La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Ceuta, ha dejado este martes a primera hora de la tarde visto para sentencia el juicio contra J.A.G., un trabajador del Plan de Empleo de la Ciudad Autónoma que ha reconocido haber tenido comportamientos "libidinosos" con doce alumnas de entre 6 y 10 años durante los meses que trabajó en el CEIP Lope de Vega. Las cuatro acusaciones particulares personadas y la defensa se han adherido a la petición de 42 años de cárcel de la Fiscalía por doce delitos de abusos sexuales, dos de ellos continuados.
La vista no se ha saldado con una condena por conformidad debido a la negativa de los letrados del Ministerio de Educación y de la Ciudad Autónoma a aceptar el pago en concepto de responsabilidad civil subsidiaria de 60.000 euros a cada una de las menores que fueron objeto de "besos, abrazos y tocamientos" en los baños del colegio público.
El acusado, que permanece en prisión provisional desde que fue detenido después de que un vecino le denunciase por abusos sexuales en el garaje de su casa sobre una menor escolarizada en el mismo centro educativo, ha reconocido los hechos a preguntas de la Fiscalía y también hace frente a una petición de condena de diez años de libertad vigilada y otros 16 con prohibición de acercarse a menos de 500 metros de cualquiera de las víctimas.
El Ministerio Público ha dado por probado en la exposición de sus conclusiones tras escuchar las declaraciones de las niñas en fase de instrucción a puerta cerrada que el acusado trazó "un plan preconcebido para tener comportamientos libidinosos con las menores acercándose a los baños a sabiendas de que acudían solas".
La directora del colegio ha testificado que "no era normal" que las menores no fuesen acompañadas al servicio y ha asegurado que nunca sospecharon del comportamiento del trabajador "hasta que su arresto apareció en los medios". Un perito psicólogo ha advertido que las "secuelas" de los abusos sufridos podrían "tardar" en aparecer en las víctimas y una forense ha ratificado que en sus testimonios no se aprecia "ninguna confabulación ni relato imaginario".
La Abogacía del Estado ha rechazado la posibilidad de asumir la responsabilidad civil subsidiaria de los hechos alegando que sometió al acusado a todos los controles prescritos en materia de antecedentes por delitos sexuales y el letrado de la Ciudad Autónoma ha hecho lo propio argumentando que la Administración local se limitó a "firmar el contrato de la persona que seleccionó el SEPE y a enviarla al centro educativo" para efectuar trabajos de mantenimiento.
