieron 700.000 firmas y que, en su momento, todos los grupos la apoyaron. 

Con esta legislación, lo que intentamos es que se apliquen unas ratios en función del tipo de centro, de paciente, de patología y de la complejidad de los cuidados. Llevamos cuatro años con ella y ha sufrido diversos bloqueos, parálisis y presiones. Nos consta que hay muchas reticencias por parte de la patronal de la sanidad privada, e incluso de las residencias, pero confiamos que en esta legislatura se tramite y se apruebe. Sería una manera de demostrar el compromiso de los grupos parlamentarios con la garantía de esos cuidados que requiere la población, con calidad y cumpliendo con los estándares que todas las organizaciones, como la OMS, recomiendan. 

P.- ¿Existe un compromiso por parte del Ministerio?

R.- Esperamos que la nueva Ministra lo adopte. Es cierto que en estos cuatro años hemos pasado por diferentes ministros, y ha sido un volver a empezar continuo, pero la inmensa mayoría de los partidos políticos nos trasladaron la bondades que veían en esta Ley. Además, tenemos un precedente en Educación, donde se vio que era imprescindible garantizar un máximo de alumnos que podía atender cada docente. Somos conscientes de que, con el problema de falta de profesionales que tenemos, este cambio no se podrá implementar ya, pero se puede hacer de manera planificada, con un cronograma. Vamos a ponernos manos a la obra y programar unas ratios con unas horquillas que puedan adaptarse a cada centro de salud, residencia u hospital.

P.- ¿Cuál es la situación actual de las enfermeras en la España rural? ¿Sigue siendo peor que en las ciudades?

R.- Si nos vamos al ámbito rural, el problema es todavía peor. Estamos hablando de que tienen que trabajar en unas condiciones más precarias porque deben atender a una variedad de municipios, muchas veces en su propio vehículo, con los riesgos y el desgaste físico y psicológico que conlleva. Y tratan con una multitud de situaciones totalmente variopintas: desde una emergencia hasta el seguimiento de los pacientes crónicos –valoración, adherencia terapéutica...–. Todo, con poquísimos recursos, aisladas –muchas veces están solas en el consultorio, ya que el médico viene sólo dos días a la semana– y con una imposibilidad de desarrollo profesional o de formación que hacen poco atractivo irse a estos entornos. 

Por esa razón, lo que se necesita es que las administraciones apuesten de verdad por políticas que incentiven. No se puede tener a mayores con menos posibilidades de acceder a recursos sanitarios, sociales o de atención de cualquier tipo, sólo porque vivan en un sitio u otro. Es obligación de las administraciones garantizar esa accesibilidad y equidad que, además, recoge la Constitución.