A pocas semanas de que llegue el frío, alrededor de 1,3 millones de hogares tienen problemas para hacer frente a las facturas de la luz o del gas, mucho más cuantiosas desde este mes y prácticamente hasta abril, periodo en el que la demanda se incrementa significativamente.
Además, el 22% de los hogares españoles en situación de pobreza energética cuentan con personas desempleadas, frente al 7,1% de los hogares que no se encuentran en estas circunstancias, según las conclusiones del estudio 'La pobreza energética en España: Aproximación desde una perspectiva de ingresos', elaborado por la Cátedra de Sostenibilidad Energética del IEB-Universidad de Barcelona entre 2011 y 2017.
Según el estudio, publicado por la Fundación Naturgy y dirigido por la catedrática de Economía de la Universidad de Barcelona y expresidenta de la Comisión Nacional de Energía (CNE), María Teresa Costa-Campi, un 8,3% de media de los hogares españoles se encuentra en situación de pobreza energética, después de que la tasa media alcanzara un pico máximo del 9% en 2013.
Desde 2013 esta tasa descendió paulatinamente hasta el valor mínimo de 2017, un 7,4%, lo que significa que, aproximadamente en cuatro años, 67.500 hogares españoles dejaron de estar en situación de pobreza energética.
En la presentación del estudio, Costa destacó la importancia de "hablar primero de pobreza y después de pobreza energética para establecer unas variables sobre las que se puedan incidir", ya que los datos demuestran que la pobreza energética "es una dimensión más de la pobreza en general".
Así, estimó que las medidas para paliar la pobreza energética deben abordarse "con políticas sociales, que permitan incrementar los ingresos de las familias, y con políticas de eciencia energética, para promover la reducción del gasto".
Según el informe, el perfil de los hogares españoles en situación de pobreza energética se definiría por: estar ubicados en áreas rurales o con menor densidad de población; vivir en régimen de alquiler; en edifcios de 25 años o más, y en zonas con condiciones meteorológicas extremas de calor o frío; y ser hogares unipersonales o monoparentales, sustentados en buena parte por mujeres.
Además, considera que la condición de desempleo del sustentador principal es el más destacado determinante de la pobreza energética, destacando que son hogares que suelen tener bajos porcentajes de familias que han terminado los estudios de educación superior.
Castilla-La Mancha, la región con la tasa más elevada
Otro de los aspectos que señala el estudio para determinar la pobreza energética es la comunidad autónoma, ya que la climatología y el perfil de los hogares de cada una de ellas es determinante. Así, aunque la tasa media nacional de pobreza energética para el periodo 2011-2017 fue de 8,3%, la mayor tasa se registró en Castilla-La Mancha, que con un 17,4% duplicó la media nacional. Por el contrario, Ceuta (3,3%), Melilla (4,7%) y Canarias (4,9%) fueron las comunidades con las tasas más bajas.
Por encima de la media nacional y con tasas superiores al 10%, se situaron las comunidades ubicadas alrededor de la Comunidad de Madrid, es decir, Castilla-La Mancha (17,4%) y Castilla y León (12,8%), seguidas de Extremadura (12,2%) y La Rioja (10,8%). De esta manera, el informe indica que aquellas comunidades autónomas con elevadas tasas de desempleo o menores porcentajes de individuos con estudios superiores son más propensas a tener una tasa de pobreza energética más elevada.
Para afrontar la pobreza energética, la encargada del estudio indicó que el sistema general de protección social debe ser el principal eje "para paliar la vulnerabilidad energética". A este respecto, incidió en la necesidad de adoptar medidas en el ámbito laboral, como armonizar las cuantías mínimas de ayudas suficientemente elevadas en todas las regiones, e implantar políticas activas para la creación de empleo o ayudas a empresas para que incorporen a desempleados.
En lo que respecta a la educación, el informe invita a adoptar medidas para evitar el abandono escolar temprano, o proporcionar a los consumidores herramientas como la comprensión de la factura energética e información sobre sus derechos para acceder a ayudas como el bono social.
En relación a los hogares monoparentales propone ofrecer incentivos sociales, como la posibilidad de deducir el gasto de la cuidadora en la declaración anual del IRPF o la aplicación del IVA reducido para las agencias de colocación debidamente autorizadas.
En lo que se refiere a los hogares unipersonales, es partidario de considerar la edad, el género y las diferencias regionales en el diseño de políticas orientadas a reducir la pobreza energética, o introducir medidas novedosas como incentivos para la unión de hogares de personas mayores, compartiendo una vivienda o entre personas mayores y jóvenes, a fin compartir los gastos. Además de estas actuaciones desde la óptica de la renta, el estudio también destaca la necesidad de adoptar medidas que actúen sobre el gasto de los hogares, principalmente focalizadas en la mejora de la eficiencia energética.
800.000 personas ya han recibido el bono térmico
Unos 800.000 usuarios han recibido ya el pago del bono térmico, subvención aprobada por el Gobierno que consiste en una ayuda directa destinada a compensar los gastos de suministro de energía para usos térmicos como calefacción, agua caliente sanitaria o cocina, según informó el secretario de Estado de Energía en funciones, José Domínguez Abascal.
En la clausura de la jornada 'Políticas y medidas contra la pobreza energética' organizada por la Fundación Naturgy, Domínguez subrayó la "importancia" de avanzar en materia de pobreza energética y señaló que es necesario llevar a cabo un "esfuerzo importante por delante desde los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y desde la sociedad y la normativa".
En concreto, el bono térmico, que se concede automáticamente a los beneficiarios del bono social eléctrico, es una ayuda que oscila entre un mínimo de 25 euros y un máximo de 124 euros y se recibe en un solo pago. Se aplica en función de dos criterios, la zona climática donde se ubica la vivienda y el grado de vulnerabilidad del beneficiario.
Domínguez destacó que la pobreza energética es "una realidad que se debe afrontar, ya que la transición ecológica debe ser respetuosa con el medio ambiente, pero también "respetuosa con las personas y muy cuidadosa de aquellas más vulnerables".
Así, valoró que "poco a poco" va habiendo una conciencia pública y se está poniendo el foco en la pobreza energética, que "no es más que una manifestación de la pobreza, pero muy determinada y determinante". "Es parte de la política de justicia social a la que ningún Gobierno puede ser ajeno. Estamos dotándola con los fondos necesarios y no nos quedaremos quietos", recalcó.
