El pasado mes de junio, la Mesa de la Profesión Enfermera, integrada por el Consejo General de Enfermería y el Sindicato de Enfermería SATSE (@Sindicato_SATSE), acordó poner en marcha un estudio conjunto que analizase la situación en la que se encontraba el sector de las residencias. Éste se ha presentado en una rueda de prensa telemática este lunes a cargo de Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería de España (CGE); Manuel Cascos, presidente del Sindicato de Enfermería SATSE; José Luis Cobos vicesecretario del CGE y coordinador del estudio.
Todos ellos han coincidido en destacar que, aunque actualmente no existe un colapso sanitario como el de la primera ola y hay más material de protección que en marzo, no todos los centros están preparados para hacer frente a una segunda ola ni tienen el personal necesario con la formación suficiente.
En concreto, un 43% de las residencias no cumpliría con todos los criterios para afrontar un incremento de contagios. Por ello, desde SATSE han pedido "una auditoría independiente en todos los centros", para analizar en qué incumplen y qué deberían mejorar.
"Queremos mejorar la salud y las condiciones que han vivido nuestros mayores y mejorar las condiciones laborales de nuestros compañeros. Se tiene que realizar un gran esfuerzo para mejorar la situación de los centros sociosanitarios. Debemos exigir un cambio en las políticas sociosanitarias para que se desarrollen estrategias de mejora de las condiciones de los mayores y las condiciones también de los enfermeros en estas instituciones", ha reivindicado el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya.
Falta de personal
En cuanto al estudio, uno de los datos más destacables obtenidos es el elevadísimo número de residentes que tiene asignado cada enfermera en el sector sociosanitario, que se incrementa todavía más en los turnos de tarde y noche y de fin de semana. De forma global, una enfermera tiene asignado un total de 46 residentes por la mañana y 71 por la tarde, un valor desproporcionado que se multiplica en el caso de los domingos y festivos (71 pacientes por enfermera en los turnos de mañana y 92 por la tarde).
Estos datos se multiplican cuando se trata de residencias del ámbito privado, donde se llegan a superar los 100 residentes asignados en los turnos de tarde de fin de semana. Los centros de gran tamaño tienen menor ratio enfermeras por residente y en el turno de noche se reduce drásticamente la dotación de profesionales incluso en la atención a grandes dependientes que requieren una elevada demanda de cuidados.
De esta manera, esta sobrecarga obliga a las enfermeras a tener que delegar algunas tareas y actuaciones en el 93,7% de los centros, las cuales son realizadas fundamentalmente por auxiliares y los llamados gerocultores.
Por otra parte, otro problema que denuncia el estudio es la ausencia de planes de contingencia en algunos centros. Respecto a estas cifras, la lectura más preocupante radica en que uno de cada diez de los centros sociosanitarios analizados (un 12,5%) sigue sin disponer de un plan de respuesta frente al COVID-19.
Un sector poco atractivo para los profesionales
Otro dato a tener en cuenta, según el estudio, es la retribución de las enfermeras que, acompañado de las condiciones de sobrecarga asistencial hacen que les resulte muy poco atractivo trabajar en los centros residenciales sociosanitarios. Respecto a la retribución anual que percibe una enfermera, en líneas generales, se puede señalar que el 70% de las residencias privadas paga menos de 20.000 € brutos anuales a sus enfermeras; frente al 73% de las residencias públicas que si superan los 20.000 €. Asimismo, cabe destacar que las residencias de menor tamaño son las que menos retribuyen a las enfermeras.
Por otra parte, existe otro problema de coordinación sociosanitaria que aún no se ha resuelto. Y es que sólo 3 de cada 10 residencias tienen historia clínica compartida con otros centros. En este sentido, las residencias públicas obtienen mejores datos al respecto: la historia clínica compartida en ellas tiene mayor presencia (44,3%).
Asimismo, desde el punto de vista asistencial, destaca el hecho de que las residencias públicas son las que cuentan en mayor medida con una unidad de hospitalización frente a las privadas (38,6% vs 21,8%). Asimismo, llama la atención que un 29,5% de los centros analizados no tiene ningún tipo de coordinación con Atención Primaria. Esta coordinación es mayor en las residencias públicas (77,1%) que en las privadas (66,8%).
Residentes asintomáticos
El estudio también ha abordado la situación pasada, presente y futura de los centros residenciales sociosanitarios en la pandemia por COVID-19, arrojando datos de gran interés para la situación actual.
Así, en cuanto a la afectación por COVID-19 en los centros sociosanitarios cabe señalar que se le ha hecho test al 91,5% de los residentes, de los cuales el 18% ha dado positivo. Llama la atención especialmente que del total de positivos detectados, un 33,8% de los residentes eran asintomáticos. El número de test realizado es muy similar en las residencias públicas y privadas, pero en lo que respecta a resultados positivos de infección, estos son mayores en los centros públicos.
20.000 fallecidos
Respecto a las consecuencias más cruentas de la pandemia, cabe señalar que el estudio detecta que durante la crisis sanitaria han fallecido una media del 5,5% de los resistentes de los centros. Estos datos podrían suponer en torno a 20.000 residentes fallecidos. Además, ha sacado a la luz que el 2,6% de los residentes a los que no se les ha realizado el test ha tenido síntomas de COVID-19.
El trabajo de campo ha analizado también la realización de test a los propios trabajadores de los centros, una actuación vital para garantizar la salud de los residentes. Los datos obtenidos señalan que el 94,9% de los centros ha realizado las pruebas a sus trabajadores y que el 11,3% de estos profesionales ha dado positivo.
Falta de material en la primera ola
El estudio también ha analizado cuál es la disponibilidad de material de seguridad en las residencias poniendo de manifiesto que han sufrido una escasez de EPIs generalizada, escasez todavía más acuciante en las residencias públicas: 14% mayor en la públicas que en las privadas.
Igualmente, se ha puesto de manifiesto que en la mayoría de las residencias los profesionales de enfermería y otros trabajadores han tenido que reutilizar el material de protección. Además, un tercio de las residencias (33,1%) se vieron obligadas a fabricarse su propio material ante la indisponibilidad de material oficial y homologado.
Para llevar a cabo este estudio se han analizado un total de 272 centros sociosanitarios de toda España con representación en todas las CC.AA. La muestra contaba con un 25,3% de centros públicos y un 74,3% privados o concertados; asimismo, también se han analizado centros de todos los tamaños, que van desde los pequeños con 25 residentes hasta los más grandes, que cuentan con más de 100 residentes.
