La Fiscalía de Valencia está recopilando los datos personales de los tutores legales de residentes que no permiten su vacunación y no excluye la posibilidad de recurrir a una autorización judicial.
Asimismo, el constante incremento de contagios por la covid-19 ha llevado a esta Fiscalía a la apertura de diez diligencias preprocesales, ocho en la provincia de Valencia y dos en la de Alicante, que se suman a las 23 abiertas durante la primera ola de la pandemia y que fueron todas, menos una, archivadas.
La fiscal Ana Lanuza ha declarado que no se descarta la posibilidad de abrir más diligencias en los próximos días en la provincia de Alicante toda vez que ha tenido conocimiento del incremento de residentes fallecidos. Conviene también recordar que durante la segunda ola de la pandemia los contagiados en residencias, según los datos del Govern, son 3.611 y los fallecidos 437.
Ana Lanuza, coordinadora de la sección Civil de Valencia, ha sido quien se ha encargado de elaborar el informe que se ha remitido a la Fiscalía de Madrid con los últimos datos recogidos sobre la pandemia de Covid-19 en residentes y ha manifestado que las cifras son "preocupantes".
En su informe, la fiscal distingue entre dos olas del coronavirus, la primera, hasta verano, y la segunda, desde julio hasta la actualidad, y al respecto contempla que, en proporción, hay muchos más contagios pero menos fallecidos.
Así, en la primera ola se registraron 2.464 contagios en residentes y, de ellos, fallecieron 565; en la segunda ola, la cifra se ha elevado por el momento hasta los 3.611 contagiados y hay 437 fallecidos. En total, 1.002 residentes fallecidos por Covid-19 en la Comunitat.
También se han disparado los contagios entre los trabajadores de las residencias: en la primera ola se contagiaron 840 empleados y en la segunda la cifra asciende hasta los 1.673, el doble.
Más y mejor asistencia
El incremento de contagios ha provocado también que desde la Fiscalía se hayan abierto ya 10 diligencias preprocesales.
La fiscal ha destacado, en comparación con la primera ola, que se ha mejorado la asistencia a los mayores: "Hay más y mejor asistencia, tanto por el personal destinado a los centros como por el material disponible" y también ha afirmado que la mayoría de fallecidos lo hacen en hospitales y no en los propios centros como ocurría en marzo y abril.
Lo único que podía haberse mejorado "tal vez" ha sido las pruebas a los trabajadores puesto que se ha puesto de manifiesto que el origen de algunos brotes en residentes ha sido provocado por estos empleados: "Quizá con pruebas más periódicas se hubiera podido evitar algún brote, aunque no se sabe", ha aseverado.
Las vacunas
La administración de vacunas a residentes también está generando algún problema puesto que hay algunos que se han negado a que se la administren y hay otros mayores que necesitan la autorización de su tutor legal o familiar para poder ponérsela y éstos no la otorgan.
Desde la Fiscalía están recabando datos sobre estos casos y van a evaluarnos uno por uno, ya que en algunos supuestos puede deberse a que el residente presenta alguna patología grave o alergias que no son muy compatibles con la vacuna.
Si el rechazo no se debe a un motivo justificado, desde el ministerio público no descartan reclamar una autorización judicial. Al respecto, Ana Lanuza ha puesto como ejemplo que un juzgado de Santiago de Compostela ya ha dictado un auto en el que se obliga a vacunar a un residente pese a la oposición de familiares porque es más seguro para él.
Así, si no está justificada la negativa, desde Fiscalía no descartan iniciar un procedimiento de jurisdicción voluntaria y solicitar autorización judicial. "Hay que estudiar cada caso y valorar", ha apostillado.
