El Juzgado de Primaria Instancia e Instrucción número 6 de Valdemoro decretó el archivo de un proceso penal contra la Consejería de Sanidad por presunta denegación de auxilio durante la gestión de la pandemia del coronavirus en la residencia de ancianos Pablo Neruda de Ciempozuelos, en la que fallecieron varias personas a causa del Covid-19 a los que se solicitó derivación a hospital.
En un auto fechado el 30 de marzo, el magistrado determinó que no se incurrió en delito y recalca que "no puede obviarse" la situación de la pandemina entonces y la "saturación" de la administración sanitaria.
"La situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 ha conllevado a que los centros sanitarios y su personal difícilmente se encuentren posibilitados de prestar asistencia sanitaria que la entidad demandante demanda, escaseando además material sanitario que tiene por objeto evitar el contagio de la infección, no pudiendo a tenor de las circunstancias imputarse a la administración sanitaria autonómica o estatal un delito de omisión del deber de socorro a un particular dada la clara inexistencia de dolo o intencionalidad en la falta de atención vista la situación", recoge la resolución.
La empresa gestora del recinto, Clece Vitam, interpuso una denuncia al entender que las administraciones, ya fuera a nivel regional como estatal, habían eludido sus peticiones de ayuda pues su situación era "crítica" en los primeros 16 días de crisis sanitaria, al morir cuatro residentes, tres de ellos en el propio centro ante la "negativa de derivación a hospitales".
Los demandantes exponían que la situación generada en la residencia había devenido en "imposible" ante el impacto de la enfermedad en el centro, con decenas de personas sospechosas de haber contraído Covid-19 y sin haberse atendido sus peticiones para reforzar el personal sanitario. "Nos encontramos en una ausencia de personal extrema", recogía el escrito remitido al juzgado por la residencia.
Como medidas cautelares, que asimismo fueron rechazadas, se solicitaba por la denunciante convertir la residencia en un hospital geriátrico, bien a instancia de la Comunidad de Madrid o del Estado.
El fundamento jurídico para acordar este archivo, que fue solicitado por la Fiscalía a la luz de la información reportada en las actuaciones, se encuentra en que los hechos denunciados no revisten caracteres de delito alguno y no integran el ilícito penal de omisión del deber de socorro.
El juzgado argumenta que la situación de pandemia generó por su gran extensión una "saturación" de la administración sanitaria que impedía cubrir toda la atención demandada (en este caso derivación a hospital) con el alcance requerido, por lo que no aprecia intencionalidad ni dolo en no prestar esa atención.
Sin perjuicio de ello, el Juzgado puso en conocimiento de la Comunidad de Madrid, del Estado y del Ministerio de Defensa los hechos, para que, en la medida de sus posibilidades, pudieran adoptar las medidas tendentes a proveer de material sanitario que evite el contagio del virus en el centro, entre sus residentes y trabajadores, y se proceda a su desinfección.
La polémica de las derivaciones, en el centro del debate político
La cuestión de la mortalidad en las residencias y la asistencia sanitaria a ancianos de estos centros ha centrado el foco del debate político en la región.
Los grupos de izquierda en la Asamblea de Madrid han solicitado la reprobación o el cese del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, al entender que se elaboraron protocolos que, a su juicio, implicaba el rechazo de derivaciones a hospitales de ancianos enfermos de coronavirus en residencias.
Al respecto, el consejero ha asegurado que hubo hasta seis borradores del protocolo y que se mandó uno por error a centros, pero que "nunca" se aplicó al imperar el diagnóstico clínico de cada caso por parte de los geriatras. De hecho, ha destacado que se ha producido durante la crisis sanitaria miles de derivaciones de residentes a centros hospitalarios.
Sin embargo, el consejero de Políticas Sociales, Igualdad, Familias y Natalidad de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, señaló recientemente que son "muy cercanas a la realidad" las estimaciones que apuntan a que un 80 por ciento de los residentes enfermos de coronavirus murieron en las residencias y solo el 20 por ciento en los hospitales durante el pico de la pandemia. Además, consideró escasas las derivaciones de ancianos a los centros de sanidad especializada.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado una "investigación interna" dentro del Gobierno regional por lo sucedido en las residencias de mayores consecuencia de la crisis del coronavirus y se ha mostrado abierta a que se constituya una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid para analizar lo ocurrido.
No obstante, ha defendido que un total de 921 personas mayores de 70 años han estado ingresados en la UCI y que el "drama" de las residencias se ha producido en todas las comunidades autónomas y en otros países.
La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología subrayó el pasado domingo que se han "malinterpretado" y "tergiversado" por grupos de interés "variopinto" el sentido de los protocolos y circuitos puestos en marcha sobre el tratamiento de ancianos de residencias durante la crisis del coronavirus, defendió la labor de este colectivo médico y negó que se haya rechazado su derivación a hospitales de Madrid, como revela los 10.300 efectuados.
También aseguró que cuando a un residente se le ha intentado manejar en su residencia ha sido porque la derivación al hospital "no le iba a proporcionar un beneficio en su pronóstico vital" y ha recordado que en el periodo "más virulento" de la pandemia la situación de los hospitales era "de guerra".
