Más de medio centenar de personas, la gran mayoría de ellos familiares y algunos trabajadores de centros residenciales de la Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid), asistieron el pasado jueves a la primera asamblea de la Marea de Residencias o "Marea Plateada", como algunos tienen pensado llamarla en referencia a las canas.
El objetivo de esta reunión no era sólo compartir experiencias sobre el "maltrato institucional" que sufren muchos mayores residentes de la Comunidad, sino también unir fuerzas para "lograr concretar una movilización" para que el Gobierno autonómico tome, de una vez, cartas en el asunto. Y es que, según los asistentes, ya "han hecho de todo" para intentar revertir esta situación: han denunciado los casos al Defensor del Pueblo, a la Policía, a los medios, pero, al final, no se ha logrado un cambio sustancial.
Por ello, la primera decisión de la Marea de Residencias ha sido convocar, para el próximo sábado 23 de noviembre, una manifestación para exigir a la Comunidad, entre otras medidas, que aplique la Atención Centrada en las Personas en las residencias y que aumente las ratios de personal, "que ni siquiera se cumplen en las concertadas y privadas", afirmó una de las asistentes a la asamblea. Asimismo, proponen que todos estos cambios estén contemplados en una nueva "Ley de Residencias". Actualmente, están trabajando en un manifiesto común que contenga todas sus reivindicaciones.
Se sella la unión entre familiares y trabajadores de las residencias
"Tenemos que ser valientes, estar unidos y quejarnos" fue una de las expresiones que más se repitió en la reunión. De esta manera, en la asamblea, que duró unas dos horas, hubo tiempo tanto para relatos de hijos que narraban cómo maltrataban a sus padres en las residencias, como para proclamas a favor de la unión de trabajadores y familiares, así como para reproches a las empresas y Comunidad por la mala gestión de los centros.
Además, algunos trabajadores de residencias públicas defendieron que se debía exigir una mayor "formación" a las auxiliares. "No se puede meter a trabajar a cualquiera", aseguró una gerocultora. A lo que otra asistente replicó que, en todo caso, esto era un problema de las empresas gestoras de los centros y no de los trabajadores. "Ahora tenemos un modelo hostelero y tenemos que pasar a uno sociosanitario", apuntó otro de los asistentes.
De igual manera, aunque hubo ciertos roces entre algunas auxiliares y familiares en relación con "los malos tratos" por parte de algunos trabajadores, como en el caso de los Nogales, el ambiente que se respiraba en la asamblea era, en general, de unidad y fraternidad entre ambos colectivos. Es más, los gerocultores presentes recibieron repetitivos aplausos por parte de las familias por su valentía y coraje al haberse sumado a la lucha. "Aquí el maltrato es institucional. En todas partes hay garbanzos negros", señalaba uno de los asistentes.
Finalmente, en el acto hubo también un intento de acercamiento entre la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (@pensionazo_no) y la Marea de Residencias para unir fuerzas y que ambos puedan dar a conocer la lucha de cada colectivo en sus respectivas movilizaciones, ya que, afirman, tienen "problemas comunes".
Los organizadores
Cabe destacar también que uno de los impulsores de esta iniciativa, junto a los familiares de la Asociación pro Defensa de los Mayores de la Residencia del Parque de los Frailes (@AdemafF), la Plataforma de familiares de la Residencia de Mayores de Alcorcón, el sindicato de enfermeros MATS (@matsmadrid) y la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (@pladigmare), entre otras, es el exdiputado de la Asamblea de Madrid por Unidas Podemos, Raúl Camargo.
El exparlamentario, que abandonó la formación morada hace unos meses, fue uno de los impulsores del proyecto de Ley de Residencias para la Comunidad de Madrid que en la pasada legislatura fue rechazada por Ciudadanos y el Partido Popular, con la abstención del Partido Socialista. Así, en el texto que se rechazó, se incluía un aumento de las ratios de trabajadores, algo que generó, según Camargo, una oposición frontal por parte de la patronal de las residencias que veía disminuir sus beneficios, e hizo que el proyecto no saliese adelante.