Victoria Herrero
Mayores
Castilla y León, Castilla La Mancha y Extremadura a la cabeza nacional en plazas de residencias
El ejecutivo extremeño, además, redoblará su partida presupuestaria para mejorar la dotación actual
Tras Castilla y León y Castilla la Mancha, los mayores de 65 años de la comunidad autónoma de Extremadura son los que cuentan con mayor número de plazas de residencias tal y como certifican desde la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales que elaboraron un informe al respecto. Una ratio que, además, cumple con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (@OMS_es) que estipula que el baremo óptimo para brindar la mejor atención y cuidado a los mayores es disponer de cinco plazas residenciales por cada 100 ciudadanos que hayan pasado dicha barrera de edad.
Un 38% más de plazas en los últimos 5 años
Para ser más concretos, Extremadura tiene cerca de 6,5 plazas (tanto públicas como privadas) teniendo en cuenta que, en los últimos años y como explican desde el gobierno regional, se ha incrementado en más de 1.200 la oferta disponible en las provincias de Cáceres y Badajoz. Algo que ha sido posible, como recuerdan sus responsables públicos, gracias a la inversión no solo de la Junta de Extremadura (@Junta_Ex), sino de otros fondos tanto europeos como de las diputaciones y ayuntamientos locales. Un esfuerzo, aseguran, para dar respuesta al crecimiento del envejecimiento en la región, siguiendo la estela de lo que ocurre en el resto del país.
A finales del pasado 2019, en la comunidad extremeña se contabilizaron más de 14.300 plazas que suponen un incremento si se comparan con las que había cinco años antes, algo menos de 8.850. Un tercer puesto, el de Extremadura, a nivel nacional en cuanto a este tipo de dotación social que también se repite en los centros de titularidad pública ya que hay 4,17 por cada centenar de mayores. En resumen, de cada 4 plazas que hay en la región, tres tienen este tipo de gestión.
Pero eso no es todo ya que fuentes del gobierno extremeño apuntan que durante este 2020 se destinará una importante partida presupuestaria para reducir la lista de espera en dependencia. Una dotación que pondrá en marcha casi mil nuevas plazas para que estén operativas de forma progresiva a lo largo de todo este año.
Pese a la buena noticia, la realidad no es la misma en todo el territorio español. Tanto es así que desde la misma asociación urgen a que se incremente un 18% más el número de plazas si se quiere que la dotación en nuestro país cumpla con las recomendaciones dadas por la OMS. Algo que como recuerdan se necesita especialmente en comunidades como Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia, Región de Murcia y Cataluña.
Este porcentaje se traduciría en otras 70.000 nuevas que se sumarían a las más de 381.000 que actualmente existen. Y todo, como argumentan, para hacer frente a un futuro demográfico que solo en una década (hasta el pasado 2018) ha observado cómo los mayores de 65 años aumentaron en casi un millón de personas.
Esta petición a la Administración pone sus miras sobre todo en aquellos casos en los que los residentes tienen que costearse prácticamente la totalidad de dicho servicio asistencial. Es lo que ocurre especialmente, a juicio de la entidad, en regiones como Aragón, Canarias o la Comunidad de Madrid, por lo que desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales piden un mayor esfuerzo para incrementar las plazas que no sean privadas.
Y es que las diferencias de precio entre unas y otras son evidentes y significativas. Así pues, de media, en España a una persona mayor de 65 años el mes de permanencia en un centro que no sea público le supone un coste de unos 1.700 euros, sin contar el IVA.
Una cifra que también depende del lugar en la que esté ubicada dicha residencia ya que entre una zona rural o una pequeña localidad y otra en una gran ciudad, la cuantía puede variar en un 20% en algunos casos. Lo mismo que se repite según la comunidad autónoma donde se encuentre: el precio más elevado se observa en el País Vasco (acercándose a una mensualidad de 2.500 euros) en contraste con los más bajos, en Castilla La Mancha (unos 1.400 de media).
A esto hay que sumar los servicios y la dotación de que disponga la residencia de mayores:
- Servicio de comedor y manutención: no solo en lo relativo a darles de comer, sino en contar con personal específico en nutrición para adecuar la dieta a los mayores del centro.
- Atención de la salud no solo para el cuidado de las patologías que tenga cada interno, sino también en lo concerniente a la prevención de futuras dolencias o enfermedades.
- Actividades complementarias para el bienestar del residente: en este caso se incluyen aquellas acciones de tipo sociocultural, así como otras en un plano físico y mental para estimular las capacidades de las personas mayores que allí viven.
- Servicios sociales si se da la circunstancia de que algún mayor lo precise por un tema de familia.
- Además, puede que la residencia ofrezca otro tipo de extras (que se reflejan en el precio como es lógico) en lo referente al transporte, servicio de peluquería o lavandería...