El 75% de las personas con discapacidad física y orgánica no recibe los servicios sanitarios y sociales que necesita, ni de forma frecuente ni continua, una situación aún más grave en el caso de las mujeres con discapacidad (80%). Así lo determina el Estudio sobre los factores condicionantes de la coordinación sociosanitaria para la autonomía personal de las personas con discapacidad física y orgánica en España, realizado por la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE).
Este informe ha contado con una subvención procedente del 0,7 del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, así como la participación de más de 800 personas con discapacidad física y orgánica, personal gestor, profesionales de la sanidad pública y servicios sociales, y diferentes expertos.
Se presentó el pasado miércoles 18 de octubre durante la Jornada sobre discapacidad orgánica: hacia un enfoque integrador para el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad física y orgánica, organizada por la entidad en colaboración con el Real Patronato sobre Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Alejandro Fernández, responsable del Área de Cohesión Social y Coordinación Sociosanitaria de COCEMFE, explicó durante la misma que "con este estudio, desde COCEMFE planteamos la coordinación sociosanitaria como una propuesta orientada a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad física y orgánica, con un abordaje estructural".
Este estudio de investigación ha revelado las actuales "carencias" que existen en los servicios públicos, las cuales obligan a la mayoría de las personas con discapacidad a "recurrir a servicios privados para poder disponer de los servicios, tratamientos o productos que necesitan", señalan desde la entidad en una nota.
Esto provoca, a su vez, unos "sobrecostes mensuales para el 81,6% de las personas de este grupo social superior a los 50 euros mensuales (entre 50 y 200 euros para el 44% de las personas encuestadas y de más de 200 euros para el 37,3%)", aseguran.
Falta de comunicación
Según refleja el estudio, la escasa comunicación entre el sistema social y sanitario (62%), la falta de historial compartido (49%) y de sistemas tecnológicos (46%) son algunas de las dificultades que más destacan los profesionales sanitarios y sociales.
De hecho, según afirman los y las profesionales en el informe, solo en el 35,2% de los casos se presta a las personas con discapacidad una atención de calidad, mientras que el 34% aseguraba no haber visto coordinación entre los profesionales sanitarios y sociales que los atendieron.
Además, "el 51,9% nunca han contado con una persona de referencia para resolver sus dudas, el 38% no ha podido agrupar las citas en un mismo día y horarios y para el 29,3% su historial personal es desconocido cuando acceden a nuevos servicios", señalan.
Ante esto, Fernández explicaba que "aunque se trata de una cuestión universal, en el caso de las personas con discapacidad física y orgánica es especialmente importante que los recursos sociales y sanitarios estén coordinados y que garanticen atenciones flexibles y centradas en las personas".
Limitaciones en su participación
Con todo, las personas con discapacidad ven limitadas su participación en diferentes ámbitos. En concreto, un 78,5% dice no contar con acceso en igualdad de condiciones al trabajo o la formación, el 75% no tiene acceso a actividades de ocio, el 74% no disfruta de conciliación en el ámbito laboral o educativo, el 67% afirma tener poca satisfacción en la vida sexual, el 55% destaca la inadecuación de la vivienda y el 50% la dificultad para tomar decisiones y llevarlas a cabo.
Ante los resultados observados, desde COEMFE piden "reducir la demora en la atención, mejorar el acceso a la información sobre los recursos y servicios, una mayor coordinación entre profesionales y servicios dentro y entre el sistema social y el sanitario, así como una mejora de la accesibilidad de los servicios sociales y sanitarios en un sentido amplio y mayor desarrollo y despliegue de servicios clave para la autonomía personal de las personas con discapacidad".
"La coordinación sociosanitaria va de derechos e igualdad de oportunidades", concluía Fernández.