EL Movimiento de Pensionistas de Euskadi se reunirá el próximo 7 de septiembre con la Fiscal Superior del País Vasco, Carmen Adán, para entregarle un informe con datos que, a su juicio, demuestran "las negligencias" cometidas en la residencias durante la pandemia del coronavirus, que habrían llevado al fallecimiento del 38% de los usuarios, con la confianza de que investigue si ha sido así y emprenda, en su caso, acciones en los tribunales. En el documento, este colectivo considera que "se ha atentado contra los derechos humanos" de los mayores también con su confinamiento y aislamiento.
Los pensionistas se han trasladado hasta el Palacio de Justicia de Bilbao para entrevistarse con Adán, que se encontraba de vacaciones, y les ha emplazado a mantener un encuentro en otra fecha. Finalmente, se celebrará el 7 de septiembre.
Tras una pancarta en la que se leía: "Mayores dependientes en residencias y en casa. Vida digna", se han concentrado ante la entrada de los juzgados de Bilbao y han explicado el proceso de elaboración de este informe sobre "las graves consecuencias" de la Covid-19 en los servicios sociosanitarios de atención a la dependencia y especialmente en las residencias.
El portavoz de Pentsionistak Araba, Antonio Armentia, ha destacado su preocupación por las personas mayores desde el inicio de la pandemia, al haber sido las afectadas "fundamentalmente". Por ello, han recopilado información al respecto en los tres territorios históricos de Euskadi.
Para ello, se han puesto en contacto con familiares de personas que se encuentran en residencias, con representantes del Departamento de Sanidad y de Bienestar Social, con las diputaciones forales y con trabajadores de los centros. El estudio recoge datos específicos de cada uno de los territorios y también informaciones comunes de la Comunidad Autónoma Vasca.
Este documento detalla que la pandemia ha afectado a mayores que se encontraban en residencias públicas y privadas, y ha supuesto un 38% de fallecidos. Se refiere a personas que han muerto en los propios centros o, posteriormente, en las UCI de los hospitales.
Asimismo, recuerda que, durante el coronavirus, han resultado afectados también los centros de día, que han sido clausurados, los servicios de ayuda domiciliaria, que "han funcionado cojos", y, sobre todo, el personal sanitario y auxiliar, que ha estado "desprovisto" de material de protección y al que se hizo "muy tarde" las pruebas de la covid.
Confinamiento y aislamiento
Armentia ha subrayado, "en especial", el confinamiento y aislamiento de las personas mayores. Además, ha recordado que, en estos momentos, tampoco pueden salir de las residencias y solo les pueden visitar un familiar dos veces por semana. "Esto nos parece un atentado contra los derechos humanos", ha asegurado.
Por ello, el Movimiento de Pensionistas se dirigió al Ararteko, al que entregó el informe, que facilitará también a la Fiscalía Superior del País Vasco, que, según ha apuntado, lleva la investigación de la situación de las residencias, después de que la iniciara el ministerio público de Álava. "Ahora nos dirigimos a la Fiscalía para preguntar realmente qué se ha hecho", ha añadido.
En este sentido, ha remarcado que la función del ministerio público es defender los intereses de la sociedad en general y, por tanto, debe actuar en defensa de los derechos humanos, que los pensionistas creen que "se han vulnerado" en las residencias y con el confinamiento de los mayores. "Si esto ha ocurrido, la Fiscalía tiene posibilidad de promover acciones civiles o penales ante los tribunales de Justicia", ha subrayado.
Negligencias
Por su parte, el portavoz del Movimiento de Pensionistas de Bizkaia, Xabier Isasa, ha afirmado que su objetivo fundamental es que se investigue "la posibilidad de negligencias" en residencias o en otros ámbitos, que el colectivo que representa está convencido de que se han producido.
Por ello, ha emplazado a la Fiscalía a que realice las diligencias oportunas para confirmar si ha sido así y si pueden ser constitutivas de delito. "Creo que la información del informe está suficientemente contrastada y nosotros no nos vamos a aventurar a hacer acusaciones que no tengan fundamento", ha indicado.
Por su parte, Andrea Uña, también del Movimiento de Pensionistas, ha destacado que los datos recopilados provengan de familiares de los residentes o de personal de dentro de las residencias, y "del mundo institucional".
