El CIS hace elegir entre mayores y jóvenes en el caso de escasez de vacunas y respiradores
Vuelve el triaje. Ante la falta de medios materiales y humanos por el aumento de casos durante esta tercera ola, en determinados puntos del país se está comenzando a plantear de nuevo el dilema sobre a quién prestar un servicio como los cuidados intensivos, cuando no hay suficientes camas ni respiradores.
Por ello, según recoge El Español, los médicos, que ya vivieron esta situación en marzo y abril, están pidiendo un Plan que les proteja legalmente cuando tengan que tomar este tipo de medidas extremas, dada la saturación actual de las UCI.
De esta manera, además de complicada, esta decisión de negar un recurso sanitario a una persona, puede acarrear denuncias por parte de familiares y, amparados por este tipo de protocolos, los sanitarios podrían así evitar ser llevados a juicio.
Con todo, según comenta el médico y senador de Geroa Bai, Koldo Martínez, este tipo de actuaciones están contempladas “legal y éticamente” en la Ley de autonomía del paciente.
Martínez registró en abril una moción para que el Gobierno especificara los principios y valores con los que se debería regir la atención a los pacientes, pero no se ha concretado en ninguna medida específica por ahora.
Una medida polémica
Por ello, el senador pide que se blinde la autonomía de los sanitarios para que puedan tomar esta decisión que afecta a la vida de los pacientes y que se toma, en principio, según criterios médicos.
Este tipo de protección legal, explica, podría ser similar a lo que se hizo en EEUU, en concreto, en el estado de Maryland, donde se estipuló que no se aceptarían las denuncias por la limitación de ventiladores.
Concretamente, la sección de seguridad pública de Maryland sostiene: “Un proveedor de atención médica es inmune a responsabilidad civil o penal si actúa de buena fe y bajo una proclamación de emergencia sanitaria catastrófica”.
"Yo estoy convencido de que el comportamiento ético de los profesionales es claro. Pero no estaría nada mal que existiera un pronunciamiento del Gobierno diciendo que apoyan a estos médicos y enfermeros", asegura.
Por ahora, existe un documento de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) y la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) donde se dan recomendaciones generales para "decisiones éticas difíciles".
Aun así, en ningún momento se dice que la edad pueda ser un criterio de exclusión y, de facto, durante la primera ola, así se obró en muchos puntos del país ya fuese por protocolo (Cataluña, Comunidad de Madrid o Castilla y León) o por decisión de los sanitarios ante la falta de recursos.
