Abusos sexuales, maltrato y estafas en las residencias de mayores

Todo el mundo sabe que los mayores han sufrido y continúan sufriendo la peor parte de la pandemia de covid que atravesamos. Pero, por si esa triste realidad no fuese suficiente carga, cabe recordar también otra terrible plaga que padecen: la del maltrato, las estafas, los abusos sexuales y las vejaciones.

Es un fluir constante de informaciones sobre este drama el que regularmente denuncian los medios de comunicación. 65Ymás repasa brevemente algunas de las que se han conocido en las pocas semanas que llevamos de año.

Agresión sexual en una residencia de Tarragona

Geriátrico de Alcanar (Tarragona). Foto: Captura de pantalla TVE

 

Hace muy pocos días, los Mossos d'Esquadra detuvieron a un trabajador de un geriátrico de Alcanar (Tarragona) por presuntamente agredir sexualmente a dos residentes del centro. 

La policía catalana tuvo conocimiento de los hechos cuando una persona residente del centro, de 85 años, fue al colegio electoral con sus familiares para ejercer su derecho a voto, y no quiso volver a la residencia, explicando que había recibido varias agresiones sexuales por parte de un trabajador. Los agentes tomaron declaraciones a varios residentes y trabajadores, y descubrieron que otra persona también había sufrido abusos.

Hoy, el caso está ya en los tribunales, y según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), el juez ha dictado libertad con medidas cautelares, entre ellas también una orden de alejamiento de 300 metros de la residencia y la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado.

Apropiación del dinero de residentes y tutelados

Por su parte, la Fiscalía de Lérida se ha querellado contra la ex cúpula de la Fundación Además, que cuenta con dos residencias y atiende a personas mayores y a dependientes, por supuestamente haberse apropiado de dinero de usuarios, principalmente de personas tuteladas, así como de fondos de la entidad.

La Fiscalía considera que hay indicios de que cometieron los delitos de administración desleal, apropiación indebida, falsedad documental y estafa procesal y estima que solo de los tutelados se habrían apropiado de unos 800.000 euros.

Los sospechosos son el expresidente y el extesorero, que son hermanos, y sus parejas. Mientras tanto, el actual patronato de Además ha hecho público que "defenderá en todo momento la reputación e intereses de la Fundación y de sus tutelados, usuarios y trabajadores, ejercitando de forma activa las acciones legales que correspondan".

Actualmente la fundación cuenta con dos residencias de Lleida con un total de 110 plazas residenciales y 50 de centro de día, y ejerce la función tutelar a unas sesenta personas además de ofrecer servicios gerontológicos de residencia asistida, de centro de día y atención domiciliaria, así como de tutelas.

Robos y manipulación de testamentos

La pasada semana, la Policía Nacional detuvo al director y a la encargada de la residencia de mayores Isla de Kos del municipio madrileño de El Molar por estafar y robar a varios mayores que atendían, llegando incluso a modificar un testamento para beneficiarse de sus bienes.

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid se personaron en esta residencia privada, con plazas concertadas con la Comunidad, y arrestaron a sus máximos responsables acusados de delitos de estafa, apropiación indebida y coacciones hacia los usuarios.

De momento, han aparecido dos víctimas aunque podría haber más, ya que la operación sigue abierta. Los detenidos, se dedicaban a cambiar sus cuentas de entidad bancaria y con las nuevas tarjetas realizaban operaciones comerciales a su favor y también reintegros de dinero en efectivo. En un caso también llegaron a modificar un testamento para poner como herederos a los arrestados. Llegaron a sustraer 66.000 euros a una de las víctimas y una casa con parcela en El Molar.

Ya han pasado a disposición judicial los responsables de este geriátrico que cuenta con un total de 90 plazas, cerca de la mitad concertadas con la Comunidad de Madrid y cuyo precio va de los 1.200 a los 1.600 euros al mes.

"Situaciones denigrantes"

En las instalaciones de 'San Lorenzo', en Alcalá, y de 'La Alegría', en Carmona, se detectaron "situaciones denigrantes hacia nuestros mayores. No voy a entrar en lo sucedido allí porque es realmente doloroso para cualquier persona digna", afirmó la consejera, subrayando que estas situaciones fueron transmitidas a la Fiscalía "para iniciar los trámites de cierre cautelar, que se está tramitando".

También apuntó Rocío Ruiz que se está tramitando por parte de la Junta de Andalucía un expediente sancionador, estando "a expensas de que se autorice el cierre cautelar".

"Desde la Junta no vamos a permitir que ninguna residencia de mayores o centro para personas dependientes no tenga las condiciones de higiene, de atención, de trato o de salud pública absolutamente garantizadas", advierten desde la Consejería.

"Mensajes negativos de los medios" 

Ignacio Fernández Cid, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED). Foto: FED

 

Por lo que a la opinión del sector se refiere, Ignacio Fernández Cid, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), asegura que "no hay que darle tanta importancia, estamos hablando de más de 5.600 residencias en España. Se está dando importancia a unos acontecimientos muy particulares que no representan en absoluto la realidad del sector".

"Es una pena que se ponga el acento en gente que realiza malas prácticas al igual que pueda pasar en la banca, en la hostelería, en el periodismo... en cualquier sector. No representan a nadie porque se trata de gentuza que hay que echar del sector a patadas", asegura Fernandez Cid antes de volver a insistir que "son hechos aislados que es difícil prevenir. Le dedicamos demasiada atención a algo que no la tiene y que además ya está judicializado por lo que los que lo han hecho lo van a pagar muy caro como no puede ser de otra manera".

Para el presidente de la FED, los medios de comunicación tienen también su parte de culpa porque "especialmente en lo que llevamos de año, los medios de comunicación no dejan de lanzar machaconamente mensajes negativos sobre las residencias. Esto, ha creado una animadversión contra las residencias desde la sociedad en general. Es terriblemente injusto, pero es así".

Así, Ignacio Fernández Cid lamenta que, en su opinión, "el muy buen trabajo que hacen la inmensa mayoría de empresas y profesionales no se pone en valor. La cantidad de gente que agradece continuamente nuestros servicios, no se pone en valor. Y la realidad es que estamos prestando servicios que van más allá de lo profesional y llegan a lo humano, porque en momentos tan delicados como los que estamos pasando no solo es necesaria la profesionalidad, sino también la humanidad. Se trata de valores mucho más importantes que no aparecen en los medios de comunicación y es una pena".

"También se aprovechan de los mayores fuera"

José María Toro, presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Mayores de la Comunidad Valenciana (AERTE). Foto: AERTE

 

José María Toro es secretario del Círculo Empresarial de Asistencia a las Personas (CEAPs) y presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE). Desde allí expresa "nuestro más absoluto rechazo a estas prácticas que han salido a la luz. Nuestro trabajo es cuidar a las personas y hacerlo bien y quienes han aprovechado de personas en situación de indefensión no tienen más calificativo que el de miserables. Hay que dejar actuar a la justicia para que determine lo que ha ocurrido y actúe en consecuencia porque el sector debe actuar con completa transparencia".

"También hay indeseables que se aprovechan de los mayores fuera del ámbito residencial que les ofrece un mayor marco de protección", mantiene José María Toro, antes de explicar que "alguien mayor que vive solo en su casa es una potencial víctima de estos desaprensivos que además pueden quedar impunes. En cambio, con la cantidad de personas que trabajan en un centro es fácil detectar si se producen este tipo de cosas, porque hay mucha gente trabajando"

"La vigilancia que existe en los centros para detectar este tipo de cosas hace que sean tan puntuales como para que se conviertan en noticia, pero las 325.000 personas a las que se atiende a diario están perfectamente cuidadas", asegura el presidente de AERTE.

"Falta de preparación" 

 

Opiniones bastantes discordantes con las de los representantes del sector son las que tienen los familiares de los residentes. Miguel Vázquez, presidente de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias (Pladigmare), nos recuerda que su ámbito de actuación es la Comunidad de Madrid pero que, en su opinión, "la situación detectada en la residencia de El Molar se ha debido dar en más sitios, pero solo sale a la luz si hay familiares que se enteren".

"No se puede generalizar, pero a nosotros nos preocupa son los filtros y controles tienen los trabajadores con responsabilidad en las residencias. Qué tipo de preparación y de condicionantes psicológicos y empáticos se les exige antes de darles esas responsabilidades", se lamenta Miguel Vázquez.

El presidente de Pladigmare mantiene que "lo cierto es que no hay garantías de que se exijan unas condiciones profesionales y éticas para dirigir una residencia. Y con respecto al resto de los trabajadores de las residencias Vázquez apunta que "su trabajo no está valorado y además está mal pagado. Pero hay que tener en cuenta que para atender a una persona mayor no sirve cualquiera y, sin embargo, históricamente, se ha menospreciado a los mayores y se ha puesto para cuidarles a gente sin preparación a los que además, insisto, se les paga una miseria".

"A nivel de dirección, se ha empezado a pedir una titulación universitaria con la llegada de la Ley de Dependencia, pero como no todo el mundo la tenía ha sido suficiente con haber desempeñado durante tres años un cargo similar", explica el presidente de Pladigmare antes de asegurar que "la gente que está al frente de las residencias debería tener una preparación específica para saber tratar con personas mayores y con muchas patologías diferentes". 

"No tengo ninguna duda de que la inmensa mayoría tendrán la mayor voluntad y tratarán de hacerlo lo mejor posible, pero si no sabes pues no sabes y no hay ninguna garantía de que los que se pongan al frente sepan", concluye Miguel Vázquez.

Prevención, denuncia y castigo

 

Por otro lado, en la Asociación Estatal de Servicios Residenciales de la Tercera Edad (AESTE) comentan que estos "son hechos aislados que suceden en la sociedad, y como parte de esta, también nos toca sufrirlos. Una persona capaz de cometer estos actos debe someterse a la justicia para cumplir las penas que ésta estime necesarias" y añaden que "este tipo de situaciones se da de forma muy puntual, muy esporádica. De ahí la importancia de levantar la voz ante cualquier tipo de abuso".

Sobre la reacción de los familiares ante este tipo de sucesos desde la Asociación nos dicen que ellos "agradecen que denunciemos este tipo de situaciones, que no permanezcamos en silencio. Nos piden que hagamos de altavoz para solicitar medidas preventivas. De hecho, en los próximos días nos reuniremos con los principales partidos políticos para comenzar a dar forma a los protocolos de actuación que necesitamos en el sector".

Ante esta situación, AESTE tiene claro que deben trabajar en tres ámbitos: la prevención, la denuncia, y el castigo.

Por lo que a la prevención se refiere, AESTE mantiene que "es necesario desarrollar unos protocolos para que nadie que tenga ningún tipo de tendencia al maltrato o al abuso, pueda trabajar con personas en situación vulnerable, ya sean mayores o niños. Debe ser necesaria la acreditación de no tener antecedentes penales, y además, proponemos la creación de un registro en el que las empresas puedan consultar si un trabajador en cuestión ha tenido algún episodio de abuso o maltrato a mayores".

Sobre el tema de la denuncia mantienen que "debemos animar a todos los mayores a que denuncien los casos de abusos, maltratos o robos que se producen en su entorno". 

Y por último, al hablar del castigo en la Asociación insisten en la necesidad de "reformar nuestro sistema penal y endurecerlo para que estas personas sepan que la sociedad no va a tolerar estas conductas. Pedimos mayor severidad en los castigos, multas elevadas y el cumplimiento íntegro de penas si  los que los jueces así lo consideren".

Delitos contra los mayores y sus penas

 

Desde la Compañía de Servicios de Defensa Jurídica (ARAG) recuerdan que algunos de los delitos contra personas mayores que más probablemente se pueden producir en residencias o que por desgracia hemos presenciado últimamente en los medios, son los siguientes:

• Delito de lesiones: multas o prisión

  En primer lugar, tenemos los cometidos contra la vida e integridad física. Aquí señalamos el delito de lesiones, que en función de la gravedad de estas puede acarrear penas de multas o de prisión.

• Delito contra la libertad de las personas: hasta 6 años de prisión

  Otros delitos que pueden cometerse aprovechando la superioridad de los agresores, son los relativos a atentar contra la libertad de las personas, como la detención ilegal (retener o encerrar a la persona en contra de su voluntad), penada con hasta 6 años de prisión.

• Trato denigrante o inhumano: entre 6 meses y 2 años de prisión

  El trato denigrante o inhumano, actuaciones que pueden suponer torturas y demás delitos contra integridad moral, tendrán las penas de 6 meses a 2 años de prisión.

• Delito de omisión de socorro: multas y hasta 4 años de prisión

  No olvidemos el delito de omisión al deber de socorro, al cual todos estamos ligados, pero más aún cuando nos encontramos en ese entorno tan frágil. En caso de no socorrer a una persona, podemos enfrentarnos a multas o incluso 4 años de prisión en los supuestos más graves.

• Delito contra el honor, la intimidad o la propia imagen

  Por la difusión de imágenes de ancianos en redes sociales, se podría imputar delitos contra el honor, la intimidad o la propia imagen. O incluso de inviolabilidad del domicilio, de probarse que han accedido a sus estancias sin permiso, descubriendo secretos, leyendo cartas o entrometiendose en la intimidad de los residentes de cualquier forma.

• Delitos contra el patrimonio

  Por último, apuntamos los delitos contra el patrimonio, a los que también podríamos perseguir por haberse apropiado de joyas u otros objetos de valor.

ARAG tambien recuerda que violencia psicológica, abusos sexuales, en definitiva, cualquier delito de los mencionados que se prueben, que sean reiterados y perpetrados con alevosía deberán ser agravados en tipo, dada la percepción de superioridad de las personas agresoras, que se aprovechan de la inferioridad física o psíquica de los residentes.